Varapalo del Consejo de Europa hacia la sentencia que obliga a extender el 25% de castellano en todos los colegios de Catalunya. En su informe hecho público este martes, el Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias muestra “gran preocupación” ante la decisión del tribunal sobre la inmersión, y advierte también sobre el “deterioro” del valenciano en la Comunitat Valenciana y del catalán en Illes Balears debido a las políticas del Gobierno del PP contra su protección.
Aunque no es vinculante, este es un análisis periódico que hace el Consejo de Europa acerca del cumplimiento de cada país respecto a la protección de las lenguas minoritarias. Es el sexto desde que España firmó la Carta en 2001. Y de la misma forma que suele destacar un sistema español de promoción de las lenguas regionales bien desarrollado, también le recuerda no pocas asignaturas pendientes, la más evidente de la Justicia, un ámbito de la administración donde el uso de las lenguas cooficiales y minoritarias no está garantizado.
En sus conclusiones, los autores celebran también la introducción de las lenguas cooficiales en el Congreso, así como la solicitud de que la UE incluya catalán, vasco y gallego como idiomas oficiales. “El Comité de Expertos elogia a las autoridades españolas por esas iniciativas”, expresan. Este mismo martes el Gobierno ha pedido un “nuevo impulso” al Parlamento Europeo para incluir dichas lenguas y lo ha calificado de “asunto prioritario” para el Ejecutivo.
Contra la sentencia del 25%
En sus anteriores informes, el Consejo de Europa ya había avalado el modelo de inmersión lingüística en Catalunya, que tiene el catalán como lengua de uso en las aulas, pero en esta nueva edición ha recriminado directamente a los tribunales la sentencia que obliga a introducir un 25% de castellano como mínimo en todas las escuelas e institutos. “Las recientes decisiones judiciales sobre los modelos lingüísticos de las escuelas en las comunidades autónomas son un motivo de gran preocupación”, señala.
Y añade: “Fijar un porcentaje mínimo de enseñanzas en castellano para cada escuela individualmente va en contra de las obligaciones aceptadas por España en el artículo 8 de la Carta”. Con todo, reconoce también que se puede reforzar el castellano como lengua vehicular para salvaguardar su aprendizaje si es necesario por razones sociales y lingüísticas.
En el caso catalán, cabe recordar que el Tribunal Supremo ratificó la sentencia para extender este porcentaje mínimo de castellano a todo el sistema educativo, pero un cambio legislativo en el Parlament ha dejado su resolución pendiente del Tribunal Constitucional. La nueva legislación mantiene el catalán como lengua de uso, pero introduce el castellano también como idioma curricular.
El retroceso con los gobiernos del PP
Sin mencionar a formaciones políticas concretas, el Comité de Expertos deja un recado a las comunidades gobernadas por el PP como Comunitat Valenciana, Illes Balears y Aragón, donde lamenta la adopción de medidas que también van en contra de la protección de las lenguas minoritarias establecida en la Carta.
En el caso balear, critica el decreto 5/2023 que elimina el requisito de saber catalán para la sanidad, lo que considera “especialmente lamentable”. Respecto a la Comunitat Valenciana, donde existe un mínimo del 25% para ambas lenguas cooficiales, castellano y valenciano, el Consejo muestra también “gran preocupación” por la recién aprobada ley de Libertad Educativa. “Reducirá de forma drástica la presencia del valenciano en el modelo educativo de la Comunitat Valenciana, particularmente en las zonas castellanoparlantes”, sentencia el texto.
La misma fórmula, la de la “gran preocupación”, sirve asimismo para reaccionar a las medidas adoptadas por el gobierno de Aragón respecto al aragonés. En referencia concreta a los “los recortes presupuestarios recientes adoptados a nivel regional, y la voluntad expresada por las autoridades regionales de modificar el marco legal para reducir drásticamente el espacio que se da al aragonés en Aragón”.
A la espera de la justicia
Como es habitual, el Comité de Expertos se extiende en su crítica al estado de las lenguas regionales en la Justicia, quizás el que considera más reprochable de todos. A pesar de sus recomendaciones “desde hace años”, insisten, no se han llevado a cabo las modificaciones legislativas propuestas para que los idiomas cooficiales sean garantizados en este ámbito.
El informe reconoce que sobre el papel se pueden tramitar documentos y pruebas judiciales en lenguas como el catalán, el vasco o el gallego, o usar estos idiomas en el juzgado con la asistencia de un intérprete si hace falta. Pero lamenta que su uso en sentencias, autos y otros documentos es bajo –en Catalunya– y extremadamente bajo –en las demás–, y critica que muchos jueces no atiendan la petición de enviar la documentación en lenguas que no sean en castellano.