Una asociación de la Guardia Civil reclama a la Justicia que se ejecute el 25% de castellano en las escuelas catalanas

La fecha límite para que la Generalitat comenzase a aplicar la sentencia que tumba la inmersión se cumplió el pasado viernes y las entidades que exigen más castellano en las aulas ya se han dirigido a la Justicia para exigir que se cumpla. La principal agrupación de asociaciones por el bilingüismo en la escuela, Escuela de Todos, lo hará el miércoles, pero este lunes se le han avanzado otras, entre ellas la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL). 

JUCIL formaliza telemáticamente la demanda este mismo lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). “Han transcurrido sobradamente los plazos previstos y resulta notorio y evidente que la Administración catalana no ha cumplido ni tiene la intención de cumplir la sentencia”, afirma su secretaria general en Catalunya, Milagros Cívico. Junto a esta asociación, también presentan demanda Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español, entidades ambas contrarias a la inmersión lingüística.

En una petición inédita hasta ahora, JUCIL solicita además una indemnización de 450 euros por trimestre a cada guardia civil o policía afectado por la no aplicación de la sentencia “en concepto de daño moral”.

Ahora será el TSJC quien decida, primero, si todas estas entidades están legitimadas para pedir la ejecución de la sentencia, ya que la demanda original que derivó en el fin de la inmersión la interpuso la Abogacía del Estado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Desde los servicios jurídicos del Estado este lunes todavía no se despejaba la incógnita de si la Abogacía reclamará la ejecución forzosa de la sentencia, una decisión que provocaría una crisis política entre Gobierno y Generalitat.

Los jueces también tienen que decidir si dan su visto bueno al plan de la Generalitat frente a la sentencia, acordado el PSC y los comuns, consistente en modificar la legislación vigente de política lingüística en Catalunya para dar cabida al castellano también como lengua de uso docente, en función de los proyectos de los centros, pero sin aplicar un porcentaje concreto que consideran que no tiene sentido pedagógico. Si con estas medidas los jueces dan la sentencia por acatada, las peticiones de ejecución forzosa acabarían en un cajón.

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil también pide al TSJC que inste personal e individualmente a todos los directores de las escuelas de Catalunya “a cumplir la sentencia en sus estrictos términos a partir del siguiente trimestre, y con todas las prevenciones correspondientes”. JUCIL se considera legitimada para presentar el recurso ya que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen reconocido “el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, por ser padres de niños y jóvenes en edad escolar” y que pueden estar destinados a cualquier municipio de Catalunya.

“En la situación actual se dificulta poder trasladar a sus familias a Catalunya, por no tener a su disposición centros educativos donde poder educar a los hijos conforme a la legislación vigente, algo que atenta claramente contra su derecho a la conciliación familiar”, ha apuntado Cívico. “Por tanto, esto obliga a ejecutar la resolución del 25% de castellano en el sistema educativo entero, al ser imposible individualizar la ejecución en un centro educativo concreto”, concluyó la secretaria general de JUCIL.

Ciudadanos, a la Fiscalía

Al no poder los partidos políticos reclamar la ejecución forzosa de la sentencia del TSJC, Ciudadanos ha querido activar otra vía judicial contra el Govern. El partido ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Catalunya al conseller de Educació, Josep González Cambray, y otros cuatro cargos del departamento de Educación ante lo que considera un incumplimiento de la sentencia del 25% de castellano.

Según Ciudadanos, existe un delito de prevaricación porque la conselleria “ha impartido instrucciones y consignas” para “evitar” su cumplimiento. La denuncia también implica a la Secretaría General del Departamento de Educación, la Asesoría Jurídica, la Inspección y la Subdirección General de Plurilingüismo. El presidente de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, también ha atribuido “responsabilidades” al president de la Generalitat, Pere Aragonès.