Treinta y cuatro años después...

Difícilmente pensarían quienes redactaron y aprobaron la Constitución española hace 34 años que sería un ministro de Educación quien pondría una carga de gran profundidad contra la convivencia que se quería regular e impulsar con la Carta Magna. El artículo 3 de la Constitución dice textualmente: “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”(Subrayado personal).

La propuesta de nueva ley de educación (LOMCE) del ministro Wert va justamente en contra del último punto: ni hace de las lenguas cooficiales un “objeto de especial respeto y protección” ni las considera “patrimonio cultural”. Va más bien en la dirección contraria. De hecho, relega a las lenguas cooficiales a un estatus de cuarta categoría, desde el momento en que clasifica materias y pone las lenguas cooficiales a un nivel de segundas lenguas extranjeras. Por lo tanto, rompe el significado y el valor implícito que habíamos dado hasta ahora al concepto “lengua cooficial”: equivalente a considerar castellano y catalán (o vasco o gallego) iguales y con los mismos derechos. (Aunque los sociolingüistas han advertido desde siempre que considerar igual en la escuela lo que es tan desigual en la sociedad es una trampa que termina marginando el elemento más débil, en este caso la lengua propia o territorial: catalán, gallego, vasco, occitano en Arán ...).

Hasta ahora los modelos educativos de las comunidades autónomas con lengua propia, cooficial con el castellano, tendían a un equilibrio dinámico, pero siempre basado en un lema acuñado en Cataluña a principios de la democracia: al acabar la enseñanza obligatoria los chicos y chicas han de dominar de manera equivalente las dos lenguas cooficiales, independientemente de cuál sea su lengua familiar.

En Cataluña este objetivo se ha alcanzado gracias a un sistema muy eficaz: la enseñanza sólo en catalán los primeros años de la escolaridad, la enseñanza en catalán de todos los contenidos no lingüísticos a lo largo de la escolaridad obligatoria (catalán como lengua vehicular) y una especial sensibilidad y respeto hacia las lenguas familiares (que en el año 1978 eran catalán y castellano, pero que hoy son más de 260 lenguas). Este sistema, que es una adaptación de la inmersión originaria de Quebec y otros sistemas de gestión de la diversidad lingüística en la escuela, ha dado muy buenos resultados, tal como acreditan todos los datos y todos los exámenes de que disponemos. Además cuenta con el apoyo de más del 99% de las familias que escolarizan a sus hijos en escuelas catalanas de todo tipo (púbicas, concertadas y privadas). Sólo una minoría, generalmente formada por funcionarios, tan exigua como eficaz en la tergiversación de la realidad, se ha empeñado en negar los beneficios de este modelo de escuela. Incluso la UE lo ha reconocido como “modelo de éxito”.

Contra este sistema es contra lo que ha perpetrado su ataque el ministro Wert. Un sistema que ha funcionado más de treinta años con una gran eficacia educativa y social, porque no sólo ha permitido obtener buenos resultados escolares (véanse los resultados de las últimas pruebas PISA de 2009), sino que sobre todo ha evitado la fractura social por razones de lengua. Y es que en el fondo de nuestro sistema hay una visión social determinada e inequívoca: los catalanes no queremos separar a los alumnos por razón de lengua!

Por eso nos atrevemos a vaticinar que la propuesta de Wert encontrará una gran resistencia (desobediencia, insumisión ...), no sólo entre los profesionales de la educación y de la comunidad educativa en general, sino de todo el país, porque una buena parte de la población actual de Cataluña (más de tres millones de los 7,4 que vivimos hoy en este país) ha vivido personalmente una experiencia escolar que le ha dado una base para la convivencia (dominio de las dos lenguas, respecto a la lengua de el otro ...) y que no está dispuesta a poner en cuestión. Y el resto (las familias de todos los niños y jóvenes que han sido escolarizados en este modelo los últimos 35 años) tampoco está dispuesta a renunciar a una de las claves de nuestra convivencia social. Es demasiado profundo y está demasiado arraigado lo que hemos aprendido para jugarnos-lo por capricho político de un ministro alocado o por una visión más que egoísta de una minoría tan exigua de familias que han decidido convertir la educación de sus hijos en un ariete político contra la convivencia.

Tres cuestiones finales: 1) No hacíamos una ley para mejorar el sistema educativo? O era una ley para ir contra el catalán? 2) El ministro Wert sigue ocupando el primer puesto en el ranking de fabricar independentistas. Tras esta nueva andanada podríamos medir en cuántos nuevos miembros ha aumentado este grupo social. ¡Enhorabuena! 3) Durante la campaña electoral aparecieron manifiestos diversos a favor de un nuevo encaje de Catalunya y España. Nos gustaría oír la voz de aquellos defensores de una nueva relación entre catalanes y españoles...

Difícilmente pensarían quienes redactaron y aprobaron la Constitución española hace 34 años que sería un ministro de Educación quien pondría una carga de gran profundidad contra la convivencia que se quería regular e impulsar con la Carta Magna. El artículo 3 de la Constitución dice textualmente: “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”(Subrayado personal).

La propuesta de nueva ley de educación (LOMCE) del ministro Wert va justamente en contra del último punto: ni hace de las lenguas cooficiales un “objeto de especial respeto y protección” ni las considera “patrimonio cultural”. Va más bien en la dirección contraria. De hecho, relega a las lenguas cooficiales a un estatus de cuarta categoría, desde el momento en que clasifica materias y pone las lenguas cooficiales a un nivel de segundas lenguas extranjeras. Por lo tanto, rompe el significado y el valor implícito que habíamos dado hasta ahora al concepto “lengua cooficial”: equivalente a considerar castellano y catalán (o vasco o gallego) iguales y con los mismos derechos. (Aunque los sociolingüistas han advertido desde siempre que considerar igual en la escuela lo que es tan desigual en la sociedad es una trampa que termina marginando el elemento más débil, en este caso la lengua propia o territorial: catalán, gallego, vasco, occitano en Arán ...).