La Generalitat da luz verde a las empresas que quieran usar desaladoras propias para abastecerse de agua y esquivar así las restricciones en sus actividades económicas. Como el Plan de Sequía catalán no lo permitía, este jueves el Comité Interdepartamental de Sequía ha decidido modificarlo, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo Partícia Plaja en rueda de prensa.
A pocas semanas de que se inicie la temporada turística de Semana Santa, esta noticia será bien recibida sobre todo por los hoteleros. Fueron los de Lloret de Mar, en la Costa Brava, los primeros que propusieron costear una desaladora para poder rellenar piscinas –algo que está prohibido por norma en emergencia– y salvar así su actividad.
El Comité Interdepartamental ha aprobado también la entrada en fase de emergencia II de los primeros 12 municipios en Catalunya, los que dependen del pantano de Darnius-Boadella, en Girona, que está al 11% de su capacidad. La docena de municipios (Figueres, Cabanes, Cadaqués, Castelló d’Empúries, Fortià, Figueres, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra i el Far d’Empordà) deberán reducir su consumo máximo por habitante y día de 200 a 180 litros. Por otra parte, la Generalitat ha concretado también la flexibilización de las restricciones de agua al sector primario después del ciclo de protestas a las últimas semanas.
Plaja ha comparecido junto a los secretarios generales de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos, y el de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Josep Vidal.
Luz verde a las desaladoras privadas
En cuanto a las desaladoras portátiles, la Generalitat ha justificado la medida para mantener los puestos de trabajo, y ha abierto la puerta a que no sea solo una posibilidad para el sector turístico, sino también para el industrial, sujeto a recortes de agua del 25% en emergencia. “El objetivo es garantizar la actividad económica y el empleo”, ha insistido Plaja, que ha reconocido que para ello ya han mantenido contactos y reuniones con el sector turístico.
Las condiciones para instalar desaladoras portátiles serían que el coste lo asuman íntegramente las empresas y que no perjudique al abastecimiento ordinario de agua de los municipios. También deberán justificar que sirva para conservar los puestos de trabajo y que tenga los permisos por parte de la Agencia Catalana de Agua (ACA), como los métodos de eliminación de la salmuera.
Algunas de las dudas que ha dejado la rueda de prensa ha sido si se podrá usar el excedente de esa producción para el uso doméstico y si su utilización permitirá a las empresas sortear cualquier restricción (no solo llenar piscinas, sino regar jardines o activar fuentes ornamentales, en cuanto a las actividades hoteleras). Para conocerse el detalle, al tratarse de una modificación “no sustancial” del Plan de Sequía habrá que esperar a que se apruebe en el Consell Executiu previa consulta a los agente sociales.
La mayoría de la población catalana se encuentra desde el pasado 2 de febrero en situación de emergencia por la falta de lluvias. Se trata de unos 240 municipios (entre los de fase I y II), entre ellos las principales ciudades de las cuencas internas de Catalunya, que están sujetas a límites del consumo de agua, además de a restricciones como la prohibición de regar jardines o de llenar piscinas bajo amenaza de sanción.
La sequía que golpea Catalunya desde hace tres años es la más grave que ha padecido la comunidad desde que existen registros. Actualmente los embalses del sistema de los ríos Ter y Llobregat, que abastece al área metropolitana de Barcelona y a Girona, se encuentran al 14,9% de su capacidad.
Nuevas exenciones para el sector primario
Tras semanas de movilizaciones del sector agrario y ganadero, el Govern ha acordado también suavizar algunas de las restricciones de agua que les afectan. “Se trata de una flexibilización quirúrgica que permite dar respuesta a las demandas del sector agrícola en tiempo inmediato”, ha defendido Plaja.
En cuanto a la ganadería, el ejecutivo ha acordado retirar la obligación de reducir un 50% el uso de agua en aquellas explotaciones donde la actividad se basa en hembras reproductoras (como porcino, vacuno, ovino y caprino de leche y carne, y aves de corral incluidas las ponedoras, y conejos). En el caso de las explotaciones de engorde para carne, deberá reducirse el consumo de agua en un 50%, o bien el porcentaje que se les apruebe en el plan de ahorro, a través de las medidas que el ganadero crea oportunas implementar.
En la misma línea, para cumplir la limitación de agua, el Gobierno permitirá que la explotación ganadera quede vacía de reses durante el período de tiempo para cumplir este ahorro, pero que después se pueda llenar el 100% de la explotación.
En cuanto a la agricultura, la reducción del 80% en uso del agua no será obligatoria en aquellas explotaciones donde la actividad se basa en cultivos leñosos o permanentes y, por tanto, el porcentaje de reducción será el que permita garantizar la supervivencia de éstos.
De forma complementaria, también ha diseñado un plan de choque para garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas sin acceso al agua. Según ha explicado el ejecutivo, se activará un teléfono que estará disponible las 24 horas del día y los 7 de la semana en el que los ganaderos podrán llamar para gestionar su demanda. A partir de ahí se activará el protocolo y se informará de los puntos de carga de agua potable más cercanos. El coste del agua será gratuito y el ganadero sólo deberá hacerse cargo del transporte, ya sea a través de medios propios o través de la contratación de alguna empresa de cisternas.