La reducción del margen de beneficios de los bancos está haciendo que algunas grandes entidades hayan decidido reducir gestiones que hacían gratis. Uno de estos servicios era poder pagar recibos de servicios básicos en ventanilla a personas que no eran clientes de la entidad. Dos grandes bancos, BBVA y Santander, han enviado instrucciones a sus trabajadores en este sentido, según explicaron algunos empleados de sucursales catalanas a Catalunya Plural.
Bancos y cajas han usado las domiciliaciones de pago de recibos como un mecanismo para fidelizar a su clientela. Las empresas suministradoras de servicios básicos han disfrutado de este mecanismo que evita la gestión directa del cobro y ahorra los recursos humanos que se dedicaban antes a esta tarea.
Pero, con la crisis económica un segmento de la población ha visto como sus ingresos se hacían menos estables. Un mecanismo de regulación del gasto ha sido pagar en metálico las facturas de luz y agua, por ejemplo. Como no tenían el pago domiciliado en una cuenta bancaria evitaban que si no había suficiente saldo se devolviera el recibo y por tanto se aumentara la cantidad final a pagar.
Esta práctica, explican los trabajadores bancarios, la usaban personas con poca disponibilidad económica y también en poblaciones donde sólo una entidad tenía oficina bancaria. En estos casos la totalidad de los vecinos, aunque no fueran clientes, pagaban sus facturas por ventanilla. Esto será más difícil si se extiende la instrucción de no cubrir servicios que no aporten ganancias para las entidades.
Baró de Viver, sin oficinas bancarias
La drástica reducción del número de entidades bancarias y, en el caso de las que restan, el cierre masivo de oficinas, ha hecho que haya zonas en el territorio que hayan quedado sin ninguna sucursal de banco o caja. Esto afecta no sólo a pequeños pueblos de Catalunya, también a la capital, Barcelona: el barrio de Baró de Viver, desde mayo no tiene ninguna oficina bancaria. La que había, del BBVA, cerró, los vecinos y vecinas y los comerciantes deben desplazarse ahora hasta San Andreu para hacer cualquier gestión financiera: pagos, cobro de pensiones, pedir o pagar créditos, domiciliaciones.
Cataluña tiene 945 municipios. Muchos de ellos pequeños. Con la absorción de CatalunyaCaixa por parte del BBVA está en marcha un proceso de cierre de sucursales que se suma al que ya se había producido con la absorción de la mayoría de cajas catalanas.
Para suplir la falta de servicios financieros, hay entidades que han optado por contratar en estos pequeños pueblos a agentes bancarios, explica Lluís Giménez, secretario general del área de banca de CCOO de Catalunya. Pero estos agentes, que dan servicio a clientes de diversas entidades, no pueden asumir con eficacia el mismo trabajo que hacían las oficinas de los bancos. “Esto obliga a veces a que personas de edad avanzada tengan que desplazarse en transporte público decenas de kilómetros para hacer gestiones sencillas como cobrar sus pensiones. Todo ello, mientras se reduce drásticamente la plantilla de bancos y cajas”, apunta Giménez.
En Valencia el gobierno suplirá el déficit
En la Comunitat Valenciana, el gobierno que preside Ximo Puig ha decidido usar el Instituto Valenciano de Finanzas, una entidad pública que puede dar servicios financieros, para atender a la población que, ante el cierre masivo de oficinas bancarias. Porque, además, hay una parte de la población que, como consecuencia, no tiene capacidad para operar por Internet.
El departamento de Economía de la Generalitat ha explicado en declaraciones a Catalunya Plural que, como consecuencia de la consolidación bancaria, no han recibido quejas de poblaciones por falta de servicios bancarios, además, estas fuentes han indicado que el Instituto catalán de Finanzas (ICF) no tiene competencias para proporcionar servicios financieros finalistas, como sí tiene el ente público valenciano.
Una consecuencia añadida que implica la reducción del número de entidades bancarias por el proceso de consolidación bancaria (en la práctica, sólo hay cinco que cubran el territorio catalán) es lo que Giménez tacha de marginación financiera de determinados sectores sociales: “si no se tiene un salario fijo y se pide un crédito para comprar un coche, las posibilidades de verlo aceptado son menores ahora”, explica.