La Fiscalía investiga a Narcís Serra por pérdidas inmobiliaras de 900 millones en CatalunyaCaixa
La Fiscalía investiga al exministro socialista y expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, por unas pérdidas de 900 millones de euros fruto de operaciones inmobiliarias en la antigua caja mientras estuvo bajo su mando. Según ha avanzado este viernes el periódico El Mundo, Serra declaró el pasado 22 de enero ante la Guardia Civil. Junto a Serra están siendo investigados también por la Fiscalía el resto de miembros de la antigua cúpula entre 2005 y 2008.
CatalunyaCaixa llegó a ser la segunda caja catalana y la cuarta caja del Estado pero tuvo que ser rescatada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en 2012. Se inyectaron 12.500 millones de dinero público.
La investigación por el agujero de 900 millones empezó a finales de 2014 con una auditoría del Frob, que pasó a ser propietario de CatalunyaCaixa tras el rescate. Se detectaron 16 operaciones sospechosas que finalmente han acabado por ser 32 en varias comunidades autónomas.
Antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, las tasaciones de vivienda que se hacían eran elevadas, y en muchas ocasiones el contratista aportaba además de la garantía hipotecaria una garantía personal. Pero cuando el mercado inmobiliario se hundió la primera reacción de la entidad de ahorros, ante la retirada de los promotores, fue asumir directamente la totalidad de la promoción y, al intentar venderla, o se hacía con pérdidas importantes o bien no se vendía y, por tanto, se contabilizaba como pérdida directamente.
En su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlament sobre el desplome del sistema de cajas catalanas, Serra aseguró que la bancarrota de la entidad fue motivada por la crisis sistémica y global y a “unas ayudas públicas insuficientes”.
Juicio pendiente por los sobresueldos
Además de las operaciones hipotecarias dudosas, en los próximos meses Serra y una cuarentena de miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa irán a juicio por la aprobación en enero y octubre del 2010 de sendos acuerdos para aumentar el salario de sus directivos, pese a que la entidad se encontraba en una situación crítica que le obligó a pedir 1.250 millones de euros en ayudas. Los sobresueldos se empezaron a investigar gracias a una denuncia de la CUP y de la asociación Ausbanc. El FROB también está personado en el caso.
