La Generalitat de Catalunya ha firmado este jueves un acuerdo con la OCDE, el mismo organismo internacional que realiza las pruebas PISA, para recibir asesoramiento y revertir sus malos resultados escolares. El president Salvador Illa, la consellera de Educación, Esther Niubó, y el director de Educación y Competencia del ente, Andreas Schleicher, han estampado su firma en un documento de intenciones que deberá traducirse en un convenio del que por ahora se desconoce el coste, pero que financiará la Generalitat.
La voluntad de alcanzar este acuerdo la manifestó Illa hace meses, coincidiendo con el inicio de su mandato y del curso escolar, cuando aseguró que su gobierno se proponía remontar el nivel académico de los alumnos catalanes en un período de entre cuatro y seis años. La debacle se observó con los resultados de las pruebas PISA de 2022, en los que Catalunya empeoró muy por encima de la media española, especialmente en lectura y matemáticas.
Desde entonces, el Govern –antes en manos de ERC, ahora del PSC– ha buscado la forma de mejorar las competencias básicas de los escolares catalanes. Y una de las medidas que puso sobre la mesa Illa es este acuerdo con la OCDE, que durará cuatro años, y que debe servir para acercar a las aulas catalanas las políticas educativas y prácticas docentes que facilitan el éxito educativo en otros países de la organización.
Illa y Schleicher han defendido el acuerdo en un breve discurso desde el instituto Marta Mata de Barcelona. “Hoy damos un paso muy relevante, en la dirección correcta, que es aprovechar las experiencias de los demás países que se enfrentan a situaciones similares a la nuestra”, ha expresado Illa, que ha advertido que no habrá resultados inmediatos.
El trabajo, ha añadido, es a cuatro años vista. En 2025 se elaborará un diagnóstico por parte de la OCDE, que se entregará en el mes de septiembre; en 2026, se comenzarán a llevar a cabo las reformas recomendadas; 2027 será de “consolidación”, y 2028, para difundir y compartir lo que haya funcionado.
De forma sucinta, la Generalitat ha comunicado que los trabajos de ente internacional consistirán en elaborar ese “informe integral” con un diagnóstico del sistema educativo y con recomendaciones de políticas educativas “concretas”, un documento que será público, y que se acompañará de otro informe interno para la conselleria llamado “Prioridades para la acción”. Luego habrá dos informes de seguimiento anuales y al final del proceso, en 2028, uno que “sintetizará los resultados del proyecto”.
“No podemos decir qué debe hacer Catalunya, pero sí podemos ayudar a encontrar qué hacen el resto con éxito”, ha señalado Schleicher, en especial para “atraer a los maestros más talentosos hacia las aulas más complicadas”. “Traeremos [a Catalunya] gente de otros países que se han enfrentado a retos parecidos y que los han superado con éxito”, ha añadido el responsable educativo de la OCDE.
La noticia del acuerdo ha sido recibida ya de entrada con rechazo por parte del sindicato mayoritario de la enseñanza pública, la USTEC, que lo considera un “menosprecio” a la comunidad educativa. “No es la OCDE quien debe marcar el rumbo del sistema educativo, somos los profesionales de la educación y la comunidad educativa, que conoce de primera mano sus necesidades”, ha afirmado la portavoz del sindicato, Iolanda Segura.
En este aspecto, la Generalitat defiende que el proceso deberá contar con la “participación activa” de los agentes educativos “para asegurar que las reformas responden a las necesidades reales de los centros”, además de contar con un “consenso amplio”.