“El sistema educativo en Catalunya debe dar el mismo tratamiento tanto al castellano como al catalán como lengua vehicular de la enseñanza”. Es una de las principales conclusiones de los eurodiputados de la derecha parlamentaria que visitaron Catalunya para analizar la inmersión lingüística a raíz de una solicitud que llegó a la Comisión de Peticiones que preside Dolors Montserrat (PP). Las conclusiones no son vinculantes y, en esta ocasión, hay una lectura también política: los grupos progresistas plantaron la misión al considerar que se estaba haciendo una instrumentalización de la comisión parlamentaria.
Ya durante la visita de los eurodiputados a Catalunya quedó patente la aversión entre la delegación parlamentaria y algunos de los entrevistados. Los eurodiputados acusaron a la Generalitat de “coartar” a las escuelas y arremetieron contra los representantes de profesores y familias por “falta de imparcialidad”. Por su parte, el Govern y asociaciones mayoritarias de profesores y familias de alumnos han tachado la iniciativa de sesgada políticamente y de tener ya las ideas predeterminadas.
Con esos mimbres, la estonia Yana Toom (de Renew, el grupo del que forma parte Ciudadanos) ha dirigido la elaboración del borrador del informe sobre el que no habrá muchos cambios dado que tienen la mayoría parlamentaria y los grupos que decidieron no participar no tienen derecho a presentar enmiendas en la tramitación. Al viaje también acudieron el alemán Peter Jahr, de los populares (PPE); el polaco Kosma Zlotowski, de los ultras Ley y Justicia (del grupo ECR en Bruselas) y la italiana Maria Angela Danzi, del Movimiento 5 Estrellas. El equipo estuvo acompañado por los eurodiputados españoles Dolors Montserrat y Rosa Estaràs (PP), Jorge Buxadé (Vox), Maite Pagazaurtundúa (Cs) y Diana Riba (ERC). Los eurodiputados del país al que se viaja no pueden formar parte de la delegación, aunque sí acompañarla.
El texto, que parte de una protesta por el incumplimiento de las sentencias que obligan a que al menos el 25% de las asignaturas se impartan en castellano, reclama que se trate igual a las dos lenguas en la enseñanza. Es decir, que pide que vaya más allá de lo estipulado por los fallos judiciales. Durante la visita, la Generalitat argumentó que está a la espera del fallo del Tribunal Constitucional sobre este asunto y que, entre tanto, la legislación no obliga a que ese porcentaje se imparta en castellano.
“El sistema educativo debe adoptar las medidas necesarias para compensar las deficiencias en cualquiera de las lenguas tal y como establece la Ley Orgánica de Educación”, recoge el borrador, que se debatirá este miércoles en la Comisión de Peticiones. A los grupos que no participaron en la misión no les ha llegado hasta esta tarde, cuando también se ha publicado en la página web de la Eurocámara.
La resolución “pide a las autoridades regionales y nacionales competentes que garanticen que no se discrimina a los niños” e incluso insta a la Comisión Europea a introducir este asunto en sus informes anuales sobre el cumplimiento del estado de derecho en España.
El borrador es duro contra las autoridades a las que acusan de “falta de acción” para aplicar la sentencia del 25% y reprocha que sean los ciudadanos los que “tengan que buscar reparación judicial para su propio caso individualmente”.