“No hay ningún motivo para mantener abiertas los calabozos de la Guàrdia Urbana”. Así se ha expresado David Bondia, Síndic de Greuges de Barcelona (el equivalente al Defensor del Pueblo). Esta afirmación se basa en un análisis realizado durante 2021 para estudiar la seguridad de las dependencias policiales y la calidad de la atención a la ciudadanía, de la atención médica a las personas detenidas y de la salubridad de las áreas de custodia.
Uno de los puntos más destacados del informe que se ha presentado este jueves se centra en las celdas de las comisarías de la Guàrdia Urbana que, según Bondia, no cumplen las garantías mínimas establecidas por el Comité para la Prevención de la Tortura de la Comisión Europea. Es por eso que el Síndic reclama su clausura, sobre todo siendo que estas disposiciones están en desuso desde julio de 2021, cuando la policía local firmó un acuerdo con Mossos d'Esquadra para que todos los detenidos (a excepción de aquellos que cometan delitos contra la seguridad viaria) sean trasladados a la comisaría de Les Corts, que depende de la policía catalana.
Así, desde hace algo más de un año, los calabozos barceloneses no acogen presos y el Síndic de Greuges demanda que se desmantelen y se usen para otras funciones. Pero, según Bondia, la policía local no contempla esta opción. De hecho, en los planes de reforma de algunas comisarías barcelonesas se mantienen los calabozos. “Nos sorprende la negativa y que no den ningún motivo para clausurarlas”, dice el Síndic, quien añade que, desde la policía barcelonesa, “no se descarta” que estas estancias vuelvan a ponerse en uso para acoger personas detenidas.
En Barcelona hay una media de 52 detenciones al día y las dependencias de los Mossos d'Esquadra tienen una capacidad de 90 personas. Se trata de una capacidad suficiente, según Bondia, que no justifica mantener las áreas de custodia, siendo que “tienen deficiencias en cuestiones de seguridad”.
Algunos de los aspectos más “preocupantes” que ha detectado la Sindicatura tienen que ver con la presencia de elementos que podrían facilitar autolesiones, zonas muertas sin vídeovigilancia (entre ellas, algunas donde se realizan cacheos), cámaras que no están operativas o malas condiciones de temperatura.
Además, se ha detectado que algunas comisarías no pueden garantizar que los agentes que acompañan a las personas detenidas hasta los calabozos vayan desarmados, puesto que los armeros no se encuentran a la entrada de las dependencias policiales. Esto podría comprometer la seguridad de las personas detenidas e incumple el Protocolo de Estambul de prevención contra la tortura, que determina que lo primero que tiene que hacer un agente al llegar a comisaría es dejar su arma.
En lo referente al único calabozo de la Guàrdia Urbana que sigue operativo, aquel donde se custodia a las personas que han cometido delitos contra la seguridad vial, tampoco cumple con los estándares. Según la investigación del Síndic, el sistema de vídeovigilancia sólo está operativo en las salas de cacheo, pero algunos de los sistemas están estropeados. Además, el recorrido que realiza la persona detenida hasta llegar a la celda (acompañada de un agente) tiene diversos puntos ciegos.
Asistencia médica sin personal médico
El Síndic de Greuges se ha mostrado muy preocupado por la atención médica que se dispensa en la comisaría de Les Corts, donde la enfermería no tiene personal médico y, si alguien requiere de un medicamento, es un agente quien tiene que dispensarlo. Además, otra cuestión que ha inquietado a Bondia es que no hay un criterio unificado a la hora de acompañar a una persona custodiada a una revisión médica.
Según los protocolos internacionales, cualquier persona detenida tiene derecho a una visita si ha recibido violencia policial y así lo requiere. Estas visitas deben ser confidenciales y sin presencia policial, pero desde la Guàrdia Urbana no hay un protocolo unificado sobre la necesidad de llevar o no al médico a las personas detenidas. Además, “la mayoría de agentes preguntados afirmaron que siempre estaban presentes durante la visita médica”, tal como se afirma en el informe.
Cuestiones como estas son las que conforman parte de las quejas referentes a trato inadecuado o discriminación que ha recibido la Sindicatura de Greuges respecto a la Guàrdia Urbana (29 en 2021 y 18 en lo que va de 2022, que han supuesto un 22,5% y un 27% del total, respectivamente). Otra buena parte de estas quejas refieren problemas en lo que respecta a la atención ciudadana, sobre todo en cuestiones idiomáticas.
En Barcelona, un 24,4% de las personas son extranjeras, de 179 nacionalidades diferentes. Pero la Guàrdia Urbana sólo dispone de un servicio de traducción en una comisaría, y sólo en un horario concreto. Esto “vulnera los derechos de las personas migradas”, según Bondia, al igual que el hecho de que, “siempre” se informe al consulado pertinente cuando una persona extranjera es detenida, contraveniendo así el Convenio de Viena.
Falta de espacios pensados para uso policial
La Sindicatura de Greuges ha apuntado algunos aspectos positivos en la acción de la Guàrdia Urbana, como la creciente feminización del cuerpo municipal, que en las últimas convocatorias reservó un 40% de las nuevas plazas a mujeres. Aún así, según se afirma en el informe, hay falta de espacio para colocar vestidores femeninos, cuestión que se podría resolver usando los calabozos clausurados para ese uso.
La estructura arquitectónica de las comisarías ha sido otro de los aspectos estudiados en el informe. En esta línea, la Sindicatura alerta de que en la mayoría de disposiciones no se cuenta con elementos de protección y seguridad que puedan evitar un alunizaje con un coche. Además, según se apunta, en muchas de las comisarías “la ciudadanía puede acceder a dependencias restringidas donde hay agentes trabajando”, una cuestión que preocupa a Bondia, sobre todo siendo que Catalunya todavía se encuentra en alerta 4 antiterrorista.
A pesar de todas estas recomendaciones, que la Sindicatura irá monitoreando para comprobar su cumplimiento, también se han destacado algunos puntos positivos como el plan piloto de cámaras personales incorporadas por 150 agentes. Esta iniciativa “ha disminuido significativamente las quejas por rato inadecuado o discriminación”, según han afirmado desde la Sindicatura.