El FC Barcelona encargó y pagó a la agencia de detectives Método 3 varios informes de alto voltaje político que rastrearon distintas sensibilidades del espacio soberanista catalán –como Convergència Democràtica (CDC), Unió Democràtica (UDC), Reagrupament y la plataforma Sobirania i Progrés, próxima a Esquerra Republicana (ERC)- y también rebuscaron sobre pesos pesados nacionalistas tan importantes como la familia Pujol Ferrusola, el despacho Roca Junyent y el entorno de Lluís Recoder, que fue consejero de Obras Públicas con Artur Mas, según la documentación aportada recientemente al juzgado número 24 de Barcelona, que investiga el espionaje en el club. Estos trabajos se realizaron en los últimos años del mandato de Joan Laporta, entre 2008 y 2010, cuando éste meditaba dar el salto a la política, camino que efectivamente acabó recorriendo tras dejar la presidencia del Barça, en junio de 2010, y convertirse pocos meses después en el candidato a la presidencia de la Generalitat de la neonata Solidaritat Catalana per la Independència.
En los dos últimos años de su mandato en el FC Barcelona, el club abonó al menos 500.000 euros a la agencia de detectives por todo tipo de informes sobre directivos, rivales, jugadores, políticos, jueces, periodistas, amigos y enemigos. Buena parte de estos informes han sido aportados recientemente al juzgado por el socio Oriol Giralt, que también fue investigado tras promover la moción de censura de 2008, junto con las respectivas facturas, que incluyen la orden de pago por parte del club.
En ocasiones, la relación de los informes con los intereses de la entidad es muy difusa, como en este paquete citado de contenido político, que en cambio sí podía resultar de gran interés para el círculo más cercano a Laporta o para su responsable de Seguridad, Xavier Matorell, presidente de Convergència Democràtica (CDC) en Sant Cugat del Vallès, quien tras dejar el Barça ejerció de director general de Prisiones de la Generalitat con Artur Mas hasta que el estallido del escándalo de Método 3 forzó su dimisión, en 2013.
Los trabajos políticos de Método 3 relacionados con el FC Barcelona en este periodo que ahora se han aportado al juez incluyen un informe sobre el partido político Reagrupament, fundado por el ex consejero de ERC en el Tripartito Joan Carretero, con el que Laporta meditó ir a los comicios autonómicos en coalición; un estudio sobre el entonces miembro de la Junta Directiva Antoni Rovira, vinculado a Sobirania i Progrés; sobre el entonces tesorero del club, Jaume Ferrer, y sus negocios con la familia Pujol Ferrusola –se examina su relación con Jordi Pujol en Management Consulting y con Josep Pujol en Europraxis-, una investigación sobre la propiedad de un número telefónico que resultó ser de Jacint Borràs, fundador de CDC y aún miembro de su Consejo Nacional; y pesquisas, en ocasiones exhaustivas, relacionadas con la política de Sant Cugat, pero con conexiones a más alto nivel.
Entre estas últimas destacan las investigaciones al teniente de alcalde de la localidad y miembro de la Junta Directiva del Barça Joan Franquesa, al que acusan de haber “movido voluntades políticas” para favorecer sus negocios al tiempo que se subraya su cercanía con Recoder. Pero también hay chequeos exhaustivos sobre el líder local de Unió Democràtica (UDC) y ya entonces diputado en el Parlament, Joan Recasens, del que se rastrean todas sus propiedades, vehículos , sociedades mercantiles, y hasta oficinas bancarias con las que opera, otro concejal de UDC (Xavier Amador); un cargo de confianza del alcalde (Marc Giró) y de una empresa que supuestamente recibía trato de favor y que los detectives consideran controlada por un abogado del bufete de Miquel Roca Junyent, ex secretario general de CDC, hasta el punto de llegar a una conclusión tajante: “[La empresa] es una gran colaboradora de CiU, mejor no meterse”.
El informe sobre Reagrupament es especialmente sintomático del tipo de trabajos realizados por la agencia de detectives para el Barça de Laporta: el objetivo es hacerle una radiografía completa, analizar sus puntos fuertes y débiles y repasar los perfiles de sus dirigentes –políticos, pero también empresariales o de causas judiciales que les afectan- con el objetivo de ver qué encaje tendría el desembarque de Laporta en la formación.
El informe identifica a dos miembros de la cúpula de Reagrupament como potenciales aliados entusiastas de Laporta en el partido –Emili Valdero y Carles Bonaventura- y señala también al principal opositor a la apuesta –Iván Condés-, al tiempo que advierte sobre algunos dirigentes, como el “belicista y radical” Josep Sort. Obviamente, el grueso del análisis se centra en el líder, Joan Carretero, del que se examinan las causas judiciales que tenía abiertas en aquel momento junto con los planteamientos políticos y características personales.
“El discurso independentista del presidente del FC Barcelona y del presidente de Reagrupament es muy similar. Ambos anteponen la independencia de Cataluña ante cualquier ideología política de otra naturaleza”, recalca el informe, que sin embargo advierte a continuación: “El carácter populista, descarado y que roza la mala educación de Joan Carretero puede ser su propia tumba. Su fuerte personalidad podría colisionar con la del presidente del FC Barcelona”.
El informe sobre Reagrupament costó al club 6.032 euros (IVA incluido), según el material ahora aportado por Giralt al juzgado, y la factura fue emitida el 28 de diciembre de 2009. La conclusión era que la apuesta tenía riesgos para Laporta porque “podría significar un revés en su carrera política”, pese a lo cual contaba con puntos de interés: “El presidente del Barça tiene la sartén por el mango para decidir su afiliación a alguna formación política. Su gestión al frente del FC Barcelona y su calado en muchos sectores de la sociedad catalana lo hacen muy deseado. Las puertas de Reagrupament las tiene abiertas de par en par”, concluía.
El informe sobre Antoni Rovira, compañero en la Junta Directiva que abandonó el barco tras la moción de censura, llega a reproducir correos electrónicos privados enviados por el directivo desde su empresa, “conseguidos por los subterfugios adecuados”. Y no ahorra las consideraciones políticas al tratarse de un nacionalista militante –miembro de Sobirania i Progrés- pero en cambio alineado junto a Soriano en la oposición interna a Laporta en el Barça: “Se le considera un soberanista de palique y discurso sin recursos que vive del patrimonio de sus suegros”. Y más: “Es ambicioso políticamente y con ganas de figurar”.
En su comparecencia ante el juez, tanto el entonces director general del club, Joan Oliver, como el responsable de Seguridad e interlocutor ante Método 3, Xavier Martorell, exoneraron a Laporta de cualquier responsabilidad en los encargos de las investigaciones sobre las que se focalizaron inicialmente las pesquisas (los “autoinformes” sobre los cuatro vicepresidentes a las puertas de las elecciones). El resto no ha sido analizado aún, pero la reapertura del caso y la próxima citación de comparecencia, el 5 de junio, de uno de los detectives facilitará que se aborde en sede judicial esta nueva documentación aportada por Giralt.
En su declaración ante el juez, Martorell aseguró que las investigaciones relacionadas con Sant Cugat fueron una “atención comercial” del dueño de Método 3 hacia él, sin que costaran dinero al FC Barcelona. En cuanto a la mecánica de los encargos, Martorell explicó que él “nunca encargaba informes por iniciativa propia, sino que le llegaban peticiones o por la Junta Directiva o los responsables de Áreas deportivas o por el director general”. Según afirmó, todos los expedientes “se destruían” después de “dar cuenta a la Junta Directiva” al tratarse de “temas muy sensibles”.