El edificio ocupado por la Obra Social de la PAH en el barrio de Gracia de Sabadell para realojar a 40 familias que habían sido desahuciadas previamente podría ser desalojado en cualquier momento, según ha resuelto el juzgado de instrucción 4 del municipio.
Este inmueble, propiedad de la Sareb –el “banco malo”–, fue ocupado en abril del año pasado y la misma jueza denegó la solicitud de la entidad de desalojar el edificio porque, argumentaba, estaba vacío y no cumplía con su función social. Un año más tarde, aunque la Sareb no ha tomado más medidas legales, la magistrada acepta la demanda de desalojo cautelar presentada por la fiscalía.
Desde la PAH denuncian que, además, el fiscal Ignacio Abinzano pide que cada persona acusada en el proceso pague una multa de 2.250 euros o la sustitución de dicha multa por tres meses de prisión en caso de no abonar el importe. La plataforma ramarca que la mayoría de estas familias no tienen ningún ingreso y que por tanto habría el riesgo de que estas personas entraran en prisión.
Se trata de 40 pisos, en donde viven 88 personas adultas, entre las cuales 6 embarazadas, y 58 menores. “La situación deviene paradójica ya que estas familias pueden sufrir un nuevo desalojo por petición y acuerdo de la administración judicial, después de no haber recibido ninguna ayuda por parte de la administración para garantizar su derecho a la vivienda”, denuncia la PAH. “El mismo Ayuntamiento de Sabadell ha hecho público, en repetidas ocasiones a petición nuestra, que no tiene recursos para garantizar este derecho básico a la población que lo necesita”, remarcan.
La Plataforma ha iniciado una campaña de apoyo al bloque que incluye un vídeo en el que sus habitantes piden la intervención de las administraciones: