Salpicada por las chapuzas y la corrupción y con un sobrecoste que como mínimo subirá a 12 millones de euros, las obras del túnel de Glòries se han convertido en un quebradero de cabeza para el gobierno de Ada Colau. Tras analizar la situación con los grupos municipales y los vecinos, el Ejecutivo ha optado por hacer borrón y cuenta nueva y se ha decantado por rescindir el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que ejecuta la obra y licitar uno nuevo. Esto implicará parar la obra de diez a doce meses, según los cálculos municipales.
Aunque no es necesario formalmente, el gobierno quiere que la oposición avale la resolución del contrato, por lo que llevará el asunto a una comisión extraordinaria el próximo lunes. Los motivos para rescindir el contrato son el “retraso no recuperable” de la UTE a la hora de ejecutar la obra y la “imposibilidad fehaciente” de cumplir con el calendario previsto, según ha explicado este jueves la concejal de Urbanismo, Janet Sanz.
Si la comisión da su visto bueno político, se convocará un consejo de Bimsa, la empresa municipal de obras y encargada de resolver el contrato. “Hace falta un nuevo proyecto para garantizar máxima seguridad”, ha afirmado Sanz.
La obra del túnel de Glòries se inserta en un tramo muy complejo: se construye debajo de otros cuatro túneles (un ramal de Adif, dos líneas de Rodalies y una de metro). Además, la inyección de hormigón en el subsuelo para la obra municipal agujereó los túneles del tren y el cemento se terminó filtrando en su interior. Las pantallas para proteger los túneles de trenes ya se han instalado, pero todavía no se ha empezado a picar el subsuelo.
Como todavía no se ha empezado a trabajar por debajo de los túneles ferroviarios, parar la obra ahora es, en palabras de Sanz, “oportuno y adecuado”. “En este momento no se pone en riesgo la seguridad de la obra”, ha valorado Sanz, que se ha marcado como prioridad “cerrar la herida urbana de Glòries” lo antes posible.
La otra opción, que el consistorio no quiere, pasaría por modificar la obra sobre la marcha. En este supuesto, la UTE, formada por Rogasa, Benito Arnó e Hijos, Copisa y Comsa, tendría que abonar al consistorio una penalidad de 12 millones. Preguntada por si el Ayuntamiento reclamará daños y perjuicios a la UTE una vez rescindido el contrato, Sanz ha pedido ir “paso a paso”. Sea cual sea la decisión, se da por hecho que empresas y consistorio acabarán en los tribunales.
Al gobierno de Ada Colau le ha tocado gestionar las consecuencias de una obra que nunca quiso. El gobierno del alcalde convergente Xavier Trias licitó el proyecto por 80 millones y lo adjudicó por un 24% menos (poco más de 60 millones) tres meses antes de las municipales de 2015. CiU dividió en dos el proyecto de Glòries –primero el túnel de la plaza y después el soterramiento hasta la calle Pere IV. Esta última obra no está ni se la espera.
Por si no fuera suficiente, a la obra de Glòries también le persigue la sombra de la corrupción. El expediente del túnel fue uno de los documentos incautados en la última operación de la causa del 3%, que todavía se mantiene bajo secreto de sumario. En la misma operación se detuvo al teniente de alcalde de Urbanismo del gobierno de Xavier Trias, Antoni Vives.