Nueva reunión en la ronda de contactos entre las formaciones independentistas para formar un Govern. Este jueves representantes de la CUP se han visto con un equipo de Junts para advertirles de que no darán apoyo a un Ejecutivo que no se comprometa a dar un giro copernicano a las políticas de seguridad.
El encuentro se ha producido después de las manifestaciones de los últimos días, en protesta por la detención y encarcelación del rapero Pablo Hasel, que se han saldado con una persona herida por bala de 'foam' en un ojo y diversos altercados en varias ciudades catalanas. En el breve encuentro telemático se han visto Carles Riera, Eulàlia Reguant y Xavier Pellicer, por parte de la CUP, y Elsa Artadi, Josep Rius, Miriam Nogueras y Francesc de Dalmases, por parte de Junts. En el encuentro los anticapitalistas han exigido que el Govern en funciones dé pasos concretos que visibilicen su compromiso en evitar actuaciones “represivas” por parte de la policía de la Generalitat.
Según han explicado fuentes de la CUP, sus reivindicaciones giran en dos ámbitos. Por un parte, respecto a las actuaciones policiales en contextos de manifestaciones o desahucios, cuando consideran que los Mossos d'Esquadra están ejerciendo una fuerza excesiva y poniendo en práctica un modelo policial basado en la actuación de los antidisturbios y no en la mediación.
En este sentido, la CUP propone a medio plazo ir hacia una paulatina disolución del BRIMO, la unidad de orden público, y también prohibir o limitar el uso de ciertos materiales como las lanzadoras de balas de 'foam'. Según ha puesto de relieve la formación anticapitalista ante Junts, que controla el área policial del Govern, la mutilación de una manifestante ocurrida este martes ha “roto un consenso entre los partidos catalanes”.
Junto a la cuestión más estrictamente policial, la formación de Dolors Sabater reivindica también que la Generalitat se retire de la acusación contra ciertos activistas y manifestantes, algo que el Departamento de Interior asegura hacer de forma automática cuando hay agentes heridos, pero que ha supuesto en ocasiones peticiones de penas más altas que las que reclamaba la Fiscalía. En total, la CUP calcula que hay unas 70 personas que tienen diferentes acusaciones del Govern.
Esta cuestión ya ha supuesto algunos roces internos en el seno de Junts, donde algunos sectores defienden mantener la política de acusaciones para proteger al cuerpo policial, mientras otros sectores consideran que deben evitarse. En el año 2015, la CUP ya consiguió que se retirasen varias de estas acusaciones a cambio del apoyo a la investidura de Carles Puigdemont.
Los anticapitalistas han hecho estas reivindicaciones ante Junts este jueves, pero fuentes de del partido afirman que también las hicieron este miércoles en su reunión con ERC. Según afirman, se trata de “hemorragias” que hacen “muy difícil el diálogo político” de cara a un posible investidura o formación del Govern. “El resultado de las elecciones ha sido muy claro”, explican desde la formación, que reclaman por ello que las fuerzas que ahora mismo forman parte del Ejecutivo tiene que dar pasos claros si quieren que la CUP se siente en la mesa de negociación.
Por su parte, desde Junts han enviado un comunicado este mismo jueves por la tarde en el afriman que han “valorado críticamente las situaciones de violencia vivida y los errores cometidos por algunos agentes de la BRIMO”, que además consideran que “en ningún caso pueden quedar impunes”. Una posición que muestra claras distancias con las manifestaciones hechas por el conseller de Interior, Miquel Sàmper, que es de ese mismo partido. “Junts apuesta por un nuevo modelo de orden público e insta al resto de fuerzas políticas a debatir en el Parlament de Catalunya la reforma del modelo policial catalán”, ha asegurado también la formación de Puigdemont tras su reunión con la CUP.