El Barça de Laporta puso a los espías de Método 3 a investigar a jueces
Los trabajos que entre 2008 y 2010 realizó la agencia de detectives Método 3 para el FC Barcelona de Joan Laporta incluían seguimientos de personas –a 900 euros el día- y chequeos clásicos sobre las propiedades de los investigados y la evolución de sus empresas mercantiles, materiales que en realidad son accesibles para cualquier ciudadano abonando las tasas al Registro del Propiedad o al Registro Mercantil. Pero los trabajos de los espías incluían también todo tipo de gestiones inalcanzables para la gente común, como revelar la identidad del propietario de un número determinado de teléfono móvil –a 250 euros el número-, detallar los números a los que llamaba, conocer el nombre del dueño de un vehículo a partir de una matrícula, el acceso a correos electrónicos privados “conseguidos por los subterfugios adecuados”, el detalle de las cuentas corrientes con las que operaban los investigados, la estructura societaria que en ocasiones tenían montada en el extranjero y hasta el resultado y las características de su última declaración de la Renta.
Y más difícil todavía: llegar a conocer todas las propiedades de un juez y de sus familiares, saber con qué entidad financiera suscribió la hipoteca, cuándo lo hizo, en qué condiciones y con qué vigencia.
M3 Consultoría –filial de Método 3- realizó este último trabajo para el FC Barcelona por el módico precio de 12.294,11 euros (IVA incluido) sobre el juez Antonio Nuño de la Rosa, de quien dependía la imposición o no de un aval de 23,2 millones de euros sobre ocho directivos del club, incluido Laporta. Así se desprende del material aportado recientemente al juzgado número 24 de Barcelona, que instruye la causa sobre el espionaje en el Barça en los últimos años del mandato de Laporta, por el socio Oriol Giralt, personado al haber sido objeto él mismo de investigaciones.
La factura, que el club efectivamente abonó, se emitió el 20 de mayo de 2008, un momento especialmente convulso para el Barça, cuando estaba ya en marcha el dispositivo que culminaría con la moción de censura y apenas un mes antes de que el juez Nuño de la Rosa fallara sobre la petición de que la Junta Directiva de Laporta avalara con su patrimonio las supuestas pérdidas del club. La resolución acabó siendo favorable a los intereses del entonces presidente, aunque posteriormente las instancias judiciales superiores la enmendaron y el aval nunca se ha llegado a ejecutar porque la nueva Junta del FC Barcelona lo desestimó.
El detalle de la factura de 12.294,11 euros por la investigación al juez Nuño de la Rosa se desglosaba de la siguiente forma, antes de agregarle el IVA: 8.500 euros por 68 horas de investigación a 125 euros la hora, gastos no especificados por valor de 498,37 euros y “suplidos y pagos a terceros” cuantificados en 1.600 euros que debieron de resultar clave para acceder a determinadas informaciones fuera del alcance del ciudadano común.
El hecho de que el investigado fuera un magistrado-juez no amilanó lo más mínimo el ahínco de los detectives por destripar el patrimonio de Nuño de la Rosa, a quien el informe entregado al Barça define como “muy cercano a Juan Alberto Belloch”, ex ministro de Justicia e Interior y hoy alcalde de Zaragoza, por el hecho de haber escrito un libro juntos, en 1993. Los detectives rastrearon todas las propiedades del juez y también las de sus hermanos accediendo no sólo a sus características públicas sino también al precio de compra, la cuantía de la hipoteca, la fecha de su formalización y la entidad bancaria que la concedía:
El objetivo era rastrear algún tipo de trato de favor, que el informe acabó descartando, y sobre todo supuestas conexiones con Josep Lluís Núñez, ex presidente del club e histórico rival de Laporta. “No tienen relación con NyN [en referencia a Núñez y Navarro]”, concluye el informe de Método 3 sobre los hermanos del juez. Sobre este, el documento va más allá al ser el centro de la investigación como se advierte desde el principio: “Se nos contrata para determinar posibles relaciones entre Antonio Nuño de la Rosa y Núñez y Navarro”.
El informe especula sobre la posibilidad de que una plaza de parking en la calle Girona de Barcelona, adquirida por el juez en 1996, fuera la prueba de la supuesta conexión con Núñez. La base para ello era que las plazas de parking de todo el edificio en cuestión “están gestionadas por Núñez y Navarro” y se adjuntaban hasta cuatro fotografías para acreditarlo. Sin embargo, una nota posterior remitida por la agencia de detectives incorporada también al dossier que ahora Giralt ha llevado al juez descarta escuetamente toda la hipótesis: “Se han investigado los precios de las plazas de parking y [el juez] la compró a precio de mercado. Se anexan 10 plazas vendidas en la época”.
El informe analiza también algunos autos redactados por el magistrado relacionados directa o indirectamente con el Barça, seleccionadas entre “multitud de sentencias investigadas”. Tampoco por este lado llegan los detectives a ninguna pista que les permita apuntalar la hipótesis de alguna conexión del juez con los rivales de Laporta.
No fue ésta la única incursión de los espías del Barça al mundo judicial. Según los correos intervenidos por la policía cuando registró la sede de Método 3 tras estallar el escándalo de la grabación de La Camarga, en 2013, el entonces jefe de Seguridad del Barça, Xavier Martorell, sondeó en febrero de 2009 la posibilidad de investigar a la juez Carmen Ortiz Rodríguez, cuyo juzgado había dictado un auto que obligaba al Barça a pagar 57 millones de euros a la empresa Sogecable. Sin embargo, la juez cambió de destino y el expediente detectivesco quedó en apenas nada: según el material incautado por la policía, únicamente consta un breve trabajo de rastreo de los juzgados por las que había pasado Ortiz, que costó al club 2.900 euros, según la factura emitida el 9 de febrero de 2009.
Según ha declarado Martorell ante el juez, las investigaciones a Método 3 las encargaba él personalmente a partir de “peticiones de la Junta Directiva, los responsables de Áreas deportivas o el director general”, que en aquel momento era Joan Oliver. Según el material aportado por Giralt al juzgado, entre 2008 y 2010 el Barça pagó al menos 500.000 euros por decenas de informes sobre directivos, empleados, rivales del presidente, periodistas, políticos y hasta jueces. El juzgado número 24 de Barcelona, que instruye la causa, ha citado a declarar al ex detective de Método 3 Julián Peribáñez para el próximo 5 de junio a petición de Giralt.
