Cantabria eleva las ayudas al alquiler de vivienda hasta 350 euros, que pueden llegar a 420 para menores de 35 años

El Gobierno de Cantabria ha comenzado el año incrementando las ayudas al alquiler y ampliando los incentivos para que las constructoras se incorporen a la construcción de vivienda de protección oficial (VPO). El Consejo de Gobierno acaba de aprobar un decreto regulador por el que las ayudas al alquiler se elevarán hasta los 350 euros, que en el caso de los jóvenes de municipios de hasta 10.000 habitantes podrán alcanzar los 420 euros mensuales. Asimismo, ha elevado el precio del módulo de la VPO para hacerla más atractiva a la iniciativa privada.

El consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), ha dado cuenta este jueves de los cambios en el régimen de ayudas e incentivos. El Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha introducido modificaciones que elevarán el número de beneficiarios en las ayudas al alquiler, dado que una vez se publique el decreto en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), podrán acogerse los inquilinos con contratos de hasta 700 euros, incrementando el porcentaje a que se tendrá derecho sobre dicho precio. En el caso de las ayudas a menores de 35 años, se ha ampliado el abanico de municipios por lo que los ciudadanos de localidades de hasta 10.000 habitantes podrán pedirlas, incrementándose los baremos sobre los que se calcula la ayuda.

Actualmente, solo pueden beneficiarse de ayudas al alquiler quienes tengan contratos de arrendamiento de hasta un máximo de 500 euros. Media ha dicho que el decreto elevará el límite a 700 euros, adecuando así las ayudas a la situación real del mercado, aunque no descarta una nueva revisión futura, ya que los alquileres están incrementando sus precios mes a mes.

Aparte de este límite del contrato, los beneficiarios deberán de cumplir otros requisitos y todos los actuales deberán renovar su solicitud de ayuda para que se actualice su situación, rellenando un nuevo formulario que podrán registrar presencialmente o a través del registro electrónico del Gobierno de Cantabria.

Incrementos

De esta forma, tras las modificaciones anunciadas por el Gobierno de Cantabria, sube el porcentaje de ayuda sobre el precio del contrato del 40% al 50%. Además, si actualmente se pagaban 200 euros al mes como máximo, ahora la ayuda puede alcanzar los 350 euros al mes.

Las ayudas también se han incrementado para determinados colectivos sensibles, como personas sin hogar o víctimas de violencia de género, que podrán recibir hasta el 100% de la renta no solo por una vivienda, sino también por una habitación o gasto en pensión, entre otros casos excepcionales, sobre un tope siempre de 700 euros. Así, aumenta el porcentaje de la ayuda del 60% al 100% de la renta, que podrán recibir ayudas de hasta 700 euros al mes durante cinco años.

Caso aparte merecen los menores de 35 años. Hasta ahora, las ayudas a jóvenes para afrontar el reto demográfico se circunscribían a municipios de hasta 5.000 habitantes. El nuevo decreto eleva el listón hasta los 10.000 habitantes, por lo que la medida alcanzará a casi toda Cantabria, con excepción de las ciudades más grandes. En este caso, y para contratos de alquiler con tope de 700 euros, se subvencionará el 60%, es decir, 420 euros al mes, y durante cinco años.

Mención aparte merece el cambio de ayudas a la compraventa a este colectivo joven y en los municipios de hasta 10.000 habitantes. Este año, la partida para financiar la compra de vivienda se eleva a 900.000 euros, 300.000 más que en 2024, y es ampliable en caso de necesidad. Los compradores jóvenes recibirán a fondo perdido una ayuda directa que no podrá superar los 10.800 euros y que consistirá en el 20% de un precio de compra de vivienda que no puede superar los 120.000 euros.

Construcción de VPO

Por otra parte, es la segunda vez, desde enero 2024, que se eleva el precio del módulo de vivienda VPO con el fin de incentivar a los constructores, los cuales hacía una década que no estaban interesados en promover este tipo de pisos al no serles rentables, según el consejero. “El precio estaba desfasado y construir VPO era una ruina para los promotores. Había un desfase del 28% entre el precio y la evolución de los costes materiales y mano de obra”, ha defendido Media.

“En los últimos 10 años, no se ha puesto ninguna VPO en el mercado desde en el ámbito privado, lo que conlleva una enorme escasez. Las administraciones públicas necesitan la colaboración de la iniciativa privada, y por ello, se ha vuelto a modificar el módulo”, ha agregado el máximo responsable de la política de vivienda en Cantabria.

La primera subida se tradujo, en Bezana, en la construcción de 48 VPO privadas, pero el Gobierno quiere más, quiere “cientos”, según ha dicho el consejero. Por ello, se ha cambiado la delimitación de las tres áreas geográficas en el que se aplicaban los módulos (Santander-Castro, Costa y Cantabria interior) para que se incorporen más municipios, dada la demanda de estos, y, por lo tanto, acogiéndose a los precios de módulos de cada sector.

En el área Santander-Castro Urdiales, se incorporan los municipios de Comillas, Suances, Torrelavega y Laredo. En este sector, el precio del módulo pasa de 1.171 a 1.901 euros el metro cuadrado útil. Al sector costero se incorporan más municipios y todos ellos suman 38. Algunos de los municipios son Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Ruiloba, Alfoz de Lloredo, Cabezón de la Sal, Reocín, Santillana del Mar, Cartes, Polanco, Villaescusa, Astillero, Camargo, Marina de Cudeyo, Entrambasagua, Ribamontán al Monte y Ribamontán del Mar, Bareyo, Meruelo, Noja, Escalante, Bárcena de Cicero, Voto, Ampuero, Limpias, Liendo, Campo de Enmedio y Reinosa, donde el módulo pasa de 1.257 euros a 1.788 euros. El resto de municipios se encuadrarán en una tercer área en donde el precio del módulo pasará de 1.548 a 1.625 euros por metros cuadrado.

Ante la pregunta de si este incremento de los precios conllevará un encarecimiento de la VPO, Media no lo ha ocultado, pero ha dicho que la alternativa es que no se construya nada como hasta ahora. Además, ha insistido, han sido los alcaldes quienes han pedido estas modificaciones. “¿Qué es mejor? Que haya 48 viviendas en Bezana o ninguna? Son precios asequibles y esperamos que haya varios cientos de ellas en los próximos años”, ha subrayado.

Cambiar el Código Penal

Además, el consejero se ha vuelto a mostrar contrario a la declaración de zonas tensionadas de vivienda, según se recoge en la Ley de Suelo estatal. Su Gobierno no es partidario porque, a su juicio, “es contraproducente, ya que salen del mercado el inmueble en alquiler y yo no quiero que un joven de Cantabria tenga los mismos problemas que un joven de Barcelona”.

Media se ha mostrado partidario de cambios legislativos de ámbito nacional y también del Código Penal. Aun reconociendo que el problema de la 'okupación' puede ser más psicológico que real en Cantabria, no por ello cree que haya que dejar de reformar el Código Penal aplicable a los que ocupan una vivienda de alquiler y dejan de pagarla.

“Hay que hacer reformas de calado a nivel nacional. Hay que cambiar Ley de Vivienda y el Código Penal. El problema de okupación no sé si es mucho o poco [en Cantabria], pero la gente percibe claramente ese problema y fue aprobarse la Ley de Vivienda y salir un 40% de viviendas del mercado del alquiler. La okupación es un problema real, también en Cantabria, pero es así como es percibido por los titulares de las más de 50.000 viviendas cerradas”, ha dicho, sin aportar más datos al respecto.

Bajos comerciales como vivienda

Además, Media ha comunicado que trece ayuntamientos de Cantabria han comunicado al Gobierno autonómico su intención de cederle locales en bajos para que el Ejecutivo los reconvierta en vivienda. Actualmente, hay bajos disponibles en Laredo y se está estudiando el caso de locales en Santander.

La intención de la Consejería de Vivienda es “sacarlos a precio del alquiler asequible”. “Facilitamos el arreglo de locales que se cedan a la empresa pública Gesvican para ponerlos a disposición de los ciudadanos”, ha ratificado.