Desconvocada la huelga de funcionarios en Catalunya sobre las pagas extra al pactar su devolución en cuatro años
Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han llegado a un acuerdo con la Generalitat para desconvocar la huelga que debía servir para exigir el retorno de las pagas extras de 2013 y 2014 según lo pactado con el anterior Govern. A menos de 24 horas del paro, las centrales de trabajadores han aceptado que la devolución sea de forma progresiva los próximos cuatro años, de 2019 a 2022.
Que el plazo para recuperar el total de las pagas recortadas, unos 1.100 millones, fuera dentro actual mandato del Govern de Quim Torra, era una de las demandas de CCOO y UGT. En un primer momento, el Departamento de Políticas Digitales y Administraciones Públicas les había propuesto una devolución hasta 2026, que en los últimos días había rebajado a 2024. Finalmente, más de tres cuartas partes de lo adeudado se devolverá antes de que acabe la legislatura, y el resto en 2022.
El pacto, sellado pasadas las 14 horas en la sede de Trabajo, sirve para desconvocar una jornada de huelga a la que estaban llamados los 260.000 funcionarios que hay en Catalunya, desde médicos a administrativos. Los trabajadores públicos catalanes son los únicos de toda España que no han recuperado esas pagas extras.
A lo que no llegará el Govern es a otro de sus compromisos adquiridos el pasado mandato con los sindicatos, consistente en devolver el 10% de la extra de 2013 este mismo año. En este aspecto, desde Administraciones Públicas lo consideraban irrealizable al tener las partidas limitadas por la regla de gasto.
De acuerdo con las negociaciones mantenidas hasta la fecha, la última propuesta del Govern era que en 2019 se retornara el 35% de esa mensualidad extraordinaria, pero al final los sindicatos han conseguido arrancar el 40%, que serían unos 200 millones de euros para el próximo ejercicio. En 2020 se devolverá el resto de la paga de 2013, en 2021, el 55% de la de 2014, y en 2022, su 45% restante.
Además, según fuentes negociadoras, se reservan la posibilidad de que la devolución total se reduzca a tres y no cuatro años en función del presupuesto de ese ejercicio.
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