El Ayuntamiento de Barcelona no ve un impedimento en la denegación de la orden judicial para inspeccionar el CIE. El consistorio quiere comprobar que el centro vuelve a tener funciones de internamiento después de que ordenaran que cesara su actividad. “La jueza considera que no es necesario entrar para comprobar que está en funcionamiento, considera que es un hecho notorio, y estamos de acuerdo en que es un hecho notorio, pero lo que dicen los servicios jurídicos del Ayuntamiento es que no pueden poner un recorte de periódico en el expediente”, ha explicado el teniente de alcaldía de derechos de ciudadanía Jaume Asens.
Así pues, el consistorio estudiará cómo proceder para ordenar el precinto del centro. Si bien los técnicos municipales no han podido comprobar la presencia de internos –que ya había confirmado el Ministerio del Interior en la prensa–, ahora disponen de una resolución judicial que lo considera un hecho notorio y, además, tienen la posibilidad de reclamar las órdenes de internamiento como prueba. Asens no ha concretado, sin embargo, cuál será la vía de actuación.“La voluntad del gobierno municipal es ir lo más rápido posible con la orden de precinto”, ha dicho, pero ha asegurado que seguirán los criterios que definan los servicios jurídicos del consistorio.
Asens ha sido crítico con la resolución judicial, que ha entrado a valorar o apuntar cuestiones que se salían de su competencia, que sólo tenía que ver con la orden de entrada. “La juez muestra su extrañeza en que este equipamiento estaba funcionando sin licencia desde hace 10 años, y esta extrañeza es compartida, pero el tiempo transcurrido no le exime de cumplir con los requisitos de seguridad”, ha apuntado Asens.
El concejal ha vuelto a insistir en que el CIE no puede estar “fuera de la legalidad” y aseguró que la negativa a la entrada de los técnicos municipales “alimentan la imagen de opacidad del centro”. Ha insistido en que, a diferencia de lo que asegura el ministro Jorge Fernández Díaz, el CIE no está exento de licencia, y que tanto la legislación catalana como una resolución del TSJC remarcan que son necesarias tanto para equipamientos privados como públicos.
El Ayuntamiento tiene la intención de recurrir la resolución que les deniega el orden de entrada, pero Asens ha apuntado que esto no tiene porque retrasar el proceso y ya han dado órdenes a los servicios jurídicos del consistorio para que estudien otras vías para ordenar el precinto. El Ministerio del Interior, por su parte, tiene un mes desde que se ordenó el cese de actividad para recorrer esta orden, que finalizaría la primera semana de agosto.