La Generalitat de Catalunya ha aprobado ampliar el uso del certificado COVID-19 debido al incremento de los contagios. Si ahora se exige para acceder a las discotecas, el Consejo Ejecutivo del Govern, reunido este martes, ha avalado imponerlo también para entrar en bares, restaurantes, gimnasios y residencias de mayores. Antes de que su entrada en vigor, prevista para el viernes y durante quince días, la medida deberá validarla el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El objetivo del Govern es que esta extensión del uso del pasaporte COVID-19 sirva para “reducir los riesgos de contagios” y “evitar la sobrecarga del sistema sanitario” sin tener que adoptar por ahora nuevas restricciones de aforos y horarios. Así lo ha argumentado Patrícia Plaja, portavoz del Govern, que ha defendido también que una mayor generalización del certificado incentivará también la vacunación entre los que a estas alturas todavía la rechazan.
Si la justicia acaba dando el visto bueno a esta nueva medida, Catalunya se convertiría en la comunidad con un uso más extendido del certificado. Sería necesario para acceder a bares, restaurantes, gimnasios, determinados centros deportivos, residencias de mayores y también, como hasta ahora, en discotecas y en eventos sociales con baile que se celebren en interiores de hoteles. En el caso de los geriátricos, se pedirá el pasaporte a quienes vayan a visitar a un familiar, y los que no lo tengan podrán solicitar que se les haga un test de antígenos en el centro para comprobar si tienen el virus.
En materia de hostelería, lo que se conoce por ahora es que la exigencia será solo para los interiores de bares y restaurantes, no en las terrazas. Sobre otros posibles detalles, por ejemplo si se pedirá en función de la capacidad del local, se están acabando de ultimar los flecos en una reunión del Procicat, el organismo de la Generalitat que gestiona la pandemia.
El Govern, y en especial el Departamento de Salud, llevaba semanas barajando cómo extender el uso del certificado. El conseller Josep Maria Argimon ya dejó claro anteriormente que priorizarían el uso de esta acreditación frente a nuevas restricciones de horarios y aforos en esta sexta ola de COVID-19 y que lo iban a hacer antes del puente de diciembre.
Catalunya es en estos momentos una de las comunidades autónomas con mayor incidencia de coronavirus, con 186 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, solo superada por Navarra, País Vasco y Aragón. Los casos se han multiplicado en el último mes y los hospitalizados por coronavirus ya superan los 500 –119 de ellos, en la UCI–.
El aval judicial a este uso más generalizado del pasaporte es por ahora una incógnita. En el País Vasco, los jueces tumbaron la intención de aplicarlo en hostelería y ocio nocturno por considerar que no estaba debidamente justificada la restricción de derechos fundamentales que implica. En Catalunya, sin embargo, el precedente es la exigencia del certificado en las discotecas, una medida que sí avaló el TSJC.
Fue el pasado 7 de octubre cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC concluyó que esta era una medida “idónea” para evitar la propagación del virus. Sobre todo al tratarse las discotecas y otros locales nocturnos de espacios cerrados, con mucha interacción social y poca distancia entre personas. También consideraron los magistrados que se trataba de actuación “proporcional”, dado que estos establecimientos permanecieron cerrados durante mucho tiempo.
Resignación de hosteleros; aplauso de geriátricos
Las primeras reacciones al anuncio del Govern han sido dispares en función del sector. El Gremio de Restauración de Barcelona ha saludado con “resignación” el nuevo requisito para acceder a sus locales y ha pedido que sea definitivamente “substitutiva” de restricciones de horario y aforos que puedan plantearse en el futuro, “completamente inasumibles en estos momentos”, según ha declarado su presidente Roger Pallerols.
Además, el portavoz del Gremio ha argumentado que, si el objetivo de la medida es incentivar la vacunación, debería extenderse a muchos otros sectores. “Se debería exigir también en centros comerciales, establecimientos de degustación, equipamientos culturales, etc.”, ha reclamado.
La patronal de residencias de mayores ACRA, por su parte, ha celebrado una medida que venían reclamando desde hace semanas. “Es una medida ampliamente reivindicada por el sector, creemos que va en la buena dirección y debería permitir anticiparnos a un posible empeoramiento de la situación pandémica”, ha valorado Montserrat Llopis, directora de la asociación. También ha pedido que afecte no solo a las visitas, sino a los propios profesionales de los geriáticos, pero esto por ahora no está encima de la mesa del Govern.