Anonymous ha filtrado más documentos que muestran seguimiento de activistas en las redes sociales y que provendrían del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat), organismo que depende de la Generalitat de Catalunya. A diferencia de las filtraciones anteriores, que mostraban seguimiento de actividad en la red vinculada a eventos concretos, en la nueva filtración destacan un informe de siete páginas sobre el periodista Jordi Borràs y una referencia a un informe de investigación sobre el perfil de Twitter @Culebrae. Además, incluye un documento donde la empresa TB Security (ahora Incita Security) cifra en 9.064 euros (IVA no incluido) el coste de los operativos de seguimiento del mes de mayo del 2012.
Este documento habla de cuatro operativos de seguimiento, vinculados a las manifestaciones del 1 de mayo, la cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona, ​​el 12M15M –las convocatorias que se hicieron alrededor del primer aniversario del 15-M– y un operativo llamado “GECO: Colaboración ciudadana”, que haría referencia a la polémica web de delaciones impulsada por los Mossos, que buscaba identificar manifestantes de la huelga general del 29 de marzo del 2012 haciendo públicas sus fotos.
A diferencia de los otros operativos, para los cuales se han hecho público la mayor parte de los informes hechos hasta mayo, Anonymous no ha filtrado ninguno de los 32 informes de seguimiento del operativo GECO elaborados entre el 24 de abril, cuando se presentó la web de delaciones, hasta el 8 de mayo del 2012. Además de estos cuatro operativos, la última filtración incluye también un documento de junio relacionado con la campaña Aturem Eurovegas.
Diferentes abogados ya han denunciado que la legislación de protección de datos prohíbe elaborar ficheros donde se clasifique a las personas según su ideología. Desde el Bufet Almeida, despacho de abogados especializados en internet y una de las víctimas del seguimiento, aseguran que el hecho de haber dedicado recursos públicos podría implicar, además, un delito de malversación de fondos.
El Cesicat ha optado por mantener el silencio respecto a los documentos. Sin embargo, Dropbox ha retirado los archivos de sus servidores en base a una reclamación de derechos de autor del organismo. La Conselleria de Empresa y Empleo, responsable del centro, ha negado la autoría de los informes y el portavoz del Govern Francesc Homs se limitó a decir que “no le consta absolutamente nada” sobre este caso. Ante una llamada del fotógrafo Jordi Borràs, el jefe de seguridad corporativa del Cesicat no quiso ni confirmar ni desmentir la autoría de los informes y le dijo que el lunes se pondrá en contacto con él un responsable jurídico.
Un fotoperiodista vigilado y amenazado
El fotoperiodista Jordi Borràs cubre habitualmente las manifestaciones en Barcelona y recientemente ha publicado el libro Warcelona, una historia de violencia, plagado de imágenes de violencia policial. Hace dos semanas el fotógrafo tuvo que suspender las presentaciones de su libro ante amenazas de grupos de extrema derecha.
Borràs protagoniza un informe de siete páginas que, según se dice en el encabezamiento, se hace con motivo de sus fotografias y tweets sobre Mossos d'Esquadra de paisano. El texto, además de varias fotos suyas en actuaciones de los Mossos, recoge sus datos de contacto, su afiliación a asociaciones profesionales, su formación, la marca de su cámara y una larga lista de sus clientes, entre las que se destacan cuatro en negrita: los medios de comunicación alternativa Diagonal y Directa y los sindicatos UGT y CGT.
“Deseo y espero que algún miembro del Govern se digne a dar la cara, porque tengo un informe que dice claramente que va dirigido al Cuerpo de Mossos d'Esquadra (CME), donde sale incluso la dirección de mi casa”, dice Borràs. De momento el fotoperiodista ya ha puesto una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos contra el Cesicat por infringir varios artículos de la ley orgánica de protección de datos y contra los responsables de la difusión pública de estas informaciones.
El abogado Carlos Sánchez Almeida, del Bufete Almeida, asegura que “hacer una ficha con el nombre, dirección, teléfonos, contactos, nivel educativo o su cámara es tratamiento automatizado de datos de carácter personal”, y que hacerlo sin autorización es un delito, aunque las informaciones sean públicas. “Eso mismo le costó sesenta millones de pesetas (360.607 euros) a la Asociación contra la Tortura, que recogió datos públicos sobre policías, políticos y funcionarios de prisiones”, explica Sánchez Almeida.
Otros posibles informes personales
Borràs está convencido de que “deben haber muchos más informes, de periodistas, activistas, y seguramente algún diputado”. Eso mismo invitan a pensar también los documentos filtrados, que en un informe previo al seguimiento del 1 de mayo hacían alusión a un informe de investigación pendiente sobre el perfil @Culebrae en las redes sociales.
Culebrae, que se mantiene en el anonimato, asegura a este diario que “esto es una práctica habitual” y que “también hay otra división que pincha teléfonos, hace fotografías y persigue a la gente”. “Muchos activistas estamos habituados a ello, no es ninguna sorpresa, sino que forma parte de descubrir cómo funciona esta democracia, sin libertades reales, donde nos tratan como enemigos, no como ciudadanos, o gente cabreada”, dice.
El activista explica que considera esta cuenta de Twitter “un avatar o un heterónimo, un modo de manifestarme políticamente, que no tiene porque mostrar al 100% mis opiniones”. No obstante, asegura que si aparece algún dato personal que involucre la cuenta con una persona sí se planteará emprender acciones legales.