“La duración de la legislatura dependerá de los acuerdos. Si no hay avances, Pedro Sánchez no tendrá los votos de Junts”. Con estas palabras sacaba pecho el pasado viernes el secretario general de Junts, Jordi Turull, que advertía de que la estabilidad del Gobierno descansa ahora en su partido. Sin embargo, la idea de que el independentismo pueda retirar el apoyo al Ejecutivo de Sánchez a corto plazo es poco creíble si se tiene en cuenta que la amnistía no llegará con la investidura y que, al contrario, sus efectos pueden no materializarse hasta bien entrada la legislatura.
Tanto ERC como Junts necesitan un gobierno favorable a la medida del olvido penal al menos hasta que los respectivos líderes sobre los que aún penden juicios, en especial Carles Puigdemont y Marta Rovira, queden efectivamente exonerados y puedan volver a Catalunya. Cosa que no será ni mucho menos inminente.
Aunque los plazos parlamentarios no son exactos, fuentes jurídicas explican que por rápido que vaya el Congreso, una proposición de ley de amnistía como la que está prevista que se registre este lunes puede tardar, acelerando al máximo, en torno a las 10 semanas en superar los trámites necesarios hasta su debate en pleno.
A esto hay que sumarle el periplo por el Senado, con una mayoría del PP que no puede vetar pero sí dilatar al máximo los plazos, más aún si sale adelante la modificación del reglamento que la Cámara Alta prepara para este fin. Y, por si todo eso fuera poco, debe tenerse en cuenta que enero es un mes inhábil en el calendario parlamentario, por lo que nada se avanzará durante ese periodo.
Pero, además, una vez la ley llegue al BOE, algo que ya pasaría con la legislatura bien rodada, habrá recursos contra la norma, que podrían venir del ámbito político pero también del judicial. Y, en todos los casos, para los partidarios de la amnistía será absolutamente crucial tener una Abogacía del Estado a favor de sus intereses y una Fiscalía al menos no opuesta a la aplicación de la amnistía, que en última instancia corresponde a los tribunales.
Por todo eso, unas elecciones generales o un cambio de gobierno en medio de este proceso podría dar al traste bien con la ley o bien con su aplicación extensa.
Esto supone que si ERC y Junts quieren asegurarse de que la amnistía llega tanto a sus dirigentes como al resto de encausados de a pie, deben sostener a Sánchez en la Moncloa al menos hasta que todos ellos queden judicialmente exonerados.
La aritmética que salió del 23J no es fácil para el bloque progresista, que necesitará “todos los votos todo el tiempo”, como subrayó el lehendakari Urkullu. El independentismo sabe que puede aprovechar los grandes debates, como los presupuestarios, para apretar y obtener avances en su negociación permanente. Sin embargo, la dependencia de la amnistía garantiza a Sánchez que, por mucho que la retórica independentista suba de decibelios por la inminencia de las elecciones catalanas, como tarde en febrero de 2025, ni a ERC ni a Junts les conviene por el momento un cambio de inquilino en la Moncloa.
El PSOE ha negociado teniendo muy en cuenta estos plazos. “No es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura”, afirmó desde Bruselas el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, quien recordó que el entendimiento vincula a Junts también durante la legislatura a dar “estabilidad” al Gobierno. Así es como figura en el propio documento firmado por Turull. En el de ERC el compromiso es incluso más explícito, pues los republicanos aceptan negociar “de buena fe” y con “voluntad” de aprobar la legislación del Gobierno, especialmente en el ámbito presupuestario.
Una mesa que Puigdemont necesita que funcione
Más allá de la cuestión de la amnistía, lo que ha ocurrido en los últimos meses es un giro radical en la estrategia de Junts, que ha pasado de cargar contra ERC por sostener al Gobierno a lanzarse de pleno a una carrera por ser quien mejor negocia con el PSOE.
Una de las cosas que los dos partidos independentistas han obtenido a cambio de la investidura de Sánchez es un espacio de negociación bilateral, entre PSOE y ERC, por un lado, y entre PSOE y Junts, por otro, ambos con acompañamiento internacional. Para los republicanos este mecanismo no es exactamente una novedad, pues lo conciben como una reunión menor y en todo caso vinculada a la mesa entre gobiernos, que seguirá.
Pero, para Puigdemont, este nuevo espacio de negociación es donde debe fraguarse el “compromiso histórico” entre Catalunya y España, que supone, según su punto de vista, la razón profunda de su pacto con el PSOE. Por eso el expresident necesita que esa mesa funcione, que sea visiblemente más eficaz que la mesa de diálogo con el Govern que tanto ha criticado y que el entendimiento con el PSOE vaya dando frutos a lo largo de la legislatura.
En Junts ya han dado señales de que su apuesta por este mecanismo de negociación es decidida. Avanzan además que participará el propio Puigdemont y que se reunirá por primera vez este mes de noviembre.
El líder de Junts tiene por delante varias citas electorales de su máximo interés. La primera el próximo mayo, cuando deberá tratar de revalidar, si así lo desea, su escaño europeo. Para ello sería muy conveniente que su apuesta por el pacto con Sánchez sea percibida por su electorado como un éxito. Pero también las elecciones catalanas, que llegarán a más tardar en febrero de 2025, serán otra importante reválida para su nueva estrategia.
Los plazos de la amnistía, a expensas del TC y el TJUE
Además de los recursos del PP contra la norma, se da por descontada una respuesta judicial a la amnistía que podría impedir su rápida aplicación. Los jueces –empezando por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside el magistrado Manuel Marchena– tienen derecho a acudir al Tribunal Constitucional o incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si tienen dudas sobre el encaje constitucional y en los tratados europeos de la amnistía antes de aplicarla. El PP también ha anunciado ya recursos.
Vengan de togados o partidos, no hay un plazo fijado del Constitucional o el TJUE para responder. Pero de otras cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales sí puede deducirse que la respuesta de ambos tribunales no es inmediata, sino que tarda, por lo menos, alrededor de un año.
Basta un repaso a casos actuales o recientes: el Constitucional tiene pendiente de resolver la cuestión de inconstitucionalidad que el TSJC le envió en julio de 2022 sobre el 25% de catalán en la escuela. En otras cuestiones de inconstitucionalidad sobre asuntos de relevancia, como las que le planteó el TSJ aragonés sobre el segundo estado de alarma en diciembre de 2020, el tribunal de garantías tardó año y medio en responder.
En el caso del TJUE, las dos cuestiones prejudiciales que el tribunal con sede en Luxemburgo ha resuelto a requerimiento del Supremo en el caso del procés han necesitado de medio año y un año y diez meses respectivamente para resolverse. Cabe recordar que en la que se decidió la inmunidad de Oriol Junqueras el líder de ERC estaba privado de libertad, lo que suele acelerar los procedimientos. Por contra, la relativa a la negativa de la Justicia belga a extraditar a los líderes del procés, enviada por el juez Llarena en marzo de 2021, no obtuvo respuesta hasta enero de 2023.