Catalunya impulsa una ley para garantizar un cajero automático en todos los municipios

El Govern de Catalunya ha redactado una proposición de ley estatal para garantizar el servicio de cajero automático a los municipios en riesgo de exclusión financiera. Se trata de una iniciativa que quiere garantizar un mínimo de servicios bancarios en los pueblos más pequeños y que se basa en los principios de voluntariedad y subsidiariedad, según ha explicado este jueves en rueda de prensa el conseller de Economía, Jaume Giró. El titular de Economía confía en que salga adelante y reiteró que el texto no prevé “ni un euro público” para las entidades bancarias, que no podrán cobrar comisiones a los municipios en riesgo de exclusión financiera. Asimismo, el texto detalla que el acceso a los servicios bancarios se considera un “derecho ciudadano”.

Giró ha apuntado que el “propósito” del Govern con la proposición de ley es “abrir un debate” sobre la exclusión financiera en Madrid. De hecho, el texto llega después de que el Senado haya aprobado por unanimidad un informe en el que reclama al Ejecutivo español y a los gobiernos autonómicos que aseguren la atención personal a las personas mayores a los bancos y las administraciones. Asimismo, coincide con la campaña “Soy mayor, no idiota”, que reclama un trato “más humano” por parte de las entidades financieras a las personas mayores. Ahora bien, en relación al sector financiero y bancario el Ejecutivo catalán no tiene competencias y por este motivo han optado por impulsar una proposición de ley.

La propuesta del Departamento de Economía establece un marco legal para regular la instalación de cajeros automáticos en los municipios más pequeños. En este sentido, prevé que la implantación sea obligatoria en caso de que no se cubran las necesidades y no se puedan cobrar comisiones -sólo las aplicables a todos los efectos-. El texto consta de 32 artículos, ordenados en tres títulos, cinco disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Giró ha anunciado que este mismo jueves se pondrá a disposición de los grupos parlamentarios -tanto del Parlament como del Congreso- para encontrar los “máximos apoyos posibles” para que salga adelante.

“No tengo ninguna seguridad de que la proposición de ley acabe en ley”, ha reconocido Giró. “La política es la política”, añadió. En esta línea, ha opinado que el texto “no tiene signo político ni partidista” y ha defendido que ha tenido “buena acogida” entre las entidades municipalistas y las asociaciones de consumidores, con las que se ha reunido a primera hora de la mañana. Asimismo, el conseller de Economia ha explicado que no ha hablado con ninguna entidad bancaria, pero confía en que “no pondrán palos en las ruedas”. “Es una medida asumible, viable, realista y que no pide nada del otro mundo”, ha defendido.

La proposición para combatir la exclusión financiera

La proposición de ley define como municipios en riesgo de exclusión financiera a aquellos que no disponen de una oficina bancaria ni de un cajero automático en el término municipal. De acuerdo con el texto, es en éstos donde será necesario instalar, al menos, un cajero.

En primer lugar, la instalación se prevé voluntaria por parte de las entidades en los municipios que más les convenga y los gastos irán a cargo de las entidades. Ahora bien, en caso de que ninguna entidad quiera asumirlo, se activará el régimen de instalación obligatoria y se realizará un primer requerimiento a las entidades.

Si las entidades no ejecutan la instalación, en una segunda fase el texto prevé que serán las administraciones públicas de carácter subsidiario, es decir, las más cercanas al ciudadano, quienes tendrán que hacerse cargo. En este supuesto la implantación se financiará con cargo a un fondo de nueva creación, el 'Fondo de garantía del servicio de cajero automático a los municipios en riesgo de exclusión financiera', adscrito a la Administración General del Estado. Este fondo se dotará de las aportaciones que realicen las propias entidades en función de su implantación en cada demarcación, que se calculará a partir de la cuota de mercado en depósitos y créditos. Giró ha defendido que sería una “anomalía” que en este punto se destine dinero público.

Asimismo, se priorizará que los municipios en los que sólo se instale un cajero automático tengan “cerca” una oficina bancaria de la misma entidad. Las condiciones en relación con los cajeros también establecen que tendrán que estar operativos las 24 horas del día de cada día del año y tendrán que prestar las funciones básicas. El mantenimiento correrá a cargo de las entidades proveedoras.

Reducción “notable” de los servicios financieros básicos

Todo ello ha llegado después de que el Departamento de Economía haya registrado una reducción “notable” de los puntos de acceso a servicios financieros básicos. Así, desde 2008 en Catalunya 5.582 oficinas bancarias han bajado la persiana, un 68% de las existentes, según cálculos de la conselleria. Asimismo, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación Ramón Areces, Catalunya es la comunidad autónoma donde más ha disminuido el número de oficinas en este periodo.

Giró aseguró que son unas cifras “preocupantes” y aseguró que “aún hay tiempo” para revertir el problema.

Las entidades municipales consideran que es “un paso adelante”

La proposición de ley se ha anunciado después de que Giró se haya reunido con varios representantes de entidades municipalistas y asociaciones de consumidores, que han valorado “muy positivamente” la propuesta.

“Estamos hablando de un tema social. Esta iniciativa tiene todo nuestro apoyo”, apuntó el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Lluís Soler, quien recordó que un 48% de los municipios catalanes no tienen oficina bancaria ni ningún punto de acceso a efectivo. En este sentido, aseguró que los cajeros son un “recurso básico” para revertir la exclusión financiera y pidió “complicidad” a los partidos políticos del Congreso.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Municipios de Catalunya y alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, consideró que la exclusión financiera es “un problema grave”. Fonollosa ha denunciado que la gente mayor está “maltratada” por las entidades financieras y ha considerado que la proposición también puede ser una “herramienta” para frenar el despoblamiento. “La iniciativa es muy acertada”, ha subrayado.

El presidente de la Asociación de Micropueblos de Catalunya y alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, ha apuntado que los micropueblos son quienes “más” sufren la exclusión financiera porque a las entidades financieras no les es viable instalarse en territorios con pocos habitantes. En este sentido, reconoció que es “muy difícil” que en estos municipios se implanten oficinas, pero celebró que exista la posibilidad de acceder a un cajero automático. Urrea ha apuntado que, paralelamente, deberá formarse a la gente mayor para que aprendan a utilizarlos en su día a día. Asimismo, ha criticado que hoy en día hay entidades que les hayan ofrecido instalar cajeros, siempre que sean financiados por los ayuntamientos.