Este verano ha aparecido un nuevo informe de NOVACT sobre empresas militares privadas en Irak, Palestina y Colombia. Uno de los aspectos que se aborda, el de las normativas que regulan la actividad de dichas empresas, es particularmente interesante. Presentamos una síntesis en una serie de tres artículos, cada uno de ellos correspondiente a uno de los tres países. En este caso el de Colombia.
El PIB de Colombia depende en gran medida de sus recursos naturales (petróleo, oro, esmeraldas, carbón, etc.), que se concentran en zonas rurales donde las fuerzas armadas colombianas han tenido poco control y donde actores armados no estatales (sobre todo la guerrilla FARC) han impedido o regulado la explotación de los recursos naturales. Durante los últimos veinte años, la Administración colombiana ha impulsado la inversión extranjera, sobre todo en los sectores de la energía, fruta y minería. La actuación de transnacionales extractivas en las zonas rurales provocó la respuesta de la guerrilla en forma de sabotaje de oleoductos, secuestros, etc. Las fuerzas armadas colombianas no tenían la capacidad de garantizar la seguridad ni de los terratenientes locales ni de las empresas y tanto los unos como los otros optaron por soluciones de seguridad alternativas, siguiendo una estrategia doble: por una parte, establecieron alianzas con paramilitares de extrema derecha y por otro alquilaron servicios privados de seguridad. Este contexto favoreció la expansión tanto de grupos paramilitares de extrema derecha como de EPMS. Una investigación de 1998 reveló que BP contrató EPMS para proteger instalaciones y oleoductos. Una de estas empresas, la israelí Silver Shadows, equipó y entrenó grupos paramilitares vinculados a la 14ª brigada del ejército de Colombia, un cuerpo con el peor historial de violación de derechos humanos en la guerra sucia en Colombia. En los sectores del carbón, esmeraldas, oro, petróleo y fruta han sido habituales los escándalos que vinculan los contratistas privados, los grupos paramilitares de extrema derecha y las empresas extractivas.
A partir de mediados de los años 90 aparecieron empresas que ofrecían seguridad privada. El período de expansión de estas empresas (primera década del siglo actual) coincidió con el gobierno de derechas de Alvaro Uribe. Un período con numerosos escándalos donde estaban involucrados empresas transnacionales, grupos paramilitares y contratistas privados de seguridad. La situación se agravó con el llamado Plan Colombia (2000), a través del cual EEUU pretendía combatir a los grupos guerrilleros de extrema izquierda y los cárteles del narcotráfico y que implicó la contratación de EPMS norteamericanas. Más del 70% de los fondos asignados se destinaron a objetivos militares y la mayoría terminó en los bolsillos de las EPMS y de los fabricantes de armas estadounidenses. Los estudios indican que la iniciativa del Plan Colombia favoreció enormemente los contratistas militares privados y allanó el camino para la privatización de la guerra en el país. Bajo el Plan Colombia, el conflicto armado vivió una avalancha sin precedentes de EPMS trabajando en el territorio y la guerra contra el narcotráfico se militarizó radicalmente.
El primer intento de regulación de las EPMS fue el Decreto 356 del año 1994, que instituía la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privadas como el ente gubernamental encargado de controlar las EPMS, de definir el alcance de las funciones, de limitar la libertad de operación y otorgar o anular las licencias. Los resultados, deficientes: los mecanismos de supervisión y control son extremadamente pobres; las regulaciones sobre el uso de armas insuficientes. Se han hecho otros intentos legislativos para regular las actividades de las EPMS. El último, en abril de 2015: en el Senado se debatió un potencial estatuto que las regule y que está pendiente de aprobación. Por ahora, el marco legislativo presenta deficiencias graves, concretamente porque las EPMS tienen competencia para trabajar en Colombia a través de acuerdos militares bilaterales. El Plan Colombia es un ejemplo. Una de las razones fundamentales por las que la legislación sobre EPMS permanece profundamente ineficiente es precisamente el hecho de que un importante número de estas empresas llega legalmente bajo acuerdos militares bilaterales y goza de absoluta impunidad. Durante los últimos cincuenta años, las administraciones colombiana y norteamericana han firmado muchos acuerdos bilaterales que otorgan inmunidad a los ciudadanos norteamericanos respecto a la jurisdicción de los tribunales colombianos. Uno de estos acuerdos, en 1962, concedía directamente privilegios e impunidad al personal de EEUU implicado en misiones especiales en Colombia. El último acuerdo (2003), ratificado durante las Administraciones de Uribe y Bush, completa y amplía la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses y los contratistas de seguridad que trabajen en Colombia, respecto al sistema judicial internacional. En tanto no se deroguen estos acuerdos con EEUU, ningún esfuerzo regulatorio local será realmente eficaz.
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