Carné de identidad catalán, 40 años de intentos fallidos para “desconectarse” del DNI español

La librería Les Voltes, situada en el pleno centro de Girona, siempre fue uno de los puntos neurálgicos del activismo catalanista e independentista en el final del franquismo. De ese establecimiento, regentado por Feliu Matamala, salieron algunas campañas muy recordadas en defensa de la lengua catalana, como el “en català, si us plau” de los años 70. Fue esa misma librería la que acogió en 1982 una campaña impulsada por el párroco y activista Josep Dalmau para expedir un carné de nacionalidad catalana. “Se trataba de algo testimonial, no se pretendía que fuese oficial ni que sustituyera al DNI”, explica Joan Matamala, actual responsable de la librería. “Era una campaña para mantener [encendida] la llama”, resume el librero, que afirma que todavía los reparten, con el diseño original y están a punto de llegar a los 100.000 documentos distribuidos.

Han pasado cuarenta años desde que mossèn Dalmau tuviera aquella idea, pero los intentos del independentismo catalán por deshacerse del carné de identidad español no han hecho más que multiplicarse. “Estás cansado de la cancioncilla de ¿qué pone en tu DNI? Pues sí, Identidad Digital Republicana”. Con este eslogan se anuncia en webs el nuevo carné que ha presentado estos días el Consell per la República (CxR), la entidad privada controlada por Carles Puigdemont desde Bélgica. Una tarjeta que la entidad da a sus socios (previo pago de 6 euros o 12 en formato físico) y que otorga a cada portador un número de ID y un código QR, que permite identificarse ante el propio Consell per la República y, también, ante las empresas o entidades privadas que se adhieran a la iniciativa.

Aunque sus impulsores visten el carné con una pátina institucional, lo cierto es que no permite hacer trámites con la administración. Su utilidad es, según la nota de prensa del CxR, además de poder participar en los espacios de deliberación de la entidad, “crear comunidad, cohesión y conciencia de colectividad”. Un “espacio de soberanía y de empoderamiento ciudadano”, indican, “fuera del control del Estado español”.

El CxR sugiere una pseudo oficialidad que no acaban de concretar. El coordinador del Consell, el eurodiputado Toni Comín, ha apuntado en sus intervenciones ante los medios que, aunque tiene una limitada función acreditativa, su principal valor es “político”. “Sirve para identificarse ante las organizaciones, empresas, medios de comunicación o entidades de la sociedad civil que quieran reconocerlo como documento de identificación, como documento digamos oficial, en sustitución del DNI español”, explicaba Comín en TV3. “Pero yo creo que lo más importante es el valor político, porque esto es como si la papeleta del 1 de octubre se hubiera transfigurado en forma de carnet, porque al final ser miembro del Consell es mantener vivo ese voto”, añadía.

El DNI.cat y la explosión del carné 'souvenir'

Ni la que el mossèn Dalmau lanzó en la librería Les Voltes de Girona hace cuatro décadas ni la más reciente del Consell per la República de Puigdemont han sido las únicas intentonas independentistas por conseguir un documento de identidad solo catalán. Tras Dalmau, fue el Partit per la Independència, una escisión de ERC liderada por Àngel Colom y Pilar Rahola, el que en 1998 rescató la iniciativa y repartió documentos acreditativos de la “nacionalidad catalana”. Diferentes grupúsculos independentistas editaron también en aquella época sus propios carnets que, aunque únicamente acreditaban la membresía de dichas organizaciones, tenían la estética de un documento de identidad catalán.

En el año 2004, finalmente, se lanzó una de las iniciativas más conocidas y que tuvieron más eco: la Asociación DNI.cat. Impulsada por el informático de Terrassa Salva Puig, esta tarjeta se reivindicaba como “documento nacional de identidad de los Países Catalanes” y como una actualización del clásico carné de Dalmau. “Aprovechando los recursos que actualmente nos proporciona la tecnología, ponemos a su disposición DNI.cat, desde donde podrá conseguir un nuevo formato, más moderno y de dimensión estandarizada (8,24 cm. X 5,4 cm.)”, afirmaban desde la organización. Con todo, DNI.cat ya reconocía de entrada que se trataba de un documento sin validez legal y pensando para hacer activismo, pues afirmaba que la tarjeta serviría “en un futuro, siempre dependiendo del número de usuarios, para pedir su legalidad”.

Con todo, había una importante diferencia entre el carné de Dalmau y el de Puig. Mientras que el primero había rechazado elaborar un registro de las personas que recogían su carné, porque entendía que eso hubiera sido tanto como tener una lista de militantes independentistas o catalanistas, DNI.cat sí afirmaba tener previsto elaborar “un registro de los datos introducidos para futuras renovaciones y / o rectificación de los datos, que pasarán a formar parte de un archivo completamente confidencial”. En el año 2013, en declaraciones a Nació Digital, el responsable negaba cualquier problema de privacidad. “Solo yo tengo acceso”, indicaba, “por lo que decidimos no imprimirlos en una rotativa sino hacerlo con nuestra impresora aunque ello supusiera gastarse más de 4.000 euros para que tuviera suficiente calidad”.

Según su creador, el DNI.cat había conseguido 'colar' en algunos trámites no oficiales, como reservas de hoteles o tramites menores en el extranjero. Sin embargo, lo que sí consiguió aquella tarjeta fue iniciar un boom de documentos 'souvenir'. A finales de la década y en los primeros compases del procés, diferentes empresas vendían fundas de DNI y de pasaportes con simbología catalana, junto con el 'merchandising' más clásico que incluía fundas para el móvil, prendas de ropa, etc. Aún hoy puede encontrarse a la venta una de las fundas de pasaporte que hicieron fortuna en aquella época.

Una identidad digital de la Generalitat

Una década y media después de aquello, mucho han cambiado las cosas, tanto en Catalunya como en la esfera tecnológica. La relación con administraciones, empresas y entidades a través de la red son hoy algo común y para ello han surgido diversas formas para acreditar la identidad. La más habitual es el registro como usuario, mediante un nombre y una dirección de correo, que sirve como validación. Pero hay trámites que requieren mayores niveles de seguridad y, por tanto, identidades digitales más robustas. Para esto, la Generalitat dispone desde el año 2003 de una firma electrónica que expide a través del consorcio Administració Oberta de Catalunya (AOC), que permite hacer todo tipo de trámites con la administración catalana, ayuntamientos y, de forma más reciente, también con muchos organismos del Estado.

Sin ir más lejos, con uno de los certificados de la AOC se puede presentar la declaración de la renta ante la Agencia Tributaria, exactamente igual que con el eDNI o con la Firma Electrónica Fábrica de Moneda y Timbre, los dos certificados digitales más comunes utilizados por la administración central.

Sin embargo, en el año 2019, la Generalitat trató de dar un paso más y presentó el proyecto IdentiCAT, un nuevo modelo de identidad digital que va mucho más allá del certificado y que estaba planteado como un verdadero DNI electrónico. Lo revolucionario del proyecto, según lo presentó el departamento de Polítiques Digitals, era que gracias a la tecnología blockchain los usuarios eran los únicos dueños de sus datos y por tanto podían usarlos sin estar depositados ante la administración, que simplemente se encargaba de validar el modelo. La Generalitat hablaba de una “identidad digital autosoberana”, con la cual los ciudadanos catalanes se podrían identificar ante cualquier organismo, hacer transacciones electrónicas y, llegado el caso, votar.

Pero el Gobierno central apagó pronto las expectativas de la Generalitat de hacer el “DNI catalán”, mediante un decreto con el que anunciaron que ponían “punto final” a la “república digital catalana”. La nueva regulación prohíbe el uso de tecnologías de registro distribuido para sistemas de identificación, por lo que deja en punto muerto la plataforma presentada por la Generalitat, que utilizaba blockchain. Junto a esto, el Gobierno obligaba a que cualquier base de datos con censos ciudadanos estuviesen situadas dentro de las fronteras de España, al tiempo que se facultaba para tomar el control de la infraestructura de Internet sin autorización judicial, en caso de necesitarlo.

Las identidades digitales, cada vez más descentralizadas

El DNI español nació como proyecto mediante un decreto de 1946, después de más de un siglo en el que los ciudadanos utilizaban para identificarse cédulas de seguridad o “pasaportes interiores” que expedían las policías, diputaciones provinciales o diversas instituciones. De hecho, hasta 1962 no fue obligatorio tener un documento nacional de identidad, que fue expedido por primera vez el 20 de Marzo de 1951 en Valencia. En la actualidad, las firmas digitales y el DNI electrónico permiten hacer casi cualquier trámite desde una computadora, validando nuestra seguridad de forma telemática. Sin embargo, el concepto ha cambiado poco desde aquellos primeros documentos del XIX que se utilizaban como salvoconductos para circular por el territorio.

La diferencia entre un billete de 20 euros y un vale de 20 euros en un comercio es que el primero está respaldado por uno o varios estados, mientras que el segundo tiene tanta credibilidad como se le quiera dar a su emisor y portador. Esta simplificación sirve para entender la diferencia entre un DNI y el carnet de un club privado. El primero es unánimemente aceptado y tiene validez universal, mientras el segundo solo vale entre quienes lo reconocen. Lo mismo ocurre con las firmas digitales. Las hay centralizadas, como el eDNI, pero cada vez más instituciones aceptan otras, siempre que las consideren seguras y confíen en su gestión, como puede ser el IDCat del consorcio AOC, dependiente de la Generalitat.

La nueva tendencia hacia la descentralización de las identificaciones digitales ha vivido una revolución gracias a la tecnología blockchain, que permite fragmentar la información para hacerla inaccesible a terceros y da el control total al usuario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió al proyecto de una nueva identidad digital europea el pasado mes de septiembre, cuando presentó sus planes para la transición tecnológica del continente. Un pequeño paso que podría ser clave para impulsar la digitalización de la administración y la economía y que superaría tanto los certificados digitales nacionales como aquellos emitidos por organizaciones privadas.