El Parlament de Catalunya tiene 135 escaños, por lo que uno de los números más importantes de la Cámara es el 68, que otorga la mayoría absoluta. Pero hay otras dos cifras que menos gente tiene en cuenta pero que son también significativas: el 81 y el 90, que corresponden a la mayoría reforzada de los tres quintos y a la aún más reforzada de los dos tercios. Muchas de las decisiones especialmente sensibles, como reformas legislativas especiales o el nombramiento de consejos y órganos de dirección de entidades públicas, requieren de esos consensos más amplios. Pero en la pasada legislatura esa cifra fue difícil de alcanzar, pues requería o bien contar con el apoyo de Ciudadanos o bien dejar de lado al que era el grupo más numeroso del Parlament, algo que se quería evitar.
Haber pasado prácticamente dos legislaturas sin poder poner de acuerdo a estos 81 o 90 diputados ha hecho que hasta un centenar de cargos, de más de una treintena de organismos, se hayan quedado sin renovar, pese a llevar tiempo con el mandato caducado. Y eso que algunos estuvieron a punto, como en diciembre de 2018, cuando independentistas, Ciudadanos y PSC pactaron la renovación de la cúpula de TV3 y Catalunya Ràdio, repartiéndose los seis asientos y la presidencia de la corporación pública. Sin embargo, la formación de Arrimadas saltó en el último momento del pacto, después de que Quim Torra hiciera unas polémicas declaraciones sobre la llamada “vía eslovena” hacia la independencia.
El consejo de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), del que deberían nombrarse siete nuevos miembros, es uno de los premios gordos de la larga lista de organismos que han quedado bloqueados, pero ni mucho menos el único. El presidente del Parlament, Roger Torrent, trató de impulsar la renovación de estos cargos durante su mandato e introdujo una relación con todos los organismos que requerían de ser renovados. En enero pasado sumaban en total 28, de los que la mayoría eran consejos asesores de universidades públicas, comités de expertos que asesoran al Parlament u otros consejos asesores.
Además también hay entidades de gran influencia, como los cinco miembros del Consell de Garanties, el llamado TC catalán, o el Consell de l'Audiovisual, encargado de regular ese sector. Tanto para estos dos últimos como para el órgano de gobierno de TV3 y Catalunya Ràdio, se necesita contar con 90 diputados. En cambio, valen 81 para renovar la Sindicatura de Comptes, cuyo cometido es, entre otros, fiscalizar las cuentas de los partidos, la Agència Catalana de Protecció Social, o el propio Síndic de Greuges (equivalente al Defensor del Pueblo), que tiene el mandato caducado desde hace casi dos años.
Los resultados electorales del pasado domingo abren una fructífera vía para acometer estas renovaciones durante la próxima legislatura, gracias a que Ciudadanos ha salido de la ecuación. PSC, ERC y Junts suman por sí solos 98 escaños, por lo que solo necesitan un pacto a tres para superar cómodamente la mayoría reforzada. Las tres formaciones pueden tener interés en ello, ya que prácticamente ninguna está bien representada en ninguno de esos organismos, que en muchos casos responden a la fotografía del Parlament de hace una década, cuando ERC era un partido mucho menor, CiU tenía mayoría y el PSC no ocupaba la posición actual.
Con todo, aunque la presencia de Ciudadanos no ha ayudado, durante la pasada legislatura Junts y ERC han chocado más de una vez a cuenta de estos órganos dependientes del Parlament. El ejemplo más claro fue el de la CCMA, cuando la inesperada salida de Ciudadanos del pacto descubrió una guerra soterrada entre los socios del Govern. El preacuerdo alcanzado establecía que la presidencia quedase en manos de ERC, que designaba a Saül Gordillo, el actual jefe de la radio pública catalana. Sin embargo, después de que no se produjera el relevo y su nombre quedara descubierto, Junts se ha mostrado beligerante con Gordillo, de quien llegó a pedir la dimisión tras la salida de la periodista estrella de las mañanas, Mònica Terribas.
Algo similar ocurrió con la Sindicatura de Comptes, institución que emitió un duro informe en el que certificaba que Laura Borràs había fraccionado contratos en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, un caso por el que la líder de Junts está imputada. Esta manifestación hizo que desde el entorno del partido cargaran contra la Sindicatura y, en concreto, contra Jordi Pons, el miembro que firmaba el informe y que había sido designado por ERC. El propio Pons mostró sus quejas contra el president Quim Torra, a quien acusó de no haber desautorizado con suficiente contundencia a quienes cuestionaban la imparcialidad de la Sindicatura.
En esta nueva legislatura, ERC y Junts deberán superar esas rencillas y, también, saber tender la mano al PSC, para nombrar a todos los cargos caducados. La aritmética ayudará. Con todo, el primer acuerdo que se ve en público es el de la composición de la Mesa del Parlament, donde el tipo de votación favorece la formación de dos bloques y el reparto de las sillas por orden de importancia. Tradicionalmente, cuando ha gobernado el independentismo, los dos partidos mayoritarios se han distribuido las presidencias del Govern y del Parlament, por lo que en teoría esta legislatura sería un miembro de Junts quien llevaría las riendas del legislativo. Y, en cuanto la Mesa se forma, esta tendrá que hacer una primera elección: designar al letrado mayor, después de que Joan Ridao haya anunciado este mismo martes que deja el puesto. Deberes no van a faltar.