Collboni avala la petición de la abogacía de Barcelona para endurecer el Código Penal frente a los hurtos de móviles

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y varios ediles socialistas del área metropolitana han respaldado la nueva propuesta de la abogacía de la capital catalana par endurecer el Código Penal para hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia delictiva. La medida estrella de la nueva solicitud es que el hurto (sin violencia) de un teléfono móvil pase a castigarse con penas de uno a tres años de cárcel.

Existe un consenso total entre abogacía, administraciones y judicatura en que la última reforma de 2022 del Código Penal no ha terminado de funcionar y en que hacen falta más medios en los juzgados de Barcelona para hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia. La Generalitat lo ha reclamado en varias ocasiones al Ministerio de Justicia. Por su lado, la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, ha cifrado en al menos seis nuevos juzgados para hacer frente a la multirreincidencia, tras constatar que las últimas reformas penales no han logrado atajar los hurtos, el delito más habitual denunciado en la capital catalana.

La discrepancia estriba en si, además de más medios, la Justicia precisa de un endurecimiento del Código Penal frente a la multirreincidencia o si, además de más jueces y fiscales, es necesario incorporar trabajadores y educadores sociales para hacer frente al espiral de pobreza y vulnerabilidad social que termina, en muchas ocasiones, desembocando en la delincuencia.

La Generalitat, en línea con las perspectivas progresistas del colectivo judicial, rechaza imponer penas más duras. Ferrando priorizó este lunes, en su encuentro con la prensa, el aumento de juzgados y medios. Por contra, el ICAB, Collboni y varios alcaldes socialistas han apostado sin ambages para endurecer el Código Penal.

“Los multirreincidentes tienen que dejar de reírse de nuestras policías y nuestro sistema judicial”, ha afirmado Collboni, que ha estado acompañado de otros alcaldes socialistas como el edil de Mataró, David Bote o la de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, así como representantes patronales, comerciantes y hoteleros.

La medida más destacada de la batería de propuestas es incrementar el castigo por el hurto de un teléfono móvil, que no comporta violencia ni intimidación, con penas de uno a tres años de cárcel frente a la actual de multa si el objeto sustraído no pasa de los 400 euros o de seis a dieciocho meses si supera ese valor. El redactado actual del Código Penal ya permite la medida de prisión a partir del tercer hurto menor de 400 euros.

“Cuando nos roban un móvil nos quitan nuestra vida, el teléfono tiene que tener la suficiente entidad por sí solo para que un juez pueda adoptar medidas cautelares”, ha aseverado el decano del ICAB, Jesús Sánchez, abriendo así la puerta a una prisión provisional, una medida habitualmente adoptada para los delitos más graves, para hurtos sin violencia. Con todo, Sánchez ha insistido en que su propuesta no está planteada “desde la penalización” sino que busca “un efecto disuasorio”.

Preguntado por cómo romper el círculo de reincidencia y vulnerabilidad social asociado a los pequeños hurtos que vive Barcelona, el penalista Emilio Zegrí, uno de las redactores de la propuesta, ha indicado: “La ley no es capaz de hacerlo, sino que tiene que enviar un mensaje de prevención general y de que aquí no se puede venir a delinquir y que salga gratis”.

Por su lado, en un encuentro con la prensa este lunes, la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, advirtió de que la “infradotación de medios” es el principal problema que impide a la Justicia dar respuesta al elevado volumen de hurtos o pequeños robos, a menudo cometidos por personas que arrastran numerosas detenciones policiales pero que, a efectos judiciales, no pueden ser considerados multirreincidentes.

Para hacer frente a ese tipo de delincuencia dedicada al hurto -el 48 % de los delitos que se cometen en Barcelona, un fenómeno común a otras grandes ciudades españolas-, Ferrando consideró clave que los juicios rápidos funcionen de forma adecuada, lo que, mantuvo, exigiría la creación de seis nuevos juzgados y consolidar el que actualmente refuerza las guardias.