Unas 300 personas toman una oficina de Endesa en Barcelona para denunciar los estragos de la pobreza energética
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca hace tiempo que alerta de que las familias que no pueden pagar la hipoteca también tienen dificultades para hacer frente a otros recibidos, como los de la luz, el agua y el gas. Por eso es uno de los colectivos que forma parte de la Alianza Contra la Pobreza Energética que se presentó en febrero y que ha ocupado este miércoles una oficina de Endesa en el centro de Barcelona para denunciar la situación de pobreza energética que sufren muchas familias, con cortes de suministro. La plataforma reivindica que “ninguna familia puede tener sed, pasar frío, ni vivir en la oscuridad”.
La Alianza, formada por diversas entidades sociales, como las asociaciones de vecinos o de consumidores, la PAH, los Iaioflautes o coordinadoras de parados y pensionistas, exige medidas para garantizar “que todas las familias que no puedan hacer frente a los recibos eléctricos tengan acceso a un mínimo del servicio para poder vivir con dignidad”. “Hay mucha indignación en este tema y coincidimos mucha gente en considerar que era un tema prioritario”, afirma Eloi Badia, de Ingenieros Sin Frontera y la plataforma Agua es Vida. Aseguran que en 2012 los cortes de electricidad afectaron a 1,4 millones de familias en España, 525.000 de los cuales, clientes de Endesa.
“Hemos decidido dejar de pagar los suministros para poder comer”, aseguran María y Fran, de Sant Adrià del Besós, que viven, ellos y sus tres hijos, con 427 euros al mes. Esta mañana, antes de la acción a Endesa, les han llegado más facturas pendientes. “Ya estamos hartos de dar galletas a los niños”, dice Fran. “El banco de alimentos nos da cosas pero no alimentos perecederos, no podemos dar ni fruta, ni carne, ni pescado a los niños”, explica Maria.
En algunos casos, la salud de las personas depende directamente del suministro eléctrico. “Si me quedo sin luz Endesa puede ser responsable de mi muerte súbita”, asegura Encarna. Su contundencia se debe a que necesita dormir con respiración asistida, bajo el riesgo de ahogarse si no la tiene.
Un decreto insuficiente
El Govern aprobó el pasado diciembre un decreto ley que establecía una “tregua energética” que instaba a las empresas proveedoras de suministros a no cortar la luz, el agua y el gas a las familias entre noviembre y marzo aunque no puedan pagarlo. El Parlamento ha aprobado recientemente una prórroga hasta el verano, pero aún así los afectados consideran la medida insuficiente, porque, aunque durante unos meses no les corten el suministro, acumulan la deuda.
“Me han dicho que no me cortarán la luz hasta marzo, pero que el 31 de marzo me la quitan, y encima tendré más recibos acumulados”, explica Encarna. “De momento llevo 400 euros acumulados, y no habrá manera de pagarlo, porque 400 euros es lo que ingreso en todo un mes. Es una ley incoherente”, añade. Lo que ha expresado en la reunión con representantes de Endesa que han tenido durante la ocupación es que “las compañías deben encontrar mecanismos para aquellas personas que no pueden pagar, y si la mayoría de lo que cobran son beneficios, que quizás en estos casos cobren sólo los gastos”.
A Rafa, de la Ametlla del Vallés, el decreto no le ha servido, aunque es diabético y necesita tener la insulina en la nevera. Explica que la compañía no le informó de que podía acogerse a este decreto y le cortó la luz el pasado febrero. “No nos avisaron, de repente vinieron y sacaron la instalación”, asegura. La factura que debía, según explica, no le había llegado. Para volver a tener electricidad tuvo que renovar la instalación, con un gasto de 800 euros, y le dijeron que tardaría 20 días en volver a tener luz, hasta que ocupó la oficina de Endesa con sus compañeros de la PAH de Mollet para lograr una solución rápida.
Negociación con la compañía
La ocupación tenía por objetivo lograr un encuentro con algún responsable de la compañía para establecer un protocolo de actuación en estos casos de vulnerabilidad, y después de una reunión con miembros del equipo de atención al cliente, han concretado una reunión de la Alianza con la directora comercial de Endesa por la mañana de este jueves.
“Su discurso es que no están haciendo nada que la ley no permita, pero la cuestión está en cuál es su modelo de empresa”, asegura Eloi Badia. “Nos han reconocido que no tienen ningún conocimiento de a quién le están sacando la electricidad, sólo saben que es gente que no paga”, añade. Endesa ha propuesto negociar los casos que denuncia la plataforma, pero Badia remarca que “hay medio millar de casos y hay que establecer un protocolo”.
