Un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona puede dejar de trabajar hasta dos años antes de jubilarse manteniendo el sueldo. Según ha publicado el Diari Ara y ha confirmado elDiario.es, a finales del segundo trimestre de 2023 había 65 trabajadores que se acogían al llamado 'cese progresivo'.
Se trata de una figura presente en el convenio del consistorio para el periodo 2021-2024 y que entró en vigor en diciembre de 2021. Fue aprobada por todos los grupos municipales -a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo- y ratificada por los sindicatos CCOO y UGT.
Esta medida consiste en que el trabajador pueda acumular días personales (las vacaciones quedan excluidas) y guardarlos para disfrutarlos al final de su vida laboral. Los funcionarios que optan por esta opción son recompensados por el Ayuntamiento, que les bonifica con un día por cada jornada postergada. Además, también se les otorga un día por cada año trabajado y por cada quinquenio. Con todo, los días acumulados no pueden superar, en ningún caso, los 24 meses.
A cada trabajador le tocan seis días de asuntos propios al año; entre 2 y cinco de compensación horaria y de sábados festivos. También cuentan con uno para indisposición. Además, cada uno tiene hasta 10 días de de asuntos personales por antigüedad (2 días cada 18 años y uno más por cada trienio adicional) y hasta 4 de vacaciones adicionales por antigüedad.
Con todo, un trabajador puede acumular anualmente entre 18 y 22 días para su jubilación, a los que se debe sumar esa misma cifra, con que el consistorio le premia. Es decir, que en un año, un trabajador puede sumar entre 36 y 44 días.
Esta opción “permite al Ayuntamiento una mejor organización de la plantilla y un mejor servicio a la ciudadanía porque permite reordenar las cargas y, posteriormente cubrir el puesto de trabajo”, explican a este medio fuentes del consistorio. Además, argumentan que es una medida que abre la puerta a “rejuvenecer la plantilla” y a “acercar la jubilación parcial a la administración pública”.
Hasta la rúbrica del convenio, sólo se podía jubilar parcialmente el personal laboral y aquellos externalizados en una empresa privada, que es el que está regido por el Estatuto de los Trabajadores.
Según fuentes del Ayuntamiento, de esta manera también se aseguran que todos sus trabajadores puedan gozar de sus días personales, aunque no hayan tenido oportunidad de gastarlos antes de finalizar el año.
Desde el consistorio recuerdan que, con datos de finales de verano, sólo había 65 trabajadores acogidos a esta medida, de un total de 14.000 empleados funcionarios. Y es que al haber entrado en vigor en 2021, esta medida sólo aplica a funcionarios a los que todavía les queden diversos años para jubilarse. Para los que están al borde del fin de su vida laboral, pero no han podido acumular libranzas, el Ayuntamiento ha aprobado una serie de días, en función de su antigüedad. El consistorio les da hasta 72 jornadas extra en función del tiempo que lleven trabajando.
Desde el Ayuntamiento reivindican que se trata de una “larga reivindicación sindical” para equiparar el derecho de la jubilación anticipada de la empresa privada e insisten en que es una medida que “no tiene nada que ver” con las polémicas licencias por edad del Parlament, que tenían un costo anual de 1,7 millones de euros y que permitían que funcionarios cercanos a la jubilación cobraran su sueldo sin ir a trabajar.