La llegada de Barcelona en Comú al Ayuntamiento de Barcelona encendió las luces de alarma en buena parte de los sectores conservadores de la ciudad, que temían lluvias de impuestos y cambios de 180 grados en la política económica municipal. Paradójicamente, la primera medida económica de calado del gobierno de Ada Colau, las ordenanzas fiscales, ha recibido este martes la calificación de “continuista” por parte de toda la oposición, desde el PP hasta la CUP. Además, los dos grupos con los que a priori el gobierno debe entenderse más para sacar adelante las ordenanzas, PSC y ERC, han lamentado que las ordenanzas presentadas sean “poco progresistas” y se parezcan a las que Xavier Trias presentaría si hubiera conservado la alcaldía. La concejala socialista Montserrat Ballarín ha hablado incluso de “colauvergencia”.
No es que el gobierno municipal haya sufrido un ataque repentino de cordura convergente. Para empezar, porque el Ayuntamiento no puede tocar como quiera los tipos de IBI, ya que la legislación estatal limita la autonomía fiscal municipal y la capacidad de decidir los tipos y hacer el impuesto más o menos progresivo. El margen de actuación municipal es reducido, y el teniente de alcaldesa Gerardo Pisarello, ya anunció al presentar las ordenanzas que apostaría por ampliar las bonificaciones y subvenciones del IBI.
Progresistas o no, el gobierno municipal se enfrenta a una nueva negociación compleja con los grupos para sacar adelante las ordenanzas fiscales, que deben recibir una primera luz verde en el plenario del próximo día 30 y se aprobarán definitivamente el 23 de diciembre. La sesión de este martes de la comisión de economía y hacienda ha vuelto a poner de manifiesto que Barcelona en Comú no lo tendrá fácil, y todos los grupos de la oposición han pedido reserva de voto para no hacer pública su posición sobre las ordenanzas hasta el día del plenario. Sólo el PP ha votado directamente en contra.
La concejal de ERC Montserrat Benedí ha considerado que las modificaciones en las ordenanzas presentados por Pisarello “no suponen grandes cambios” en la política fiscal municipal respecto la época Trias. “Pedimos valentía al Ayuntamiento para potenciar la política fiscal como herramienta redistributiva”, ha añadido. Más contundente se ha mostrado la representante del PSC, Montserrat Ballarín, que ha acusado al gobierno de Colau de “girar a la derecha” y ha considerado que Ronald Reagan y Margaret Thatcher, representantes del neoliberalismo, podrían haber presentado las mismas ordenanzas que Pisarello . “Pensábamos que serían mucho más valientes”, ha lamentado.
Pisarello ha respondido al ataque las críticas de los grupos con los que a priori debe ponerse de acuerdo para las ordenanzas: “Esperamos a la actualización del catastro [que culminará el próximo año] para calificar de reaganista una política fiscal ”, ha espetado el primer teniente de alcaldesa, que ha admitido que“ quizás ha faltado imaginación” a la hora de definir las ordenanzas. Pisarello también ha reiterado su llamada al diálogo con el resto de fuerzas políticas para sacar adelante las ordenanzas.
También CiU, PP y Ciutadans han compartido el diagnóstico de “continuismo” sobre las ordenanzas fiscales. “Las podría haber firmado Xavier Trias”, ha dicho Francisco Sierra, de Ciutadans. Por parte de la CUP, Josep Garganté ha lamentado que las ordenanzas no introduzcan “cambios sustanciales”, en especial para “penalizar” el transporte privado de motor, si bien ha admitido “el corsé que implica la legalidad estatal”.
Sólo ERC apoya el superávit
La comisión, que se ha hecho larga fruto de los 27 puntos del orden del día, también ha puesto de manifiesto que Colau no las tiene todas para sacar adelante la modificación presupuestaria para revertir el superávit excesivo previsto para este año y destinar 96 millones a políticas sociales. En este caso el límite del plenario del próximo día 30 sí que es inegociable, ya que el Ayuntamiento sólo tiene tiempo de ejecutar las medidas hasta finales de 2015.
Sólo ERC ha votado junto a Barcelona en Comú, después de que el líder republicano en el Ayuntamiento, Alfred Bosch, haya anunciado este martes un acuerdo con el gobierno para destinar entre 10 y 20 millones de euros de este superávit a “acelerar ”una veintena de proyectos municipales como el mercado de Sant Antoni, el espacio Germanetes o la financiación de viviendas de Can Batlló.
El resto de grupos han repetido reserva de voto excepto Ciutadans, que ha votado en contra. Como en las ordenanzas, al gobierno municipal le han llovido críticas de los grupos, que han criticado con dureza que 14 millones del superávit se destinen a una indemnización heredada del gobierno de PSC, ERC e ICV-EUiA. En concreto, se trata de un edificio de la calle Dalmases, del distrito de Sarrià, que los tribunales ha ordenado derribar tras declarar nulo el planeamiento aprobado el consistorio en el que se amparaba su construcción.
Esta indemnización y otras previsiones del superávit han servido a la oposición para cuestionar el destino social de los 96 millones, una acusación que Jordi Ayala, gerente de Economía, ha rechazado afirmando que más de 50 millones se destinarán a políticas sociales.
El objetivo del gobierno municipal es aprobar la modificación del presupuesto de 2015 el 30 de octubre y que su fase de ejecución se lleve a cabo entre el 3 de noviembre y el 31 de diciembre. Para poder llevar adelante la ampliación presupuestaria, el consistorio hará un plan económico financiero para superar la limitación que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
140 millones de deuda de la Generalidad
La comisión de Economía y Hacienda también ha servido para que el Ayuntamiento cuantifique la deuda de la Generalitat con Barcelona. El primer teniente de alcaldesa Gerardo Pisarello la ha cifrado en 140 millones de euros, y ha añadido que en los próximos 15 días o tres semanas presentará un calendario de pago del pasivo.
Por su parte, el gerente de Economía, Jordi Ayala, ha detallado que la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento tiene tres tipologías: los pagos que la Generalitat debe directamente al Ayuntamiento, las cantidades que la Generalitat no ha abonado a consorcios y fundaciones donde también participa el Ayuntamiento y las desinversiones del gobierno catalán en Barcelona en forma de centros de salud o escuelas.