David Madí y Xavier Vendrell, influencia y negocios en la trastienda del procés

La facilidad con la que David Madí y Xavier Vendrell mensajeaban o llamaban a consellers de la Generalitat puede llegar a sorprender. Tras media vida en política, hace años que la antigua mano derecha de Artur Mas y el exconseller de ERC pasaron a un segundo plano, pero manteniendo intactos sus contactos en la primera línea. El juez del caso Voloh sospecha que no solo eran llamadas de cortesía, sino que muestran que ambos exdirigentes usaron su influencia para favorecer sus negocios privados.

Los sucesivos informes que ha aportado la Guardia Civil al caso Voloh a partir de las intervenciones telefónicas y los chats de Madí y Vendrell sirven al juez Joaquín Aguirre para sustentar su imputación por tráfico de influencias y malversación, entre otros delitos. Pero para las defensas del caso no son más que conversaciones privadas sobre la actividad empresarial de los dos exdirigentes, que formaron parte del sanedrín de políticos que organizó la votación del 1-O.

Contra todo pronóstico, las defensas se han encontrado con la pasividad en el caso de la Fiscalía Anticorrupción que, lejos de asumir un papel protagonista en la causa y solicitar diligencias al juez instructor, se ha mantenido en segundo plano hasta el punto de que el fiscal Fernando Maldonado no se presentó a la declaración voluntaria que prestó Madí el pasado mes de julio.

Está por ver si la Guardia Civil halla nuevos indicios en los teléfonos, ordenadores y correos electrónicos intervenidos a los detenidos que puedan hacer cambiar de posición al Ministerio Público. De momento el Instituto Armado ha entregado al juzgado 70 de los 137 informes previstos. El juez ha prorrogado por otros seis meses su investigación, ante los indicios de las “operaciones delictivas en las que estarían involucrados” Madí y Vendrell, quienes cree que utilizaron su poder de influencia con las autoridades catalanas para beneficiar sus negocios privados, vinculados entre otros al sector de las VTC o a los laboratorios de biomecánica.

Vendrell llegó a comer con la exconsellera de Salud, Alba Vergès, para un concurso al que optaba una de sus empresas, pero su pasado republicano no le impidió contactar también con consellers de Junts. Los chats intervenidos ponen de relieve contactos en 2019 entre Vendrell y el entonces conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, al que contactó para interesarse por unas negociaciones que afectaban a Joan Griñó, un empresario del sector de las plantas de generación energética en las depuradoras.

“Griñó me comenta que la situación por el vertedero de Riba-roja se está liando y me pide que le eche una mano ante la gente de Esquerra. Antes de hacerlo, quería hablar contigo para no hacer o decir nada inoportuno”, le dijo Vendrell a Calvet. Meses más tarde volvería a escribir a Calvet para pedirle un encuentro para tratar la situación de Villa Bugatti, una masía de la comarca del Maresme en la que el republicano mantiene un negocio de banquetes de bodas y en la que, según el juez, Vendrell dio un pelotazo urbanístico al doblar su valor.

La Guardia Civil, en uno de sus informes, también recoge las gestiones de Vendrell para “entrar en el negocio de las minas de Cardona”, explotadas por la empresa Iberpotash, cuyo abogado es el excalcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Lluís Recoder. “Para avanzar en sus proyectos, Vendrell se puso en contacto con Albert Castellanos –el exnúmero dos de la conseleria Economía– y con el secretario general de agricultura, David Mascort, para que a su vez éste intercediese ante la directora general del Institut Català de Finances, Anna Álvarez, para obtener un préstamo de Griñó de un millón de euros”, asegura el Instituto Armado.

El informe saca del olvido a viejos conocidos de la política catalana. Según la Guardia Civil, el exconseller de Convergència Felip Puig “presionó” a Vendrell para que “convenciese” al alcalde de Lleida, el republicano Miquel Pueyo, para “desencallar” un proyecto de centro comercial, un cometido al que supuestamente se comprometió pero con “discreción por si los de su partido se enteraban”. Los mensajes de Vendrell muestran que uno de sus socios le reenvió un mensaje en el que pedía que “alguien desde el PDeCAT con poder y ascendencia parase a Toni Postius”, teniente de alcalde de Urbanismo en Lleida que “estaba dificultando la aprobación urbanística” de la operación.

Madí, a la espera de ser citado

Respecto a Madí, sus negocios más relevantes que muestra el sumario del caso no llegaron a prosperar. Junto a un socio, se reunió en 2015 con Calvet como consultor de una multinacional de las VTC para intentar reactivar las licencias de los vehículos con conductor, pero finalmente la legislación aprobada fue en contra de los intereses de empresas como Uber o Cabify. La Guardia Civil considera que la intención de Madí era eludir la obligación legal de precontratación con 15 minutos de antelación, que finalmente sí se aprobó.

A través de la empresa Global Omnium –de la que es filial Aguas de Catalunya, presidida por Madí–, el exhombre de confianza de Artur Mas también intentó suscribir un contrato con la conselleria de Justicia para analizar las presencia de COVID-19 en las aguas residuales de las cárceles catalanas, pero la operación no fructificó. Como tampoco el intento de Aguas de Catalunya para hacerse con Agbar, del que Madí también habla en algunas conversaciones interceptadas.

Con todo, el juez y la Guardia Civil han hallado un nuevo hilo del que tirar. Se trata de una conversación entre David Madí y el apoderado de una consultora, en la que asegura que, con la patronal Foment del Treball de la que forma parte, se reunió con Iván Redondo, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para abordar el funcionamiento de los fondos europeos.

Pese a que la patronal ha negado que la reunión, en la que participaron más de una docena de empresarios, sirviera para repartir los fondos y la ha enmarcado en sus encuentros institucionales habituales, el juez tiene intención de volver a citar a Madí para que explique esta conversación y la ha enviado a la Fiscalía Europea. Hay caso Voloh para rato.