El freno de Montoro a los ayuntamientos complica aún más las municipalizaciones de Colau
“Montoro ataca la autonomía municipal a través de su nueva propuesta de presupuestos”. Así de contundente se mostraba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras la presentación de los presupuestos generales del Estado de 2017. Colau acusaba al ministro de Economía, Cristóbal Montoro, de “frenar” la autonomía de los consistorios y también las municipalizaciones, cortando las alas a ayuntamientos como el de Barcelona, que cerró su ejercicio 2016 con un superávit de 100 millones de euros.
La realidad es que la Ley Montoro, aprobada en 2013 como ley de Estabilidad Presupuestaria, o los Presupuestos Generales no son la única traba que el Gobierno de Barcelona ha encontrado para tirar adelante las municipalizaciones e internalizaciones prometidas durante su campaña. La negociación política en el pleno del Ayuntamiento ha barrado también las intenciones de Colau. Sin ir más lejos, dicha oposición ha tumbado recientemente su funeraria pública y aprieta por otros procesos como el de la asunción municipal de los empleados de BTV.
De hecho, la guerra por la incorporación a la plantilla municipal de los trabajadores de la televisión local Barcelona Televisió –177 afectados– hace meses que colea, y promete seguir haciéndolo. Según declara un portavoz municipal a este medio “las reuniones con trabajadores siguen produciéndose” aunque los mismos trabajadores, y también partidos como la CUP de Barcelona, han denunciado en reiteradas ocasiones las carencias del proceso de internalización. Tanto es así que los empleados de BTV criticaron la modificación del contrato programa entre el Ayuntamiento y la sociedad municipal Información y Comunicación de Barcelona (ICB) para la gestión la televisión local, aprobado en el último pleno de 2016.
El documento preveía la contratación directa de los 177 trabajadores de los servicios informativos y técnicos hasta ahora subcontratados por BCN Audiovisual (filial del grupo Lavinia). Los trabajadores de BTV lamentaron que el gobierno municipal internalizara sólo los servicios informativos y técnicos, dejando fuera los programas que se puedan encargar a empresas del mercado audiovisual. Según los empleados, esa diferenciación entre informativos y programas es “del todo ficticia” y no cubre a los miembros de la plantilla afectados.
También el pleno de Barcelona, con una aritmética endiablada que dificulta los consensos, se puso de acuerdo recientemente en un punto que ERC y la CUP pretendían desembocase en municipalización: los partidos tuvieron a bien analizar la posibilidad de internalizar el servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento. Pero este proceso se encuentra en dique seco.
El pleno aprobó la medida tras constatarse un presunto fraude en el servicio de 3,3 millones de euros, que fueron reclamados a FCC –empresa encargada de la recogida– por parte del consistorio. ¿Cuál es la causa de la paralización del proceso de estudio de la municipalización? Según fuentes del consistorio, el contrato vigente impide más maniobras en esa dirección, si bien se ha abierto un expediente sancionador por el fraude.
Agua pública: el objetivo más ambicioso
La gestión pública del agua es una de las máximas del Gobierno de BComú desde que llegara al poder en mayo del 2015. Se han producido pasos esa dirección, aunque el camino se prevé largo. “Estamos elaborando todos los estudios previos para trabajar hacia ese objetivo”, destaca una fuente municipal. Agbar ya le ha puesto un precio: 1.000 millones.
La municipalización del agua tiene el apoyo del plenario y de un informe –encargado por el mismo consistorio– que afirmaba que Agbar había prestado el servicio de aguas en la capital catalana “en una situación de precariedad”. El estudio ponía en duda la existencia de una concesión a Agbar para prestar el suministro de agua en la ciudad y señalaba que en el año 2003 la empresa tendría que haber devuelto a la capital catalana “todas las instalaciones, bienes y materiales”. Agbar rechazó los argumentos esgrimidos en el informe y añadió que partes del mismo no se ajustaban a algunas consideraciones de la sentencia del TSJC que anuló la empresa mixta.
Con el encargo del informe por parte del Ayuntamiento, Colau dio un paso para analizar la gestión del agua a nivel municipal. En dicho camino municipal Barcelona no estará sola: hace unos días se creó una red catalana de ciudades que también apuestan por la gestión pública del agua. Más allá de eso, el consistorio ha movido ficha fuera del ámbito local para encontrar aliados que potencien sus posibilidades de éxito: la capital catalana se ha adherido a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, y también al grupo europeo que trabaja en la línea de la gestión pública del agua, la Aqua Publica Europea.
Algunos éxitos: SARA, PIAD y 'escoles bressol'
El año pasado finalizó el proceso de internalización de dos servicios de atención a mujeres: es el caso de los Puntos de Información de Atención a las Mujeres (PIAD) y el Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA), que sumaron al erario municipal hasta 55 trabajadores entre los dos.
Concretamente se subrogaron a 21 personas con contrato indefinido que trabajaban en los 11 PIAD de la ciudad y los trabajadores de los SARA (30 indefinidos y 4 interinos). El consistorio espera actualmente la homologación de las condiciones de estos empleados.
Los que ya fueron homologados en sueldo y condiciones laborales este pasado mes de abril fueron los educadores de escoles bressol (escuelas de primera infancia) cuya internalización fue anunciada hace prácticamente un año. Dos de las tres escuelas se encuentran en el distrito de Gràcia y la otra en el de Sant Andreu.
En términos de soberanía municipal, el mismo mes de abril Barcelona aprobó crear la eléctrica pública más grande del Estado para dar luz a 20.000 hogares. Según los planes de Colau, Barcelona Energia suministrará electricidad en un principio al Ayuntamiento y a diferentes empresas municipales para luego abrirse a los particulares en 2018.
