El Ayuntamiento de Premià de Dalt rescinde su convenio con Desokupa

El alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó (Junts) ha optado por recular y rescindir el convenio de colaboración que su Ayuntamiento anunció con la empresa Desokupa, especializada en desocupaciones extrajudiciales y gestionada por un polémico exportero de discoteca con vínculos con la ultraderecha y antecedentes policiales.

Triadó anunció el sábado por la noche en 8TV que su consistorio hacía marcha atrás y cancelaría el convenio con Desokupa. “El Ayuntamiento de Premià de Dalt no tendrá ninguna relación contractual con Desokupa”, aseguró. El pacto inicial preveía un servicio de asesoramiento de un año por 3.000 euros.

El alcalde, sin embargo, no rechazó la posibilidad de que la compañía acabe asesorando a la policía local del municipio “si lo creen conveniente”. Pocos días antes de este anuncio de Triadó, el responsable de Desokupa, Daniel Esteve, aseguró que tenía previsto ofrecer el servicio de manera gratuita al Ayuntamiento de Premià de Dalt.

La contratación de Desokupa por parte del Ayuntamiento, avanzada por elDiario.es el martes, ocasionó que tanto Junts como el PSC (partido que ostenta la concejalía de Seguridad en el municipio) desautorizaran la decisión del municipio. El alcalde, sin embargo, se pasó la semana acudiendo a distintos medios de comunicación para defender su iniciativa a pesar de que reconoció que en el momento de la contratación no había una sola vivienda ocupada en el municipio por parte de alguna mafia.

“Junts me ha pedido que retire el contrato con Desokupa pero no lo haré”, sentenció Triadó en declaraciones a Catalunya Ràdio el viernes, apenas 24 horas antes de anunciar la rescisión del contrato. El edil se reafirmó en que no pensaba dar marcha atrás y alegó que las okupaciones delincuenciales eran “un problema de seguridad avalado por la policía local”. Fuentes del PSC aseguran que, por su parte, presionaron al concejal de Seguridad para que reculara en la contratación de Desokupa.

Premià de Dalt supuso la primera administración pública que anunciaba la contratación de los servicios de esta empresa, cuyas prácticas han denunciado en distintas ocasiones tanto los colectivos de defensa de la vivienda como de derechos humanos.