Nuevo capítulo en el presunto fraude cometido por FCC en la recogida de basuras de Barcelona. El Ayuntamiento que encabeza Ada Colau reclamará a la empresa 3,3 millones de euros por facturar servicios no realizados y por no cumplir el contrato de limpieza y recogida de residuos.
Tras descubrirse el caso el pasado mes de noviembre a raíz de una investigación de El País, el consistorio abrió un expediente informativo que ha cerrado este martes. Si al principio se apuntaba a 800.000 euros, finalmente la cantidad presuntamente defraudada asciende a 3,3 millones. De ese monto, 1,2 millones serían un fraude en los servicios prestados sacando a calle menos empleados de los que terminaban trabajando. El resto corresponde a la penalización prevista por no informar de la no prestación del servicio.
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, y el teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación, Jaume Asens, lo han explicado hoy tras dar cuenta de los resultados del expediente en la Junta de Portavoces, que ha acordado llevar al pleno del viernes 28 la apertura de un expediente sancionador.
Janet Sanz ha explicado que la investigación ha acreditado, entre otras cosas, que FCC alteró el precio del contrato porque certificó 6.130 servicios no prestados o prestados con menos trabajadores entre septiembre de 2013 y diciembre de 2015, o que mezcló residuos selectivos con basura para no ver reducidos sus ingresos.
Por su parte, Jaume Asens ha informado de que el ayuntamiento ha enviado las conclusiones del expediente informativo a la Fiscalía, que investiga si hay delito en estos hechos, lo que podría comportar la inhabilitación de la empresa para contratos con las administraciones.