Las grandes eléctricas no han dicho su última palabra en el contencioso que mantienen contra el ayuntamiento de Colau. Este miércoles el Tribunal de Contratos del Sector Público ha accedido a paralizar el concurso para el suministro de energía eléctrica del consistorio de Barcelona, como reclamaba Endesa. Esta compañía, junto a Gas Natural, no se había presentado al concurso al entender que contenía una cláusula sobre pobreza energética que las discriminaba.
La acordada este miércoles es una suspensión cautelar, hasta que el tribunal resuelva el contencioso, por la que se impide al ayuntamiento adjudicar el contrato de 65 millones de euros. Las dos eléctricas rechazaron presentarse al concurso y lo recurrieron, aunque solo Endesa, la actual titular de este contrato, pidió medidas cautelares.
El conflicto se refiere a la cláusula especial número 18 del contrato publicado por el ejecutivo de Colau, que busca una vía de presión para que las eléctricas firmen los convenios de corresponsabilidad con la pobreza energética estipulados en la ley catalana 24/2015. Hasta ahora la Generalitat ha podido suscribir estos acuerdos con diferentes empresas suministradoras, pero no con las del sector eléctrico, que se niegan a negociar.
Generalitat y entidades locales, con el liderazgo de Barcelona, acordaron un modelo de convenio que obliga a las compañías a hacerse cargo del 50% de las facturas de los afectados por pobreza energética, que las eléctricas rechazan. El ayuntamiento de Barcelona redobló la presión con el contrato de suministro eléctrico, introduciendo la obligatoriedad de que, para acceder a él, las empresas suscribieran este convenio, entre otras medidas destinadas a garantizar los suministros de las familias con menos recursos.
Las grandes eléctricas consideran que esta cláusula es contraria a la ley contractual del sector público puesto que les discrimina ante compañías más pequeñas. Según alegan, sus competidoras menores no tienen tantos clientes afectados por pobreza energética como ellas, por estar las primeras más dirigidas a los grandes consumidores que a las familias. Además, indican que la cláusula que les obligaría a firmar el convenio es poco concreta respecto a qué deberían acabar suscribiendo.
Tanto la Generalitat como diferentes ayuntamientos metropolitanos se han mostrado interesados en la medida de Colau, y están pendientes de la resolución del Tribunal de Contratos. Si este tribunal avalara la legalidad de la cláusula, Barcelona abriría una brecha inexplorada para lograr lo que hasta ahora nadie ha conseguido: que las eléctricas paguen por la pobreza energética. Hasta ahora las únicas medidas de presión ensayadas son la imposición de multas por no reclamar informes de exclusión social antes de un corte de suministro, aunque hasta diciembre del año pasado la Generalitat no había podido cobrar ninguna.
El capítulo del contrato energético del ayuntamiento de Barcelona es el último escenario de una guerra abierta de las eléctricas contra la legalidad catalana en materia de pobreza energética. Durante los cerca de 16 meses que la ley lleva en vigor, las empresas del oligopolio han recurrido cada sanción impuesta, han conseguido paralizar en los juzgados el protocolo del Govern que desarrollaba la ley y se han negado a firmar los convenios de corresponsabilidad. Ahora, esperan ganar también el pulso con Colau anulando el contrato municipal.