Una reivindicación histórica de las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia empieza su camino legislativo este martes. El Congreso de los Diputados debatirá, a petición del Parlament de Catalunya, si tramita la reforma del Código Penal para declarar imprescriptibles los delitos relacionados con la pederastia. De acabar saliendo adelante, el cambio legal se desarrollará a la espera de que se concreten las medidas de reparación a las víctimas de la Iglesia propuestas hace un año por el Defensor del Pueblo.
Las víctimas celebran el primer paso del legislativo, pero advierten de que todavía falta trabajo por hacer. “El tiempo de las buenas palabras de los políticos se ha acabado, necesitamos acción y medidas de reparación”, señala el psiquiatra y activista Miquel Àngel Hurtado, quien sufrió abusos por parte del monje del monasterio de Montserrat Andreu Soler.
Las diputadas catalanas que defenderán la propuesta en el Congreso son Judith Alcalá (PSC), Raquel Sans (ERC) y Susana Segovia (Comuns). Las tres parlamentarias confían en que el Congreso apoye la propuesta con una amplia mayoría y en que el PP (que se abstuvo en la votación del Parlament que salió adelante la pasada legislatura gracias al apoyo de los tres grupos de izquierdas y de Junts y Ciudadanos) no la rechace.
La medida es, por ahora, el único resultado de la pionera comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia que celebró la pasada legislatura el Parlament. El adelanto electoral provocó que no se pudieran redactar las conclusiones, pero el trabajo parlamentario de escucha a víctimas, expertos y algunos representantes eclesiásticos (algunos plantaron a la comisión, como el cardenal Juan José Omella) estaba casi completado.
“Es una modificación importante del Código Penal para proteger a los menores frente a agresiones que marcan de por vida”, asevera Alcalá. Segovia defiende la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a menores, ya que es un tipo penal que va asociado a denuncias tardías. “Las víctimas suelen sentir vergüenza y muchas veces no pueden denunciar, por ejemplo, hasta que han muerto sus padres”, expone la parlamentaria.
Sans destaca que en 23 países se ha aprobado una medida similar y enfatiza la “solidaridad” de los afectados, pues la imprescriptibilidad de los delitos beneficiará a las futuras víctimas, pero no a las que sufrieron abusos en el pasado, pues en su caso los delitos sí han prescrito.
El cambio legal suscita, en cambio, recelos de expertos en Derecho Penal. El catedrático de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y de la Universitat de Lleida (UdL) Josep Maria Tamarit, que también coordinó el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia, enfoca sus críticas hacia los políticos: “Están generando unas expectativas que no podrán ser satisfechas y dando la impresión de que se están ocupando del problema, mientras no impulsan las medidas que podrían ser más efectivas”. En este sentido, Tamarit remarca que la reparación a las víctimas “es algo todavía pendiente”.
Hace unas semanas, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, instó a las Cortes a implementar cuanto antes “medidas concretas” incluidas en su informe entregado hace un año, como el estatuto de víctima de abuso sexual, la celebración de un acto público y la creación de un fondo estatal de compensación con participación de la Iglesia. Este fondo ha generado discrepancias entre Gobierno y Conferencia Episcopal e incluso entre miembros de la institución religiosa.
Las tareas pendientes
“Falta voluntad política, tanto en Catalunya como en Madrid, y las víctimas siguen desamparadas”, denuncia Hurtado. La reparación no solo opera en el plano simbólico, con un reconocimiento de los abusos y el encubrimiento por parte de la Iglesia, así como de la falta de vigilancia de los abusos en instituciones educativas ligadas a congregaciones por parte de la administración pública. También se debe abordar con indemnizaciones, que todavía no se sabe cómo se calcularán ni de dónde saldrán sus fondos.
“¿Quién nos paga los gastos que durante años hemos tenido en terapias privadas? ¿Quién decide quién, cuánto y cómo se paga? ¿Lo deciden los obispos? ¿Serán juez y parte?”, enfatiza Hurtado. “Hay mecanismos legales para conseguir que la Iglesia pague, veremos si el Gobierno más progresista de la historia perderá la fuerza por la boca o actuará”, agrega.
Más allá de las indemnizaciones, Hurtado recuerda que “Montserrat podría decidir hacer un acto y poner un monumento de recuerdo a las víctimas de la pederastia que provocaron monjes del monasterio, para garantizar que no se olvidara, pero no lo hace”. En el terreno institucional, tras escuchar a varias de las víctimas durante el año pasado, el Parlament decidió otorgar la medalla de oro de la institución al Monasterio pese a haber encubierto los abusos durante años, aunque finalmente los reconoció en 2019 después de que fueran públicos.
Tamarit recuerda que la propuesta del Defensor del Pueblo pasaba por un Centro de Arbitraje, similar al creado en 2011 en Bélgica, el que la Iglesia católica aceptó participar y asumir dos terceras partes de los costes de la institución, además de las indemnizaciones que el órgano acordó en favor de las víctimas. “Aunque, claro está, este modelo requiere una voluntad por parte de la Iglesia y del Estado”, añade el catedrático.
Hurtado ve con buenos ojos el modelo australiano, cuyo Programa Nacional de Reparación por Abuso Sexual Infantil permitió a las víctimas recibir asesoramiento durante todo el proceso de reparación, acordó indemnizaciones individualizadas y otorgó una respuesta personal directa (por ejemplo, disculpas por parte de la institución responsable, reconocimiento de responsabilidad y compromisos de no repetición).
Algo así todavía no ha ocurrido en España. “La Iglesia es una institución plural y, hasta el momento, ha habido respuestas muy diferentes por parte de las distintas congregaciones. Lamentablemente, la Conferencia Episcopal no ha hecho las cosas como podía esperarse y ha ido tomando decisiones sin una ruta clara, según las presiones que iba recibiendo”, critica Tamarit.
Los pasos realizados
Sans destaca los pasos realizados por las distintas administraciones autonómicas en el acompañamiento de nuevas víctimas de abusos infantiles: desde la ley navarra a la apuesta de la Generalitat de Catalunya por el Barnahus, un modelo de atención integral donde en una casa, lejos de comisarías y hospitales, se crea un entorno propicio para atender a los menores víctimas de abusos. La parlamentaria destaca también las medidas de prevención de abusos infantiles en espacios de ocio.
Por su lado, Segovia avanza que su grupo llevará al Parlament esta legislatura una reforma del Código Civil para las víctimas pudieran solicitar indemnizaciones, ya que la imprescriptibilidad de la acción civil sí puede, al contrario que la penal, aplicarse con efectos retroactivos. Se trata de otra de las medidas reclamadas por las víctimas y que, en palabras de Hurtado, “depende totalmente de Catalunya, no de Madrid”.