Barcelona forzará a las promotoras inmobiliarias a destinar un 30% de los pisos a uso social
Todas las nuevas promociones inmobiliarias en Barcelona deberán destinar un 30% de las viviendas a uso social. El Ayuntamiento ha dado este lunes el primer paso, en forma de aprobación inicial, para modificar el Plan General Metropolitano (PGM) de forma que incorpore esta condición a la hora de validar todas las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de edificios de la ciudad. La medida se ha aprobado con los votos de Barcelona en Comú, CUP, ERC y PSC. Socialistas y republicanos se han sumado a última hora al conseguir que no se aplique de forma inmediata.
Con la modificación del PGM, que entrará en vigor previsiblemente en septiembre, el consistorio establece que todas las nuevas edificaciones de más de 600 metros cuadrados, así como las grandes rehabilitaciones que conlleven una intervención global en la estructura del edificio, deberán destinar una de cada tres viviendas a protección oficial. Con esta medida, que estaba impulsada inicialmente por la PAH y el Sindicato de Inquilinos, el consistorio calcula que ganará cada año entre 300 y 400 pisos a precio asequible.
Para conseguir sacarla adelante, el gobierno de Ada Colau ha tenido que ceder en algunos aspectos a lo que le pedía la oposición, muy reacia al principio a aprobar una medida que advertían que podía paralizar el sector de la construcción, en la línea de lo que denunciaban los propios promotores de la ciudad. ERC y PSC no discrepaban del grueso del plan, sino básicamente de la fórmula de aplicación inmediata con la que Colau quería llevarla a cabo.
En el texto inicial se preveía que a partir de este mismo martes ya se exigiera a los promotores cumplir con la cuota social del 30%, aun cuando el trámite de la modificación legislativa no iba a estar listo hasta septiembre, cuando se tiene que votar en el plenario. La razón para hacerlo así, según el consistorio, era evitar que entre la aprobación inicial y la definitiva no se produjera una alud de solicitudes para esquivar la nueva norma.
Al final, Colau y las entidades han concedido a ERC y PSC que la exigencia del cumplimiento de la norma sea a partir de su entrada en vigor definitiva, en septiembre. Ambas formaciones alegaban que si no se podía paralizar el sector y generar “inseguridad jurídica”.
Al conocerse el acuerdo entre los partidos, las entidades sociales (PAH, Sindicato de Inquilinos y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona) han convocado una rueda de prensa a las puertas del consistorio para celebrar la noticia. A ella han acudido la propia Colau y los grupos que finalmente la aprobarán.
Esta aprobación supone un impulso a la política de ampliación de la vivienda a precio asequible de la ciudad, uno de los caballos de batalla de Colau, que tiene previsto acabar el mandato con 1.500 nuevas unidades en el parque público. Hasta ahora, el gobierno municipal ha recurrido a vías como la compra, la construcción o incluso los pisos prefabricados para incrementar el porcentaje de vivienda pública en la ciudad, que no llega al 2%.
Otro de los beneficios que defiende el Ayuntamiento es que los pisos de protección oficial estarán más repartidos por la ciudad y no concentrados en los mismos barrios. Esto plantearía la duda de si viviendas de lujo también deberían entrar en este porcentaje. Según fuentes del consistorio, en casos en los que los pisos queden fuera de la tipología de un piso de protección oficial, el promotor deberá negociar con el consistorio destinar el equivalente en inmuebles del mismo barrio.
De los promotores dependerá si gestionan ellos estos pisos protegidos o si los venden al consistorio, que tendrá derecho de tanteo y retracto.
Quedarán fuera de la aplicación de la normativa todas aquellas adquisiciones de suelo que se hayan realizado entre el 1 de junio de 2016 y la fecha de la aprobación definitiva. Los que lo hayan hecho antes y después de este período sí estarán sometidas a la medida, puesto que el Ayuntamiento entiende que esas promociones no dejarán de ser rentables por la subida del precio del suelo en los últimos años.
