El juez reactiva la resolución que obliga a TMB a revelar los nombres y sueldos de sus directivos
TMB, la empresa de bus y metro del Área Metropolitana de Barcelona, vuelve a tener sobre la mesa y en vigor la resolución que le obliga a entregar a este diario los nombres y sueldos de directivos, jefes y trabajadores fuera de convenio, además de una relación completa de los puestos de trabajo de la empresa. El juez ha decidido levantar las medidas cautelares impuestas contra esta resolución de la Comisión de Transparencia de la Generalitat, que había sido suspendida en un primer momento a petición de 163 personas, la mayor parte de ellos directivos y técnicos.
La decisión del juez vuelve a poner en pleno vigor tanto la primera resolución, del 7 de julio de 2016, en la que Transparència daba un plazo de tres meses a la empresa que preside Mercedes Vidal (BComú) para que entregara toda la documentación requerida de acuerdo con la ley de transparencia, como la segunda, del 28 de septiembre, en la que se ampliaba un mes más el plazo para entregar estas informaciones.
La empresa ha incumplido todas las resoluciones de la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública, que reiteradamente han dado la razón a Catalunya Plural en la petición de información pública efectuada con arreglo a la ley de transparencia en febrero de 2016. En noviembre pasado, 163 personas, en su mayoría directivos y técnicos de la empresa, acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para reclamar la nulidad de la resolución y pedir que se dictaran medidas cautelares sobre ella. El juez las admitió en primera instancia.
La empresa, que decidió no personarse por sí misma contra la GAIP, comunicó entonces a este medio que no entregaría la información solicitada por haberse dictado estas medidas cautelares. Pese a eso, tanto la primera resolución como la segunda ya habían sido incumplidas por la empresa, que se había negado a entregar los datos.
Ahora el juez ha decidido levantar estas medidas cautelares. Según la notificación enviada a los personados, el juez atiende a la resolución que elaboró sobre el caso la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que daba la razón a la petición de información pública enviada por este medio al entender que ninguna de las informaciones reclamadas era sujeto de especial protección por la ley de protección de datos, al tratarse TMB de una empresa de capital público. Por esta razón, el juez no encuentra razón para paralizar la resolución, y acuerda dejar sin efecto la medida suspensiva.
La reactivación de la resolución favorable a la transparencia vuelve a dejar la pelota en el tejado de la empresa de transportes, controlada desde el pleno del Área Metropolitana de Barcelona por Barcelona en Comú, que deberá decidir si entrega la información requerida o vuelve a incumplir la resolución. La ley de transparencia observa sanciones para el incumplimiento reiterado de la norma, que pueden ir desde multas a la inhabilitación de sus responsables por ocultación de la información pública.
