Barcelona en Comú ha anunciado una propuesta para regular los alquileres de temporada, una fórmula que ha crecido en la capital catalana durante los últimos años. Se trata de viviendas que se alquilan por un periodo de entre 32 días y 11 meses, normalmente a personas extranjeras, por un precio muy superior al de la media de la zona.
La propuesta del gobierno de la alcaldesa se basa en prohibir los alquileres de temporada en los 26 barrios (de 73) más tensionados de la ciudad. Son barrios comprendidos en las zonas 1 y 2 del PEUAT (Plan Especial de Alojamientos Turísticos), como Ciutat Vella, Poblenou, Sagrada Familia o Gràcia.
Según la concejala de Urbanismo, Janet Sanz, esto se podría realizar con competencias municipales a partir de la modificación del Plan General Metropolitano y la creación de un Plan de Usos que delimite qué barrios serán los afectados. “No puede ser que los alquileres de temporada sean el atajo de las viviendas de lujo”, ha asegurado Colau.
La propuesta de los comunes se basa en definir, por primera vez, qué significa “vivienda habitual”, de tal manera que se podrá poner coto a aquellos alquileres que opten por la vía temporal para evitar realizar contratos de cinco o siete años. Y, una vez hecho esto, se echará mano del Plan de Usos para asegurar que “no haya ni uno” en los barrios más tensionados.
Una “brecha” en la Ley de Vivienda
La concejala de Urbanismo ha asegurado que hay una “brecha importantísima que deja un agujero para el alquiler de temporada”. Con estas palabras se refiere a la Ley de Vivienda, aprobada en el Congreso y que se prevé que entre en vigor antes de las elecciones de este 28 de mayo. El texto no regula ni este tipo de arrendamientos ni los pisos turísticos.
De hecho, durante los meses previos a la aprobación de la ley, y ante el temor de que la legislación pusiera límites a los precios del alquiler de viviendas habituales, hubo un incremento significativo de propietarios que se decantaron por el alquiler de temporada.
A pesar de eso, la ley se aprobó sin ninguna regulación específica para este tipo de arrendamientos, aunque sí incluye una disposición adicional que da un plazo de seis meses para constituir “un grupo de trabajo para avanzar en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto al de vivienda”. Según el Gobierno, esta fórmula garantizará que esta figura se use “en fraude de ley”.
Se requiere consenso político
Para poder realizar estas modificaciones, los comunes requerirían de mayoría en el pleno municipal. Según el carrusel de declaraciones durante la campaña electoral, parecería que todos los grupos estarían de acuerdo en regular el alquiler de temporada, aunque ningún partido ha especificado de qué manera.
El único que menciona este tipo de arrendamiento en su programa electoral es Barcelona en Comú, que propone crear una Unidad contra la Especulación y Acoso Inmobiliario. Se trata de un grupo de trabajo que, entre otras cosas, intervendrá contra los propietarios que perpetren racismo inmobiliario, tengan pisos vacíos o realicen alquileres de temporada “fraudulentos”.
El resto de candidatos sólo se han posicionado sobre el tema de palabra. De hecho, fue uno de los asuntos que se trató, aunque de manera breve, en el primer debate electoral, organizado por El País y La Ser. En él, Colau abrió el melón, considerando que era un “error” que esta figura no esté recogida en la Ley de Vivienda y que era “urgente” regularla.
La alcaldesa contó con el apoyo de Xavier Trias, quien aseguró que el incremento de alquileres temporales “supondrá un aumento importantísimo del precio del alquiler”. Aún así, el candidato de Junts no propuso ninguna medida para evitar este escenario.
Ernest Maragall (ERC), aseguró que la responsabilidad de que no suceda es de los partidos que gobiernen. Pero tampoco dio ninguna propuesta. Por su parte, Jaume Collboni (PSC), sólo instó a la alcaldesa a buscar “la parte positiva de la ley”.
Una modalidad en auge
En 2015, cuando Ada Colau llegó a la alcaldía de Barcelona, aprobó una moratoria hotelera. De entrada, entre 35 y 38 solicitudes de licencia que estaban sobre la mesa quedaron paralizadas. Pero una investigación de elDiario.es permitió constatar que esos edificios no acabaron dedicándose a alquiler para vecinos de la ciudad, sino que la mayoría se convirtieron en viviendas de lujo o apartamentos de alquiler temporal.
Al menos dos de estos edificios acabaron apostando por esta fórmula, poniendo en el mercado apartamentos de entre 40 y 95 metros cuadrados a precios que oscilan entre los 4.000 y los 5.700 euros al mes.
Fuentes del mercado inmobiliario reconocieron que el cliente que se persigue con estos alquileres son “extranjeros”: “Ejecutivos que vienen para la Copa América, nómadas digitales o directivos”. Esta figura de arrendamiento es calificada por el Ayuntamiento como “el truco” del mercado para “seguir enriqueciéndose” y evitar las regulaciones del consistorio.
“Cuando se regularon los equipamientos turísticos, invirtieron en oficinas y luego en viviendas de temporada, ya sean de alquiler o residencias de estudiantes”, explicó Sanz a elDiario.es