Barcelona traslada a la Fiscalía cuatro desahucios sin orden judicial ejecutados por la empresa Desokupa
El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado a la Fiscalía los desahucios realizados por la empresa Desokupa. Concretamente ha hecho llegar al ministerio público un expediente con cuatro intervenciones de desalojos extrajudiciales ejecutados en Barcelona por esta empresa, contra quien el Observatorio DESC se querelló por desahuciar con “coacciones y amenazas”.
Según ha explicado el consistorio, se ha registrado una proliferación de este tipo de prácticas, que consisten en desalojos extrajudiciales realizados habitualmente por empresas “que se publicitan como entidades de intermediación y que afectan a colectivos vulnerables de la ciudad”. Asimismo advierten que a menudo también se utiliza el uso de la fuerza o la intimidación para desalojar las personas que viven en ella.
Una advertencia que se suma a la que ya hizo la PAH en junio en un comunicado, en el que alertaba del aumento de “mafias” que desahucian con prácticas que “extorsionan” las personas.
Según datos del ayuntamiento, durante 2016 se han producido siete intervenciones de estas empresas, donde presuntamente se habrían podido producir ilegalidades. Ahora, cuatro de estas siete serán examinadas por la Fiscalía, a quien junto con el expediente, los servicios jurídicos del consistorio han hecho llegar imágenes, atestados policiales, testigos, e informes de cada uno de los cuatro casos. Además, también ha pedido que se designe un Fiscal especializado en delitos de coacción inmobiliaria y ha puesto sobre la mesa la voluntad del gobierno de realizar un convenio de colaboración con la Fiscalia Superior de Catalunya en materia de acoso inmobiliario.
Un protocolo ante el aumento de los desalojos
Con el objetivo de prevenir desalojos ilegales en la ciudad de Barcelona, el consistorio ha anunciado la puesta en marcha de un protocolo interno. Según ha explicado el teniente de alcalde Jaume Asens, prácticas como las que lleva a cabo Desokupa “obligan a generar nuevos mecanismos de defensa del derecho a la vivienda”.
En este sentido el protocolo, impulsado desde la Cuarta Tenencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia, prevé que en caso de que haya una actuación que pueda incurrir en algún tipo de delito se enviará un técnico del distrito a confirmarlo. En caso de que se confirme los hechos se denunciarán al cuerpo de Mossos y/o a la Guardia Urbana de Barcelona (GUB). Además, según ha explicado Asens, se formará una unidad de la GUB especializada para hacer frente a este tipo de desalojos.
En caso que las personas ocupantes del inmueble hayan sido ya desalojadas a través de estas acciones, se activarán los Servicios Sociales y de Vivienda, para que se valore la idoneidad de ofrecer un realojo de emergencia.
24 horas después de que se haya producido la acción, se reunirá una comisión de análisis para analizar la información recogida de aquel caso y se valorará si es necesario realizar algún tipo de acción judicial. Paralelamente serán las Oficinas de Vivienda las encargadas de atender a las personas que hayan podido sufrir situaciones de mobbing u otras formas de acoso inmobiliario.
