El juicio a los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament en la pasada legislatura –Lluis Corominas, Ramona Barrufet y Lluis Guinó (PDeCAT) y Anna Simó (ERC)- y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya ha quedado este viernes visto para sentencia. La sesión ha servido para que las partes reivindicasen sus peticiones al tribunal: la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox solicitan 20 meses de inhabilitación por desobediencia, mientras que las defensas reclaman la libre absolución.
En la última sesión del juicio, el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya, Pedro Ariche, ha negado que exista una “causa general” contra el independentismo y ha asegurado que los compañeros soberanistas de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament y Boya llevaron la desobediencia “al extremo” en su vía unilateral en 2017 para romper con la legalidad. Ha insistido en que los acusados no estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria –ya que no es “ilimitada”–, y ha remarcado que tenían la obligación de cumplir los mandatos del Tribunal Constitucional para impedir la tramitación de las leyes del procés.
Según Ariche, el programa electoral de JxSí para las elecciones del 27 de septiembre de 2015 contenía “aspiraciones legítimas” de los independentistas, aunque introducía una frase “inquietante”, al considerar que el Gobierno -entonces con Mariano Rajoy al frente- cerraba “cualquier vía al diálogo” al condicionarlo al respeto al marco legal. Según el fiscal, fueron los acusados los que “renunciaron al diálogo en favor de la unilateralidad, en favor de la ruptura de la legalidad, estatal y de Catalunya”.
“Anunciaron su desobediencia y ejecutaron la desobediencia, y la llevaron hasta el extremo final”, ha denunciado Ariche, que ha precisado que en la vista del TSJC “no se juzga al independentismo” ni al poder legislativo, sino al “concierto de voluntades” de los acusados para desoír al TC sobre las leyes del procés. El fiscal ve “sesgada” y “equivocada” la versión de los acusados de la Mesa de que no podían entrar en el contenido de las iniciativas y sólo podían analizar los requisitos formales, porque entiende, como testificaron los letrados de la cámara, que cuando una iniciativa es “palmariamente inconstitucional”, la deben vetar.
La abogada del estado Beatriz Vizcaíno se ha adherido al informe del fiscal y ha sostenido que “nadie está obligado a cumplir una orden que implique la comisión de un delito”, por lo que, según su razonamiento, los acusados no estaban obligados a tramitar las leyes soberanistas del 6 y 7 de septiembre, tal y como alegan los políticos. Por último, el abogado de Vox, Juan Cremades, ha señalado a los acusados por ​“facultar” con sus votos “un entramado legal paralelo al ordenamiento constitucional que servir de apoyo a la Generalitat para llevar a cabo una estrategia de ruptura con el Estado”.
Las defensas de los investigados han reiterado en sus informes finales las apelaciones a que los exdiputados actuaron amparados por la inviolabilidad parlamentaria, una cuestión que el Supremo ya descartó, por lo que casi con total seguridad no será acogida por el TSJC. La abogada Judit Gené, defensora Corominas, Guinó y Barrufet, ha apuntado a que el juicio a los exmiembros de la Mesa puede llegar a vulnerar la separación de poderes, ya que es “incongruente” que se puedan votar libremente iniciativas parlamentarias independentistas –aunque luego sean suspendidas– y a la vez perseguir penalmente a los diputados que las facilitan.
“Este juicio se circunscribe a si la actividad parlamentaria se puede censurar y limitar previamente”, ha planteado el abogado de Simó, Raimon Tomàs, mientras que el letrado de Boya, Carles Lòpez, ha proclamado que “no se está juzgando una desobediencia sino unas ideas políticas”.
En su último turno de palabra, Boya ha cargado duramente contra el tribunal. “No se imparte Justicia en esta sala”, ha lanzado, para acabar su discurso con un “'visca la terra'”. Más matizada ha sido la crítica del resto de acusados. “Se me acusa de hacer una cosa que hasta entonces no había pedido el Constitucional: limitar el derecho a la iniciativa parlamentaria”, ha sostenido Corominas. “La voluntad de escarmiento empequeñece el estado de derecho y las garantías democráticas”, ha advertido Simó. “La política debe volver a la política”, ha pedido Guinó, mientras que Barrufet ha agradecido al tribunal y a las partes el “buen tono” durante la vista.