Narcís Serra coge a partir de este jueves el testigo a Rodrigo Rato como exvicepresidente del Gobierno que se sienta en el banquillo de los acusados por los desmanes de las cajas de ahorros. En este caso, made in CatalunyaCaixa. El que fuera número dos del Gobierno de Felipe González entre 1991 y 1995 y exministro de Defensa se enfrenta a cuatro años de cárcel por aprobar el aumento de retribuciones del exdirector general de la entidad, Adolf Todó, que afronta la misma posible pena que Serra, y su adjunto, Jaume Masana, que no está acusado. Todo ello mientras la caja se hundía y recibía los primeros 1.250 millones de euros en ayudas públicas.
La Fiscalía Anticorrupción considera que cada uno de los dos acuerdos por los que se aprobaron los sobresueldos supone un delito de administración desleal. De ahí que pida dos años de cárcel para los 24 directivos que sólo participaron en el consejo de administración de octubre de 2010, y cuatro para los que también asistieron al de enero del mismo año, como Serra, expresidente CatalunyaCaixa, y Todó.
El ministerio público solicita además que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con un mínimo de 2,56 millones de euros. La CUP, que ejerce la acusación popular, pide también cuatro años de prisión para ambos exdirectivos por un delito continuado de administración desleal y tres años para el resto.
El quid de la cuestión está en si los dos acuerdos del consejo de administración de la caja que dieron el visto bueno al aumento de retribuciones a Todó y Masana pueden considerarse delictivos. El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado no tiene dudas: “Con evidente abuso del cargo, los directivos utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia pública en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad”. Por contra, las defensas consideran que la aprobación de los sobresueldos no causó “directamente un perjuicio económico evaluable”.
Los acuerdos por los que el consejo de administración de la caja aprobó el aumento de remuneraciones tuvieron lugar el 19 de enero y el 13 de octubre de 2010, cuando la entidad se veía inmersa en un primer rescate público de 1.250 millones de euros y un ERE en el que se despidieron 1.300 empleados. En total, las ayudas públicas a Catalunya Caixa ascendieron a 12.052 millones solo dos años después. El BBVA terminó comprando la entidad en 2014.
Con el primer acuerdo bajo lupa del fiscal se aprobó aumentar el salario fijo y variable anual de Todó del 35 al 50% y del exconsejero delegado, Jaume Massana, del 35 al 45%. Nueve meses después, se aprobó la subida salarial para el año 2011, y el sueldo de Todó pasó de 800.481 a 812.501 euros, y el de Massana de 598.428 a 610.201 euros. El fiscal eleva el perjuicio económico de Todó a 1,45 millones de euros y el de Massana a 1,16 millones.
En total, detalla el fiscal, Todó experimentó incremento de su salario fijo en tres años de 212.000 euros, y en cuanto a su retribución variable, se subió del 35% fijado en su contrato al 50% del salario fijo. Por su lado, Masana aumentó su retribución variable del 35% al 45% del salario fijo. Además, cuando la entidad ya había sido rescatada con dinero público, el consejo de administración aprobó subir el sueldo a todo el comité de dirección para el año 2011.
Segundo vicepresidente en el banquillo
La Justicia es lenta pero imparable, incluso para los exvicepresidentes del Gobierno enredados en el saqueo de las cajas. Serra se sentará en el banquillo de los acusados un día después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena a Rodrigo Rato –exnúmero dos del Gobierno conservador de José María Aznar.
Bankia, heredera de Caja Madrid, y CatalunyaCaixa, que agrupó a Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, fueron las dos entidades que más ayudas públicas recibieron: 22.242 millones la primera y 12.052 la segunda. No obstante, los posteriores procesos de venta hicieron que, según el Tribunal de Cuentas, el rescate a las cajas catalanas costara más al contribuyente que el de Bankia.
La causa de los sobresueldos se abrió en 2013 a partir de una denuncia de la Fiscalía y llega a juicio cinco años después. De seguirse el guion previsto por la sección 8 de la Audiencia de Barcelona, Serra y Todó declararán el próximo jueves once de octubre. Este jueves y el viernes se dirimirán las cuestiones previas, en las que previsiblemente, como suele suceder en los juicios largos, los acusados pedirán no tener que asistir a todas las sesiones del juicio.
Las declaraciones de los 41 acusados están fijadas entre el 11 y el 30 de octubre; a partir del 6 de noviembre comparecerán los testigos y diez días después lo harán los peritos del Banco de España. El plan es que el 30 de noviembre el juicio quede visto para sentencia. Por entonces Serra también esperará el desenlace de la instrucción en la Audiencia Nacional de otra causa relacionada con CatalunyaCaixa, la de los fracasos inmobiliarios de la entidad, que ha quedado sensiblemente reducida respecto a la denuncia inicial de la Fiscalía.