La vuelta al colegio en septiembre empieza a vislumbrarse más parecida a la vieja normalidad de lo que algunos docentes y familias podían imaginarse durante la epidemia. La Generalitat ha anunciado que el inicio de curso será presencial para los 1,5 millones de alumnos, con grupos estables en los que no haga falta llevar mascarilla o mantener las distancias y, eso sí, con una inyección de 5.000 profesionales más que el año anterior.
“Los colegios abrirán con la absoluta normalidad que permitan las medidas sanitarias”, ha expresado el conseller de Educación, Josep Bargalló, que ha comparecido acompañado del vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès y de la consellera de Salud, Alba Vergés. Esta última ha reconocido que el cierre de los centros educativos no fue determinante para contener el virus y que, por lo tanto, su apertura debe ser generalizada cumpliendo con las medidas de higiene y controlando los síntomas de alumnos y profesorado.
Tal como planteó el Ministerio de Educación, los centros formarán grupos estables de alumnos (que pueden coincidir con el grupo-clase, aunque no necesariamente) y permitirán que entre ellos se relacionen sin las medidas de seguridad básicas. Si, por ejemplo, a un profesor especialista externo le toca dar clase a este grupo, se tendrá que poner mascarilla o mantener las distancias de seguridad.
La idea de la Generalitat es que cada grupo estable de Primaria tenga un máximo de dos docentes estables y cada grupo de Secundaria, un máximo de cinco.“No es fácil de organizar, los jefes de estudio tiene experiencia en hacerlo en situaciones complejas”, ha reconocido Bargalló.
Las mismas ratios de siempre
De esta forma, las ratios de alumnos por aula serán los mismos de siempre, aunque al principio se barajó reducirla a 20 o incluso a 15. Finalmente, se mantendrán las que fija la ley (20 en Infantil, 25 en Primaria y 30 en Secundaria), aunque se permitirá a los centros dividir grupos si lo consideran necesario por razones educativas o sanitarias.
Para ello, la Generalitat ha anunciado la contratación de un “mínimo” –según Aragonès– de 5.000 profesionales, la mayoría de ellos docentes, aunque no solo. Es una cifra que se suma a las 700 plazas ya presupuestadas antes de la epidemia. El volumen de nuevas contrataciones es muy superior al de 2018 (690) o 2019 (670) y está cerca de los 5.500 del año 2017 (cuando se rebajó una hora lectiva al profesorado), aunque entonces era solo para la pública y ahora en principio incluye a la concertada.
La inversión adicional que prevé la Generalitat para hacer frente a la “emergencia educativa”, en palabras de sus responsables, son 370 millones de euros, 233 de los cuales irán destinados a las contrataciones. 103 millones de euros serán para adelantar un plan de transformación digital que tenían previsto hacer en cinco años –contempla garantizar conectividad a los alumnos que no la tengan– y 33 millones para combatir la segregación escolar.