El líder del PP ha acudido este martes a Barcelona en plena guerra política por la decisión judicial que ha impuesto un 25% de clases en castellano en una escuela de Canet de Mar. Pablo Casado se ha reunido con varias entidades y ha anunciado una batería de medidas parlamentarias y judiciales, entre otras quitar al Govern las competencias en inspección educativa para garantizar que se cumplen las decisiones judiciales y se acaba con la inmersión lingüística en Catalunya. Casado ha comparado la escuela obligatoria en catalán con la segregación racial en Estados Unidos para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha pedido que “actúe como Kennedy” y no deje “desamparada” a la familia del escolar de Canet que pidió más clases en castellano.
“Esta es una causa de la humanidad”, ha asegurado Casado. “Se ha recordado mucho el caso de Ruby Bridges en Misisipi en 1960, pero se ha recordado menos que dos años después el presidente Kennedy tuvo que mandar a las tropas federales para escoltar a los alumnos en la universidad frente a la segregación racial que el gobernador de ese estado seguía planteado. Esas son las causas que merecen la pena, pero tiene que haber presidentes como Kennedy que quieran dar la batalla”, ha asegurado el presidente del PP.
Casado no ha ahorrado calificativos contra la inmersión, que ha tildado de “apartheid lingüístico” y de “ingeniería social”, después de lanzar algunos bulos recurrentes sobre las escuelas catalanas, como que se “meten piedras en las mochilas de los niños que hablaban castellano”, que los profesores no dejan ir al baño a los niños que no lo piden en catalán o que hay escuelas en las que los profesores “señalan a los hijos de la Guardia Civil y la Policía”.
Sin embargo el líder de la oposición ha considerado que el capítulo de Canet, donde la familia ha denunciado la emisión de varios tuits con amenazas, va incluso más lejos que los anteriores episodios relatados. El líder del PP ha denunciado que el señalamiento que está sufriendo el niño, el boicot al negocio de sus padres y las amenazas y acoso a la familia. “Todos somos los padres de Canet”, ha apuntado.
“El Govern está cometiendo delitos”, ha proclamado Casado. “De entrada uno de desacato a las decisiones judiciales, también, si persiste, de desobediencia, y después uno de prevaricación”, ha resumido el del PP. Tras eso ha “avisado” al conseller y al president de que si no se cumplen las sentencias será el propio partido quien acuda a la Justicia. “Si el Govern persiste en estos incumplimientos, pedimos al Gobierno que inicie el procedimiento constitucional [para aplicar el 155]”, ha añadido.
En la reunión mantenida con entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que tutela el caso de la familia de Canet, Societat Civil Catalana, S'ha Acabat o Impulso Ciudadano, Casado también ha desplegado un catálogo de propuestas entre la que destaca que el Gobierno recupere las competencias de inspección. En este sentido el líder del PP ha prometido crear un cuerpo de alta inspección estatal, para garantizar que en las escuelas se garantiza el cumplimiento de los porcentajes mínimos de castellano impuestos por la justicia.
A medio plazo, sin embargo, los planes de Casado en materia lingüística y educativa van mucho más allá. El líder de la oposición plantea acabar por ley con la inmersión en catalán garantizado un modelo en el se garantice la “libertad de elección de los padres”, un modelo para el que ha propuesto el trilingüismo –junto al inglés– antes que el modelo de líneas diferentes que opera en zonas como el País Vasco, Navarra o la Comunidad Valenciana.
Para ello el líder de la oposición ha prometido que si llega al Gobierno aprobará una una nueva Ley Educativa, que garantizará “la elección de colegio, el castellano como lengua vehicular compartida con las lenguas cooficiales, evaluaciones de nivel estatales, EBAU única y contenidos troncales a nivel nacional para acabar con el adoctrinamiento”.
En paralelo, Casado ha prometido una ley de lenguas, con el objetivo de “blindar, tutelar y defender tanto la libertad de elección de lengua en castellano como la garantía de acceso a la función pública”. Según los planes expuestos por el líder de la oposición, esta norma estatal garantizará que las administraciones autonómicas o locales no puedan exigir el conocimiento de las lenguas del lugar para acceder a puestos de trabajo públicos, pues según ha apuntado, es una discriminación para quienes no las conocen.