Tras los indultos a los líderes independentistas que estaban en prisión, las actuaciones del Tribunal de Cuentas centran ahora la atención del Govern catalán y el conjunto del soberanismo. Coincidiendo con el avance de los procedimientos de este organismo administrativo contra una cuarentena de excargos públicos catalanes, a quienes les reclama hasta 10 millones de euros, el president de la Generalitat Pere Aragonès reclamó este viernes al Gobierno que frene las actuaciones del Tribunal de Cuentas que en su opinión están “llenas de irregularidades”.
El organismo “amenaza con la ruina económica y la muerte civil de decenas de personas”, denunció Aragonès, tras destacar que el Tribunal de Cuentas es una institución “politizada”, controlado por personas “próximas al PP” y “altamente ideologizado”. En palabras del jefe del Govern, este organismo pretende continuar la “represión” que se ha paralizado en otros ámbitos y hacerlo “más allá de sus funciones”.
Aragonès además respondió al ministro de Transportes, José Luís Ábalos, que este mismo viernes había asegurado que las actuaciones del Tribunal de Cuentas “ponen piedras” en el camino del diálogo, por lo que hacía falta “desempedrarlo”. El líder de ERC ha indicado que el Gobierno dispone de “mecanismos claros” para hacer que el Tribunal de Cuentas vuelva a actuar “de acuerdo con lo que permite hacer la normativa, que no es lo que está haciendo en estos momentos en contra de decenas de personas ”.
El Tribunal de Cuentas tiene abiertos en estos momentos dos principales procedimientos contra excargos públicos catalanes. uno en relación con la acción exterior del Govern y otro respecto a los gastos del 1-O, más avanzado. El primero de ellos es el más polémico, ya que el Tribunal interpreta que buena parte de los gastos exteriores del Govern desde el año 2011 se realizaron para promocionar la independencia y, además, que esto sería una desviación ilícita de fondos públicos. De esta forma, implica a cargos que habían dejado el Govern en la legislatura de Carles Puigdemont, como el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell, quien se ha convertido en una de las caras públicas de la protesta contra estas actuaciones.
Esta misma semana un grupo de economistas de renombre internacional, con 33 premios Nobel de Economía y otros 20 destacados académicos, publicó un artículo conjunto en diario El País para mostrar su apoyo a Mas-Colell, quien además de exconseller catalán es un prestigioso profesor de economía. “Estamos profundamente preocupados por las noticias y la situación el profesor Andreu Mas-Collel, uno de los economistas españoles más conocidos y respetados, en el actual procedimiento del Tribunal de Cuentas”, afirmaban los académicos, que reclamaban el fin de las actuaciones contra el exconseller.
Pese a la presión de la opinión pública, el Tribunal de Cuentas ha rechazado dar carpetazo a la instrucción y continúa adelante con la citación para el próximo 29 de junio a la cuarentena de cargos investigados, entre los que figuran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont. En esta vista, el organismo de control deberá comunicar la cuantía que considera que presuntamente destinaron al procés las delegaciones catalanas en el exterior y el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat.
Precisamente el próximo martes 29 de junio tendrá lugar el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sànchez, y Aragonès, en el marco de la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos. Esta cita es la antesala de la reactivación de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el catalán, aunque el próximo martes también se abordarán las diferentes cuestiones que preocupan a ambos gobiernos, centradas en el conflicto catalán y las causas pendientes por varios líderes independentistas. En este momento altos cargos del Govern continuan a la espera de juicio por su presunta participación en el 1-O, muchos de los cuales están también implicados los procedimientos en el Tribunal de Cuentas.