Hungría, Polonia, Grecia y España. Son países en los que se han denunciado –y en algunos, acreditado– casos de espionaje a rivales políticos, periodistas, activistas y abogados. En España, hace un par de semanas saltó a la luz un caso masivo de hasta 65 personas espiadas con Pegasus, según una investigación de Citizen Lab. Pero es que hace 48 el Gobierno reveló que el presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también fueron espiados hace un año.
El pleno del Parlamento Europeo, con más de medio centenar de intervenciones, ha sido un rosario de posiciones encontradas: sólo Verdes y La Izquierda han querido el debate, en tanto que el resto de los grupos entendían que era suficiente con la comisión de investigación sobre Pegasus constituida en la Eurocámara. Sin embargo, cosas del Parlamento Europeo, un eurodiputado polaco popular, rival del ultraconservador PiS en el Gobierno, ha aplaudido el debate y ha pedido que se abran comisiones en los 27 países de la UE, cosa a la que se han opuesto sus aliados en España junto con el PSOE, por ejemplo.
Mientras, la Comisión Europea, muestra su gran preocupación, pero se pone de perfil. Ni siquiera ha participado en el debate el comisario de Justicia, Didier Reynders, supuestamente víctima también de espionaje, sino el comisario europeo de Presupuestos, el austriaco Johannes Hahn, que ha seguido fielmente el argumentario del Ejecutivo comunitario: “Condenamos firmemente todo espionaje ilegal, los Estados miembros son los competentes y deben aplicar la legislación de la UE, incluida su jurisprudencia, que exige el control mutuo de los órganos estatales para que el poder sea objeto de escrutinio. Este es el criterio para ver si hay uso ilegal de spyware para acceder a datos de ciudadanos”.
“Hay gobiernos víctimas de estos accesos ilegales”, ha reconocido Hahn: “La investigación es responsabilidad de los Estados miembros, y la Comisión Europea espera que las autoridades examinen las acusaciones y restauren la confianza de la ciudadanía”.
“Se ha establecido la comisión de investigación”, ha dicho Hahn, “y desde la Comisión Europea no solo vamos a escuchar, sino que queremos contribuir a los trabajos. Nos preocupa que haya estos escándalos, hay que esclarecerlos, y toca que intervengan fiscales, policías de los países donde hay estos supuestos. Tienen que usar sus leyes. Ya hay una normativa, pero, ¿se respeta? Hay que reflexionar sobre si hay margen de mejora. Las escuchas ilegales no son de recibo, no es algo que se pueda tomar a la ligera, es un crimen sancionado”.
El socialista Juan Fernando López, miembro de la comisión Pegasus y presidente de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, ha señalado: “Pegasus es carísimo, a duras penas han ido emergiendo indicadores de que 20 Estados disponen del programa, incluidos Hungría y Polonia, de nuevo. A la comisión le toca mucho por saber, mucho por explorar. Lo que sé es que el objetivo debe ser legislación europea, con testimonios y documentos. Es una amenaza hasta ahora desconocida, no tomarla en serio sería asumir asumir los riesgos por el que acaban muriendo las democracias”.
Jeroen Lenaers, popular holandés y presidente de la comisión del Pegasus, ha hecho un discurso muy diferente al de sus colegas de bancada españoles: “El uso de estos programas espías contra periodistas, políticos y ciudadanos, supone una experiencia horrible y una amenaza para el Estado de derecho y la democracia. Me frustra la posición de la Comisión Europea. Espiar ciudadanos tiene que ver con el Estado de derecho, no con la seguridad nacional”.
Así, Dolors Montserrat, jefa de la delegación del PP en la Eurocámara, ha declarado: “En España algunos independentistas dieron un golpe en contra de una democracia europea. Unos fueron condenados y, otros, fugados de la justicia. No voy a aceptar lecciones de un prófugo. Han encontrado en este debate la victimización. Lo mínimo que cabe esperar es que se investigue a quienes prometen repetir delitos. Si el Estado es atacado, el Estado debe defenderse. Sobre el informe en el que basan la denuncia, se debería averiguar la sospechosa coincidencia de la participación de una persona acusada de promover la violencia en Catalunya, así como el hecho de que se publique un día antes de la constitución de la comisión Pegasus. Son demasiadas coincidencias. No podemos aceptar chantajes ni ceder el poder o pactar el gobierno con ellos, no puede poner al lobo a vigilar las ovejas. Hay que exigir al presidente español que dé explicaciones por no estar a la altura del momento”.
Por contra, el eurodiputado popular polaco Andrzej Halicki, ha defendido: “Hay que destapar los escándalos, los detalles de estos casos. No podemos permitir que nadie se salte la ley. No es seguridad de derechas o de izquierdas, sino el respeto del derecho de todos. Ustedes, señores del PiS [aliados de Vox], tienen problemas. Pegasus puede usarse de forma ilegal contra la democracia, la oposición o la Comisión Europea. Si la Comisión Europea toma decisiones sobre sanciones, puede resultar goloso espiarles. Necesitamos conocer los datos hackeados, y la situación de los fiscales nacionales. Habría que constituir comisiones en todos los parlamentos nacionales”.
De la misma manera, la liberal holandesa Sophie in't Veld, tampoco ha compartido el discurso de su compañero de bancada Jordi Cañas (Ciudadanos): “Hay que saber quién está detrás. No se trata solo de las víctimas individuales cuya intimidad ha sido violada. Es un ataque al proceso de toma de decisiones en Europa. Se trata de rendición de cuentas”.
Así, Cañas ha dicho: “Es paradójico que quienes han sido acusados de espiar denuncien espionajes sin pruebas. Quienes impidieron una comisión en el Parlament de Catalunya, ahora usan este Parlamento sin pruebas. Los separatistas son expertos en propaganda y mentira. Acusan sin pruebas usando y abusando de todo para proclamar la mentira”.
Jordi Solé (ERC), eurodiputado del grupo Verdes y que aparece en la investigación de Citizen Lab como espiado, ha terciado: “En la UE tenemos gobiernos a los que les gusta jugar a espías y practicar el espionaje político. Y los fanáticos de la razón de Estado se atreven a justificarlo. Yo he sido uno de los 65 víctimas de pegasus, seguramente por los servicios secretos españoles. ¿Quién dio la orden de vulnerar el derecho a privacidad? ¿Hubo autorización judicial? ¿Cómo podría un juez autorizar un espionaje tan masivo? ¿Dónde están los datos robados? ¿Cuánto dinero público se ha empleado? Hemos sabido que Sánchez y Robles alegan haber sido espiados. ¿Han escogido el momento? ¿Quieren normalizar o diluir nuestro caso? No debemos tolerar el espionaje político en la UE”.
Pernando Barrena, eurodiputado de EH Bildu en el grupo de La Izquierda, ha afirmado en el pleno: “En un Estado de Derecho nada justifica la vigilancia con Pegasus a políticos electos, activistas y periodistas. Las instituciones deben investigar qué gobiernos han violado la ley espiando a oponentes políticos. Hungría y Polonia han usado Pegasus, y también el servicio de inteligencia español. Es grave que España espíe a miembros de este parlamento. Nuestro grupo plantea la prohibición de tecnologías de espionaje en masa. Y que los Estados miembros afronten consecuencias por su uso”.
El expresident catalán Carles Puigdemont (Junts), también espiado según la investigación de Citizen Lab, ha explicado: “Citizen Lab ha revelado el espionaje a más de 60 personas en Catalunya, el mayor caso de espionaje documentado. Es usado sin control por autoritarios y democracias que espían a periodistas, abogados, políticos y ciudadanos de a pie. Europa no puede mirar a otro lado,. Sin la UE no hay democracia en Europa. Pegasus y la democracia no son compatibles”.
En este sentido, el ex conseller de Sanidad y también víctima de espionaje, Toni Comín, se ha dirigido a PP, PSOE y Ciudadanos: “¿Por qué dicen que sí a la comisión de investigación en el Parlamento Europeo y en España no?”. Y al eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido ha preguntado: “Usó pegasus cuando era ministro del interior?”
Zoido, por su parte, ha respondido: “Es fundamental para nuestra fuerza de seguridad. Se han frustrado ataques yihadistas, frenado el narcotráfico... Pero cuando los gobiernos se apartan de ahí, merecen nuestra máxima repulsa. Nada que ver con lo que afirman algunos. En España se respeta el Estado de derecho y la supervisión judicial. Y vemos el teatro de quienes quieren que Europa se olvide de sus violaciones al estado de derecho. Pero sus teatros ya no engañan a nadie”.
Javier Zarzalejos, también eurodiputado del PP, ha abundado en la línea de sus compañeros: “Aquí hay free riders, viajeros sin billetes de Pegasus que son prófugos de la justicia, y que han protagonizado la más flagrante violación de la Constitución. Hay que separar entre disidentes y prófugos, aquellos que en nombre de la independencia lideran procesos sediciosos, cuando el estado legítimamente se defiende”.
Diana Riba, eurodiputada de ERC y también en la lista de Citizen Lab, ha dicho: “He sido espiada, por lo que todos sois víctimas colaterales. Se han vulnerado vuestros derechos. Mi caso no es único, centenares de periodistas, politicos, han sido víctimas, nadie debe sufrir un espionaje masivo. El Gobierno español debe informar de quién lo está usando en el Estado, cómo, contra quién, y qué se hace con esta información robada. Hay sectores reaccionarios anclados en dinámicas predemodcráticas con agenda política propia. La mayor oposición a dinámicas autoritarias somos el movimiento independentista, por eso se nos encarcela, se nos arruina y se nos espía. Estén al lado de la democracia, la transparencia, no solo en Polonia y en Hungría, sino en España”.
La eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, también en la lista de 65 de Citizen Lab, ha afirmado: “Es una violación con complacencia del Consejo [los Gobiernos] y la Comisión Europea. ¿Queremos ser parte de la enfermedad o queremos pararla? ¿Van a perseguir a las minorías? No le pedimos [a la Comisión Europea] que resuelva nuestro problema, sino que cumplan con su deber de defender nuestros derechos frente a un Estado autoritario”.
La secretaria de Internacional de Podemos y eurodiputada, Idoia Villanueva, ha señalado en el debate: “Todos deberíamos apoyar las investigaciones. Pegasus está siendo usado contra la democracia y los derechos de todos. Europa debe investigar, exigir responsabilidades y garantías de no repetición”.
La portavoz de IU, Sira Rego, ha dicho en su intervención: “El uso de Pegasus es un escándalo sin precedentes. Una empresa privada está comercializando impunemente un arma de destrucción de la democracia. En mi país, hasta el presidente del Gobierno y otros líderes políticos, sociales han sido espiados. Ante estos hechos que cambian las reglas de la democracia, ¿cómo va a sentirse protegido cualquier ciudadano? Necesitamos transparecncia, democracia, depurar responsabilidades”.
El socialista Iban García del Blanco ha señalado, por su parte: “No hay espiados de primera ni de segunda. Afecta a la salud del Estado de Derecho. Necesitamos explicaciones y pruebas del espionaje, también explicaciones de la empresa. Damos por sentado que solo se venden a Estados, pero eso hay que averiguarlo. No hay que anticipar conclusiones. Hemos constituido una comisión, tiene 12 meses y no hay que capitalizar asuntos locales. Hay que ser pacientes, hacer nuestro trabajo y aprovechar la comisión para averiguar la verdad”.
Izaskun Bilbao (PNV) ha sostenido durante su intervención: “Cuando en vez de abrir un debate se opta por el 'a por ellos', el espionaje, el control de los tribunales, el encarcelamiento de ideas... Detrás de cada espionaje ilegal hay un 'a por ellos'. Pedimos a la Comisión Europea más principios y menos intereses; apostamos por el diálogo, la paz y la palabra, por la democracia y por más democracia como mejor antídoto contra la vergüenza y este escándalo”.
El eurodiputado de la extrema derecha Jorge Buxadé (Vox), ha terciado: “El esperpento es ver a separatistas golpistas fugados y a bandas de terroristas decir que les han espiado. Pero si se han pasado espiando, secuestrando y matando. Poco les han espiado y poco les han perseguido. ¿Quieren una europa más fuerte y segura? Hablen de seguridad en las fronteras frente a la inmigración ilegal y en las calles frente a violaciones masivas o en las empresas que se marchan por el fanatismo climático”.