“Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la gestión pública de Aigües Ter-Llobregat (ATLL)”. Este es uno de los puntos del Compromiso por el Agua en Catalunya, el manifiesto que Aigua és Vida ha presentado este martes y que se han comprometido a intentar aplicar durante la próxima legislatura representantes de cuatro fuerzas políticas (PSC, Catalunya Sí que es Pot, CUP y ERC). Lo ha firmado ERC, pero no la candidatura que integran ahora: Junts pel Sí.
“Estoy aquí como Esquerra Republicana”, ha afirmado el secretario nacional de política territorial de ERC, Ricard Martínez, que ha detallado que la candidatura Junts Pel Sí, donde también participa CDC (el partido que ocupaba el Govern que privatizó ATLL), no ha tenido tiempo de planificar los mecanismos para responder a una demanda para firmar un documento de una plataforma de la sociedad civil, como por ejemplo Aigua és Vida. “No se han establecido las estructuras paralelas de los dos partidos [CDC y ERC] que se ponen de acuerdo en unas políticas, y que a partir de aquí se firma un documento”, explicó Martínez, que ha añadido que Junts pel Sí no puede asumir el documento presentado este martes “porque como Junts pel Sí no ha debatido el documento”.
Por otra parte, a pesar de firmar como ERC el Compromiso por el Agua, Martínez también ha reconocido que el programa de Junts pel Sí no especifica si el modelo de gestión del agua debe ser público o privado, pero ha matizado que incorpora un pacto nacional por el agua, una espacio para abordar, según Martínez, una política “diferente” en materia de agua, “ya sea por el cambio climático o por el cambio de marco jurídico respecto a la independencia”.
CiU arrastra la fracasada privatización de ATLL, la mayor de la historia de la Generalitat, desde hace casi tres años. Privatizada a finales del 2012, el consorcio ganador de ATLL, formado por Acciona, el banco de inversión BTG Pactual y las familias Rodés y Godia-Torreblanca, abonó ese año a la Generalitat cerca de 300 millones, que permitieron aliviar las finanzas públicas y reducir en medio punto el déficit de ese año. El volumen total de la operación ascendió a 1.000 millones. Agbar, el otro grupo que optaba a quedarse ATLL, decidió recurrir la adjudicación.
Adjudicación nula
El último revés judicial por la Generalitat se produjo a finales de junio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró nulo el concurso con el que se privatizó ATLL. El Govern tiene recurrida la sentencia al Tribunal Supremo. A lo largo de la legislatura, ERC ha salvado de la reprobación el consejero de Economía e ideólogo de la operación, Andreu-Mas Colell, cada vez que se ha debatido en la cámara.
Desde Aigua és Vida, Moisès Subirana ha reclamado que la Generalitat “deje de hacer el ridículo” y asuma la gestión de ATLL, y ha recordado que la organización apuesta por una Agencia Catalana del Agua (ACA) con una “fuerte” capacidad de regulación, “una línea que no se ha asumido en los últimos años”, ha agregado.
Los representantes del resto partidos que han firmado el manifiesto han puesto énfasis la importancia de que el agua vuelva a manos públicas. El cabeza de lista de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha defendido que la Generalitat debería “velar y promover” la gestión pública del agua. “ATLL es una verdadera estructura de Estado”, ha remachado Rabell. Por parte de la CUP, Lluc Peláez ha asegurado que una gestión sostenible del agua “no es posible mientras continúen los procesos de privatización”, y ha recordado que en Europa la gestión privada del agua no llega al 30%, mientras que en Catalunya roza el 70%. “Si todo el mundo considerara que el agua es un derecho de verdad, deberíamos coincidir en que los poderes públicos son los que deben satisfacer este derecho”, ha afirmado Xavier Sabaté, el representante del PSC en el acto de firma del documento.
Gestión transparente y no mercantilista
Aparte de devolver ATLL a manos públicas, el Compromiso por el Agua en Catalunya incluye cinco puntos para lograr una gestión del agua “pública, no mercantilista, democrática, transparente y participativa”, además de comprometida con el medio ambiente. Los partidos firmantes del manifiesto se han comprometido a actualizar la legislación catalana para que reconozca el derecho humano al agua y el saneamiento y a garantizar un suministro básico gratuito a todas las familias en situación de vulnerabilidad. En este sentido, el documento también incluye el compromiso para desarrollar las políticas derivadas de la aprobación de la ILP de vivienda y pobreza energética aprobada por el Parlament el pasado julio.
Los partidos firmantes se han comprometido a paralizar y suspender la cesión de depuradoras de la Agencia Catalana del Agua que dan servicio a Barcelona y los municipios de alrededor en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Además, también saldrán adelante un pacto nacional del agua que sea un espacio de encuentro entre sociedad y administraciones para sacar adelante las políticas de gestión del ciclo integral del agua y las cuencas fluviales del agua de Catalunya.