El caso de la capitán Zaida Cantera, ahora comandante Cantera, exponía como la ley militar dificultaba e incluso impedía la tarea de denunciar a un superior ya que la denuncia debía pasar antes por este superior.
La entonces capitán Cantera consiguió que el Tribunal Militar Central, en una sentencia dictada el 8 de marzo de 2012, condenase al entonces coronel Lezcano-Mújica a pasar dos años y diez meses en prisión por un delito de “abuso de autoridad ” con “trato degradante”, ya que por aquel entonces el acoso sexual ni siquiera estaba tipificado en el Código Penal Militar.
El pasado 28 de mayo conocíamos la resolución de su caso: la comandante, que el año pasado había pedido la baja en el Ejército de Tierra después de haber sido víctima de acoso sexual y laboral por parte del teniente-coronel Lezcano-Mújica, ha recibido la baja definitiva, firmada por la subsecretaria de Defensa Irene Domínguez-Alcahud; hecho que le autorizará a recibir una pensión máxima de 2500 euros brutos cuando abandone el ejército.
El caso de la comandante Cantera no es, por desgracia, un caso aislado. El abogado de la comandante, Antonio Suárez-Valdés, reconoció ante la prensa que su gabinete recibe cada año más de 200 denuncias sobre casos parecidos al de Zaida, de estos, la mitad se desestiman por “falta de carácter delictivo de los hechos”, y del 50% restante sólo el 10% continua con el proceso y llevan su caso ante la justicia.
Suárez-Valdés reconoció que en muchos de estos casos pesa entre las víctimas de acoso y violencia sexual un “miedo insuperable” que les impide, muy a menudo bajo coerción e incluso acoso laboral como fue el caso de la comandante Cantera, denunciar por temer represalias; y en el caso de las militares de rangos inferiores, por temor a no renovar el contrato si denuncian lo ocurrido: “Si el mando le pone una calificación negativa, o se pone de acuerdo con otros dos o tres de su camarilla para informar negativamente, esa soldado a los pocos meses no tiene trabajo”, explicó. Es decir, se da una paradoja en que las víctimas son culpabilizadas y deben pagar unas consecuencias terribles de acoso laboral y coerción que se suman a la ya traumática experiencia de acoso o violencia sexual, con las consecuentes graves secuelas para su salud psicológica.
En el año 2002 trascendió a la prensa el caso de la soldado Dolores Ocaña, la primera soldado que denunció a un superior por violencia sexual, Ocaña en un principio no quiso denunciar la totalidad de la agresión ya que recibió amenazas por parte del oficial que la agredió para que no lo hiciese.
En aquel momento, en el año 2002, solamente tres denuncias de este tipo de delitos habían trascendido. Desde la oficina del “Defensor del soldado” se dijo entonces que ellos tenían constancia de al menos 20 casos parecidos que les habían facilitado las víctimas en los últimos tres años. De nuevo, advirtieron que la mayoría de estas soldados se negó a efectuar denuncias formales por temor a las represalias. Entre aquellas pocas soldados que se atrevieron a denunciar los hechos, abundaban los casos en que sus superiores ocultaron el caso e impidieron la continuación del proceso judicial castrense “a cambio” de asegurarles su renovación o bien sencillamente, ejercieron sobre ellas acoso laboral para que no continuasen con su denuncia. La mayoría de estas militares terminan por abandonar el ejército, siendo la razón en muchos casos el no pasar las pruebas psicotécnicas por las secuelas psicológicas.
De ahí la importancia de establecer un protocolo de actuación para estos casos, similar al que ya existe en la Guardia civil, tal i como piden la comandante Cantera y su abogado.
El problema es que no se dispone de cifras oficiales de los delitos de acoso y violencia sexual que ocurren en el ejército español, a pesar de eso, y viendo el grave problema que suponen estos delitos en otros ejércitos occidentales, nada hace pensar que el ejército español, en el que la incorporación de las mujeres es una realidad desde 1988, deba ser una excepción.
Existe un organismo cuyo objetivo es velar por la integración de las mujeres en las fuerzas armadas: el “Observatorio militar por la igualdad” que nació en 2005 bajo el nombre “Observatorio de la mujer en las fuerzas armadas”. Sin embargo, este organismo nunca ha hecho públicos datos sobre denuncias por acoso y violencia sexual en el ejército. En lugar de exponer los problemas y dificultades con los que debe lidiar la mujer en el ejército, los datos que hace públicos este organismo parecen ser únicamente aquellos que puedan ayudar a reclutar a nuevas militares.
Sabemos que el acoso y la violencia sexual es una realidad en el ejército pero la cifra total de casos resulta muy difícil de cuantificar por la opacidad e impunidad que envuelven estos delitos.
En aquellos países en que sí se han hecho públicos datos al respecto, las cifras, expuestas en el libro “Militarismo en España: balance del ciclo armamentista español hasta 2007” de Pere Ortega y Arcadi Oliveres (Iacaria Editorial) son preocupantes : un estudio del año 2000, revelaba que en el ejército belga el 92,5% de las militares habían sido objeto de acoso sexual, el 36% habían sido víctimas de tocamientos indeseados y un 1,3% de violación; y el 50% de la mujeres de la RAF británica han sido víctimas de algún tipo de acoso sexual. La magnitud y gravedad del problema en el ejército norte-americano, también ha sido denunciada por el premiado documental La guerra invisible de Kirby Dick.
Además, el acoso sexual no era un delito tipificado como tal por el Código penal militar y los pocos datos de los que disponemos provienen de sentencias de la jurisdicción militar, i en esta sólo se tratan “los casos en que existe una relación de jerarquía” (Atlas del militarismo en España 2009, Centro de estudios por la Paz JM Delàs, Icaria Editorial), hecho que, es de suponer, excluye a la multitud de casos de acoso y violencia sexual que se producen entre militares de un mismo rango.
Del mismo modo, conviene tener presente que en el caso de la comandante Cantera, ella era una capitán. Las dificultades con las que topan las soldados para denunciar casos parecidos deben de ser aún mayores.
El nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, ley orgánica 4/2012, aprobada el 5 de diciembre de 2014, tipifica como faltas especialmente graves “aquellas que afecten a la libertad sexual de las personas, implicando tanto acoso sexual y por razón de sexo como profesional, y atenten contra la intimidad, la dignidad personal o en el trabajo, o supongan discriminación”, hecho que ya es un avance si tenemos en cuenta que el acoso sexual también se convertirá en un delito tipificado en el nuevo código penal militar, el proyecto de ley del cual se aprobó el 5 de septiembre de 2014.
Sin embargo esta supuesta igualdad formal, en el papel, no se traduce en una igualdad real en el ejército.
Debemos exigir al Ministerio de defensa que haga públicos los datos sobre el número de denuncias y casos de acoso y violencia sexual en el ejército y que se establezca también, un protocolo de actuación en estos casos que termine con la opacidad y la impunidad de estos delitos en las fuerzas armadas y refleje la magnitud del problema ante la opinión pública.
