Ciudadanos denuncia por segunda vez en dos meses al conseller de Educación por el 25% de castellano

Ciudadanos quiere que la defensa del castellano en el aula pase por los tribunales. El partido de Inés Arrimadas ha denunciado ante la Fiscalía –por segunda vez en los últimos dos meses– al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por supuestamente incumplir la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas. La Fiscalía ya archivó la primera denuncia de la formación al considerarla “más política que jurídica”.

En declaraciones a los medios tras registrar la denuncia en la Fiscalía Superior de Catalunya, Arrimadas ha acusado al conseller de Educación de la Generalitat de “estar actuando como un matón” con la aplicación del 25% de castellano en las aulas catalanas. A juicio de Arrimadas, el último decreto del Govern sobre las lenguas en la enseñanza “es clarísimamente un intento de desobediencia” a la sentencia.

Lejos de aclararse, la cuestión de las lenguas en las aulas corre el riesgo de permanecer en los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) es quien tiene ahora la pelota sobre su tejado después de recibir la última respuesta del Govern, en la que el Ejecutivo catalán consideraba imposible de aplicar el fallo del 25% debido a la aprobación de la nueva normativa lingüística.

A la espera de lo que acuerden los magistrados, partidos políticos y entidades contrarias a la inmersión ven la maniobra del Govern como una forma de sortear y desoír la sentencia, por lo que ya han anunciado que instarán a la Justicia a actuar por un delito de desobediencia contra el conseller de Educación. El primero en acudir a la Fiscalía ha sido Ciudadanos.

Entiende Ciudadanos que una vez cumplido este martes el plazo dado a la Generalitat para ejecutar la sentencia sí obtendrán una respuesta de la Fiscalía conforme a sus intereses y no un archivo de las actuaciones como ocurrió hace menos de un mes, cuando el Govern todavía estaba dentro del período legal para implantar voluntariamente el 25%.

La Fiscalía archivó la primera denuncia de Ciudadanos el pasado 4 de mayo al concluir que ni Gonzàlez-Cambray ni ningún otro responsable de la conselleria había dictado órdenes o instrucciones “tendentes al desacato” del 25%. El Ministerio Público volvió a recordar que es el director de cada centro el competente sobre los planes lingüísticos. Los responsables políticos de la conselleria sí pueden, a criterio de la Fiscalía, “impartir instrucciones unificadoras”, pero su ejecución concreta recae en los directores.

Ciudadanos considera que ahora la situación ha cambiado con la última respuesta del Govern al TSJC para no aplicar la sentencia y con las instrucciones enviadas por Gonzàlez–Cambray a los directores de los centros sobre los usos lingüísticos.

“No vamos a dejar ni una infamia sin combatir y no vamos a dejar ni una herramienta democrática sin utilizar para defender los derechos de los catalanes que en el fondo es autodefendernos del Govern de la Generalitat”, ha añadido Arrimadas.

Más denuncias al TSJC

Al margen de la iniciativa de Ciudadanos ante la Fiscalía, las entidades Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han denunciado a Gonzàlez–Cambray, por un delito de desobediencia y otro de prevaricación ante el TSJC. Las plataformas contrarias a la inmersión acusan al conseller de “desobedecer” y no aplicar la sentencia del 25%.

Las entidades reprochan que Gonzàlez-Cambray no ha cumplido la orden del TSJC y subrayan la pregunta del Govern a las escuelas sobre si su proyecto lingüístico evita el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas. “Si se contesta 'no' a esta pregunta se anula el proyecto lingüístico, lo que impide de manera directa que se cumpla la sentencia”, indican en su denuncia.

Ven en el formulario enviado a las escuelas “una clara estratagema para no cumplir la sentencia”, tachan el decreto del Govern de arbitrario y acusan a Gonzàlez-Cambray y a su conselleria de actuar contra derecho a sabiendas. En caso de que se admita su denuncia, las entidades piden empezar la investigación interrogando a Gonzàlez–Cambray como investigado por estos hechos.

Por otro lado, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha pedido al TSJC que abra la vía penal contra Gonzàlez-Cambray por desoír la sentencia del 25%, y que le imponga además una multa de 1.500 euros diarios “en tanto en cuanto no conste que, de manera efectiva, todos los alumnos catalanes reciben al menos un 25% de la docencia en cada una de las lenguas oficiales con carácter vehicular”.