Sin compartir porros y ceniceros de un solo uso: la propuesta de los clubes de cannabis para volver a la actividad

Prohibido compartir porros, mecheros y cualquier otro útil de consumo. El tiempo de estancia, limitado. Los ceniceros de un solo uso y cada fumador que se traiga de casa los utensilios necesarios para liarse su canuto. Así podría ser la vuelta a la actividad de los más de 1.700 clubes cannábicos que hay en España. La mayoría llevan dos meses cerrados y, desde la declaración del estado de alarma, se encuentran en un doble limbo legal: a la inseguridad jurídica en la que ya operaban se le ha sumado el hecho de que su actividad no está reconocida en ninguno de los decretos del Gobierno. 

Tras algunos intentos y constatar que no habría instrucciones específicas para el sector, los representantes de estas asociaciones han asumido que seguirán las indicaciones marcadas para el comercio minorista a partir de la fase 2. En la fase 1 han determinado que abrirán con un máximo de 10 personas y cumpliendo con las limitaciones de aforo y las indicaciones del código de buenas prácticas que han redactado desde CONFAC, la confederación de asociaciones cannábicas que aúna siete federaciones regionales.

Más allá de las habituales recomendaciones sobre higiene y distancia, la guía insiste en que los trabajadores de estos locales deben explicar a los socios que no pueden compartir los porros y que no deben quedarse demasiado rato en la asociación. En un colectivo en el que las toses son habituales, precisan que se debe cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser y estornudar y tirarlo en un cubo de basura con cierre. 

Se recomienda que los espacios donde se consume y donde se dispensa el cannabis estén separados y que se retiren elementos de uso común como billares y futbolines. Tampoco se podrán compartir utensilios como vaporizadores sin ser previamente desinfectados. Después de ir a la asociación, recomiendan ducharse e introducir la ropa en una bolsa cerrada y ponerla en la lavadora con agua caliente.

Los miles de usuarios terapéuticos de cannabis en España han denunciado durante las últimas semanas su dificultad para poder acceder a la sustancia debido al cierre de los clubes. La guía de la CONFAC recomienda a los colectivos de riesgo no acudir a la asociación, pero ofrece la posibilidad de autorizar a un familiar para que vaya él a retirar el cannabis del local.

El documento recuerda que, debido a la alegalidad de estos recintos, cada espacio debe encontrar su propia manera de adaptarse a esta situación y recuerda que “cada uno corre sus propios riesgos”. Durante los últimos años los responsables de las asociaciones cannábicas más relevantes del país han visto cómo la justicia ponía en cuestión este modelo de autogestión -que se basa a grandes rasgos en que el consumo de cannabis está permitido en el ámbito privado- con duras condenas de cárcel a sus impulsores.

10.000 trabajadores en el aire

El intento de las asociaciones cannábicas de reactivar su actividad viene impulsado, en parte, por el desamparo en el que se encuentran muchas de las 10.000 personas que trabajan directa o indirectamente para estas asociaciones (se calcula que 5.000 de ellas en Catalunya). El dato lo ofrecen las federaciones cannábicas, que estiman una media de unos cuatro trabajadores por asociación.

Son muchos los Ayuntamientos que no han regulado la actividad de las asociaciones cannábicas en su municipio. En todas estas localidades, los trabajadores de sus asociaciones cannábicas no han podido acogerse a ningún ERTE porque no tienen licencia de actividad o la que tienen dista mucho de ser la adecuada.

“El golpe es duro, la mayoría de las asociaciones tienen una estructura pequeña y muchos trabajadores a tiempo parcial o voluntarios”, apunta Èric Asensio, portavoz de CONFAC. “Hemos intentado que se concretara nuestra situación pero no ha habido manera, seguimos en el limbo”, remacha.

En ciudades como Barcelona, donde hay más de 200 asociaciones y el consistorio sí que concede licencia de actividad, los trabajadores de las asociaciones se han podido acoger a un ERTE, aunque desde el sector cannábico matizan que muchos lo han hecho con contratos de administrativo o de servicios, que no tienen nada que ver con su actividad habitual en la asociación.

En la capital catalana estos espacios se han integrado plenamente en la vida de los consumidores de cannabis y buena parte de ellos adquiere ahí su sustancia. Asensio apunta que, sin embargo, durante estos últimos dos meses muchos se han visto forzados a volver al mercado negro. “Ahora es el momento de ver si estos usuarios regresarán al servicio que ofrecían estos espacios, yo creo que sí”, añade.

Como siempre que su actividad sale a la palestra, los responsables de las asociaciones cannábicas insisten en que se regule para tener seguridad jurídica y acabar con una constelación de locales en los que se mezclan perfiles de todo tipo: desde activistas a favor de la regulación que tratan de actuar con un protocolo establecido hasta mafias que actúan por su cuenta y que ni siquiera han dejado de operar durante el confinamiento.