El Ayuntamiento de Barcelona ha arrancado un pacto a Airbnb, adelantado este lunes por la compañía, por el que la administración tendrá acceso a los datos de quienes anuncian apartamentos en su web para comprobar si estos cuentan o no con licencia. Este acuerdo servirá de hecho para todos los municipios catalanes, puesto que la ley que lo ampara es autonómica. Pero el gobierno de Ada Colau quiere más, y seguirá exigiendo a esta y otras plataformas de alquiler turístico que sean ellas las que pidan y verifiquen el número de registro de los anunciantes.
La herramienta tecnológica que Airbnb tendrá a punto el 1 de junio es un “paso adelante” pero está lejos de suponer un acuerdo, según ha valorado la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Mobilidad, Janet Sanz. Lo que hará a partir de ahora la plataforma es pedir a sus anunciantes que acepten ceder sus datos (DNI, nombre y apellidos o correo) a la Administración. Si no lo hacen, no podrán publicitar ningún apartamento en su web.
El acuerdo contempla incluso que la plataforma cree un campo en el que el usuario deberá decir si tiene o no licencia y introducirla. Esto debe facilitar la tarea del consistorio para cruzar los datos con los de los propietarios de las 9.600 licencias de viviendas de uso turístico que hay en la capital catalana a día de hoy. Los que no la tengan, serán sancionados y se retirarán de la web.
“Estamos más cerca de que Airbnb se sitúe en los cero pisos ilegales publicitados, pero queremos que cumpla definitivamente con la ley impidiendo anunciar pisos sin licencia reglada”, ha resumido Sanz, que ha celebrado también que finalmente la compañía haya anunciado que se suma a la mesa de buenas prácticas en la que ya están Booking, Rentalia o Homeaway. Este foro tiene previsto reunirse a lo largo de junio para seguir abordando la cuestión de los pisos turísticos en la ciudad.
Y es que el acuerdo con Airbnb supone un avance al que no han llegado la mayoría del resto de plataformas, que actulamente no facilitan los datos al consistorio. Con algunas de ellas se pactó que habilitaran un campo en sus webs para que los anunciantes introdujeran su número de licencia, pero esto no es garantía de que no se lo inventen, puesto que las plataformas no lo comprueban.
El acercamiento de posiciones entre Aribnb y el consistorio es el último episodio de una tensa relación que empezó con la llegada de Barcelona en Comú al gobierno, y que hasta ahora se había saldado con tres expedientes sancionadores, el último de ellos de 600.000 euros por reincidencia (también a HomeAway). En cuanto a los particulares, el consistorio ha abierto durante este mandato 3.000 expedientes por anuncios sin licencia de piso turístico en esta y otras plataformas.
2.500 pisos menos en Airbnb... ¿y en la ciudad?
El encuentro de este martes entre el Ayuntamiento y Airbnb ha servido también para lograr su compromiso de que retirarán los 2.577 pisos de su web detectados por el consistorio recientemtente como irregulares. En este sentido ya había más sintonía entre ambos actores, después de que la compañía accediera a hacer lo propio con otros 2.500. Eso sí, siempre bajo amenazas de multa.
“Los contadores se ponen a cero en cuanto a malos actores, estarán dados de baja el primero de junio”, ha expresado el responsable de políticas públicas para España y Portugal de Airbnb, Sergio Vinay, que ha celebrado el “principio de acuerdo” con el consistorio con la nueva herramienta para compartir datos de los usuarios.
La duda sobre la retirada de los apartamentos sin regularizar en Airbnb es si estos no recurrirán luego a otras plataformas que estén menos controladas ahora por la Administración. “Queremos mandar un mensaje a estos propietarios: seremos contundentes para que no se oferten esos pisos en verano”, ha expresado Sanz, consciente de que para ellos su único recurso será como hasta ahora el de las amenazas de multa y la actuación de los equipos de inspección.