La Generalitat ha admitido hoy por primera vez que la privatización de Aigües Ter-Llobregat (ALL) puede suponer un coste para las finanzas públicas. El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha cifrado en 326 millones de euros el coste de anular el concurso que permitió la mayor privatización de la historia de Catalunya, tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Esta cifra incluye los 298,65 millones que abonó a la Generalitat el consorcio ganador de la adjudicación, liderado por Acciona y el banco de inversión BTG Pactual, en diciembre de 2012, “4 o 5 millones” en obras ya realizadas por el consorcio y “los intereses legales meritados”, según ha dicho Mas-Colell en la comisión de economía del Parlament. Sin embargo, Mas-Colell no ha incluido la indemnización por lucro cesante que pueda reclamar el consorcio, del que también forman parte las familias las familias Rodés y Godia-Torreblanca, ya que la concesión otorgada para gestionar ATLL se alargaba 50 años. Toda la oposición, incluida ERC, ha vuelto a criticar la privatización. El PSC y ICV-EUiA, además, han considerado que la indemnización puede ser mucho mayor y pedirán un informe sobre la cuestión a la Sindicatura de Cuentas.
El conseller ha afirmado que en caso que los tribunales obligaran a la Generalitat a indemnizar a Acciona, el ejecutivo catalán abriría un nuevo proceso de alegaciones judiciales. Además, ha explicado que, en este caso, el Govern argumentará que no debe devolver todos los ingresos recibidos en concepto de cánon o intereses, ya que Acciona ha generado ganancias mientras ha gestionado ATLL. Y ha asegurado que el coste de rescindir el contrato al consorcio ganador “unilateralmente” sería mucho mayor.
Durante su primera intervención, Mas-Colell se ha limitado a leer el recurso que la Generalitat ha presentado ante el Tribunal Supremo tras la anulación de la adjudicación de ATLL por parte del TSJC. El conseller no ha ahorrado críticas hacia el tribunal, al que ha acusado de “extralimitarse” en sus funciones al anular todo el proceso de adjudicación de ATLL, la empresa pública que vende el agua a los suministradores y de la que dependen casi cinco millones de personas del área metropolitana de Barcelona.
Al contrario de la sentencia del TSJC, Mas-Colell ha opinado que la adjudicación, por la que competían Acciona y Acciona, no vulneró los principios de publicidad, concurrencia e igualdad. También ha acusado al de TSJC de “no permitir a la Generalitat ejecutar adecuadamente su derecho de defensa”. Asimismo, ha confiado en que el Supremo dará la razón a la Generalitat y que “todo acabará bien” para las finanzas catalanas.
La oposición, como cada vez que la privatización de ATLL se debate en el Parlament, ha aprovechado para cargar contra Mas-Colell. Marc Sanglas (ERC) y Jordi Terrades (PSC) han coincidido en señalar que la adjudicación fue una “chapuza”. El popular Santi Rodríguez ha optado por definirla como una “chapuza”. Toda la oposición ha recriminado al conseller que el fracaso de ATLL no haya derivado en consecuencias políticas. Mas-Colell ha respondido asegurando que se trata de una cuestión “100% jurídica”.
Como viene siendo constante durante estos dos años de 'guerra del agua' entre Acciona y Agbar, Mas-Colell ha defendido la labor de la Generalitat y ha evitado la autocrítica: “No consideramos que hacer una concesión sea pecado”, ha sintetizado. E incluso ha defendido que los litigios judiciales son habituales en las grandes privatizaciones.
El más crítico con el Govern ha sido Salvador Milà, de ICV-EUiA, que ha pronosticado que la indemnización será mucho mayor debido a una cláusula incluida en el contrato que la Generalitat firmó con Acciona, algo que Mas-Colell ha negado. “El pueblo de Catalunya tendrá que acabar pagando millones y millones de euros”, ha sentenciado Milà. El grupo de ICV-EUiA y el PSC pedirán en el próximo pleno (el último de la legislatura) que la Sindicatura de Cuentas elabore un informe sobre la cuestión.
El conseller de territorio, Santi Vila, debía acompañar a Mas-Colell en las explicaciones ante la cámara catalana, pero no ha acudido al Parlament por motivos de agenda.
BCN World: “O hay una inversión muy importante o no habrá proyecto”
En la primera parte de la comisión, la diputada de ICV-EUiA Hortènsia Grau ha lanzado una batería de preguntas a Mas-Colell sobre el macroproyecto de turismo y casinos BCN World. El conseller ha respondido que la Generalitat quiere seguir adelante con el proyecto, y ha sentenciado: “O hay una inversión muy importante o no habrá nada”. Las previsiones de la Generalitat pasan por aprobar el Plan Director Urbanístico (PDU) del proyecto este mes de julio, y después conceder de forma definitiva las licencias de juego a los operadores interesados en el proyecto. Grau ha mostrado su temor en que el proyecto acabe resultando en el traslado del casino de Tarragona a los terrenos de BCN World para beneficiarse de la rebaja fiscal a los casinos aprobada por el Parlament. “Al final tendremos un hotelito, un casino y cuatro tiendas, y habrá una operación de especulación urbanística sobre unos terrenos que La Caixa tenía y que difícilmente podía colocar”, ha dicho Grau. El conseller ha replicado de forma tajante: “O habrá una inversión muy considerable o no habrá proyecto. Esto no consistirá en cambiar un casino para ponerlo en otro sitio”.